Rappi, PedidosYa, Didi y Uber en PBA: Kicillof ya acelera estos 10 cambios

El ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, detalló los alcances del proyecto de ley de regulación de los trabajadores y las trabajadoras de las plataformas digitales durante la conferencia de prensa habitual de los lunes en Gobernación, en la ciudad de La Plata. El titular de la cartera laboral anticipó que la iniciativa será enviada a la Legislatura de PBA de forma inmediata, una vez que la Cámara de Diputados concluya la conformación operativa de su comisión de Trabajo.

"Buscamos generar un piso de derechos para ellos", fundamentó Correa, quien remarcó el contraste directo de su agenda con las reformas nacionales al manifestar que "mientras el Gobierno nacional excluye a los empleados de las plataformas a través de la pseudo modernización laboral", la gestión de Kicillof busca mitigar la precariedad del sector.

El ministro precisó que "el proyecto cuenta con la participación activa de varios ministerios" debido a que la norma "tiene en cuenta la accidentología en la vía pública, el transporte, la nocturnidad, la seguridad, los seguros obligatorios que hoy no los tienen". El debate del texto será uno de los ejes centrales del Primer Congreso Bonaerense del Trabajo, programado para los días 28 y 29 de mayo en la ciudad de Mar del Plata, un espacio de articulación que contará con veinte comisiones de discusión entre sindicatos, cámaras empresariales y el sector académico.

Los 10 cambios para Rappi, PedidosYa, Didi y Uber en PBA que propone Kicillof

El texto técnico del proyecto denominado "Plan Integral y Registro de Trabajadores y Trabajadoras de Plataformas Digitales" que impulsa Axel Kicillof articula diez reformas obligatorias destinadas a reconfigurar la actividad de aplicaciones como Rappi, PedidosYa, Didi y Uber en la Provincia de Buenos Aires:

1. Canasta de beneficios y descuentos comerciales: a través de la aplicación oficial y en coordinación con el Banco de la Provincia de Buenos Aires, los repartidores y conductores registrados accederán de forma preferencial a descuentos en la compra de repuestos, lubricantes y elementos de seguridad vial.  
2. Apertura obligatoria de paradores y espacios físicos: el proyecto impone la instalación de paradores e infraestructura urbana que reúnan condiciones mínimas de higiene, áreas de descanso, provisión de agua potable y resguardo seguro para las herramientas de trabajo, articulando su despliegue con las administraciones municipales.  
3. Implementación de botones de emergencia en la vía pública: la plataforma digital de la provincia incorporará de forma explícita un "botón de pánico" para emitir alertas inmediatas a las fuerzas de seguridad y un "botón de emergencia en salud" destinado a despachar asistencia médica instantánea ante siniestros viales.  
4. Creación y desarrollo de una aplicación móvil estatal: la provincia diseñará una app oficial compatible con herramientas electrónicas masivas como Cuenta DNI, con el objetivo de facilitar la inscripción rápida de los prestadores y recopilar estadísticas basadas en datos reales y dinámicos.  
5. Fiscalización e inspección en las "tiendas invisibles": la cartera laboral reforzará las inspecciones presenciales en los centros de almacenamiento y distribución a puertas cerradas, aplicando un sistema de georreferenciación de puntos para garantizar condiciones dignas tanto a operarios internos como a repartidores.  
6. Transparencia algorítmica y rendición de datos por las empresas: las corporaciones tecnológicas tendrán la obligación legal de reportar a las autoridades la cantidad exacta de trabajadores activos, su situación contractual real, el promedio de horas de conexión y los niveles de ingresos medios percibidos en la aplicación.  
7. Puesta en marcha del Registro de Trabajadores: se estructurará una base de datos oficial bajo la órbita directa del Ministerio de Trabajo bonaerense, permitiendo un registro ágil a través de la app oficial para mejorar la planificación de las políticas públicas del Estado.  
8. Autoridad de aplicación y funcionamiento de la Mesa de Coordinación: el Ministerio de Trabajo ejercerá la conducción de una Mesa Interministerial permanente integrada por las carteras de Salud, Seguridad, Transporte y Gobierno, orientada a diseñar programas ajustados a las necesidades del rubro.  
9. Institucionalización del Plan Integral Transversal: fija un marco de acción coordinado entre las diversas agencias del Estado provincial para asegurar el acceso a la salud, la seguridad y los derechos laborales básicos, bajo un enfoque explícitamente no punitivo asentado en el acompañamiento institucional.  
10. Contratación de seguro obligatorio de accidentes personales: las plataformas digitales deberán contratar, a su exclusivo cargo financiero, una póliza de seguro de cobertura total que ampare los riesgos de muerte accidental, invalidez y asistencia médica o farmacéutica de los repartidores durante toda la jornada laboral y los trayectos de viaje.  

El apuntalamiento del diputado Hugo Moyano con un proyecto de alcance nacional

El avance del diseño normativo de la provincia de Buenos Aires se alinea en términos políticos con la presentación en el Congreso de la Nación de un proyecto de ley de idénticas características regulatorias, impulsado por el diputado nacional del bloque de Unión por la Patria, Hugo Moyano (hijo). El texto, que cuenta con el respaldo explícito de legisladores alineados con Kicillof como Jorge Taiana, Hugo Yasky, Juan Marino, Santiago Cafiero, Victoria Tolosa Paz y Sabrina Selva, busca estructurar un "Régimen especial de Trabajo dependiente prestado a través de plataformas" para frenar la informalidad laboral en todo el territorio del país.

La propuesta jurídica de Moyano establece una presunción legal del contrato de trabajo entre el repartidor y el administrador de la aplicación, independientemente de la denominación jurídica o formato contractual que utilicen las multinacionales para encubrir la relación de dependencia. El proyecto nacional exige transparencia total sobre los algoritmos, métricas y sistemas automatizados de toma de decisiones que rigen la asignación de tareas o la aplicación de bloqueos y suspensiones de cuentas, otorgando al trabajador el derecho a recibir justificaciones por escrito y revisiones humanas de las medidas algorítmicas. Asimismo, la norma fija una remuneración mínima garantizada equivalente al valor hora del convenio colectivo aplicable o, en su defecto, al Salario Mínimo, Vital y Móvil para los trabajadores jornalizados.

El fallo de la Suprema Corte bonaerense contra Rappi y Repartos Ya

El andamiaje político y legal del oficialismo provincial recibió un respaldo jurídico de máxima jerarquía institucional por parte de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. El tribunal provincial rechazó de forma unánime los recursos extraordinarios interpuestos por las firmas multinacionales Rappi Argentina y Repartos YA S.A. (PedidosYa), convalidando de manera definitiva las sanciones pecuniarias e infracciones laborales que el Ministerio de Trabajo bonaerense les impuso tras una serie de auditorías técnicas.

La Suprema Corte bonaerense determinó en su sentencia que los repartidores de aplicaciones operan bajo una relación de dependencia laboral encubierta y descartó los argumentos corporativos de las empresas, que alegaban un esquema de autonomía y de locación de servicios comerciales libres. Con este fallo, la Justicia ratificó el pleno "poder de policía" del Estado bonaerense para verificar el cumplimiento de las leyes de seguridad social, ordenando a Rappi el pago inmediato de una multa superior a los 16 millones de pesos, mientras que para el caso de Repartos Ya dispuso la conformación de una nueva instancia judicial para revisar detalladamente ocho situaciones de registración laboral observadas.

La radiografía laboral de los repartidores

La urgencia reguladora del gobierno provincial se hamaca sobre un escenario social complejo, marcado por el incremento de la desocupación en el cuarto trimestre de 2025, que trepó al 7,5%, el indicador más elevado para ese período específico desde el año 2020. Ante la falta de registros públicos fehacientes, estimaciones privadas del sector recopiladas por Chequeado calculan que el universo de trabajadores bajo plataformas digitales en la Argentina supera el millón de personas, distribuidos en unos 200.000 repartidores de delivery y cerca de 900.000 choferes de movilidad urbana.

 

 

 

 

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Belén d’Ambrosio, secretaria adjunta del Sindicato de Base de Trabajadores por Aplicación (SiTraRepA), reportó que las aplicaciones crecieron de forma exponencial como una alternativa de supervivencia, con incrementos del 30% en conductores de Cabify y del 38% en repartidores de Rappi durante el último año.

Los datos materiales del sector exponen el nivel de esfuerzo necesario para cubrir las necesidades de la canasta básica familiar:

• Un repartidor percibió en promedio una suma bruta de 3.033 pesos por cada pedido entregado de forma efectiva a fines de 2025.
• Según el Coeficiente de Alcance de Pedido Promedio de la Fundación Encuentro, un trabajador necesitó completar un piso de 454 pedidos mensuales únicamente para financiar gastos de subsistencia, desglosados en 244 envíos para pagar un alquiler promedio, 170 para la crianza de un hijo, 11 para cubrir el salario mínimo y 12 para abonar el monotributo.
• Una investigación elaborada por el Conicet y un consorcio de ocho universidades nacionales determinó que más del 60% de los conductores de movilidad utilizan las aplicaciones de forma simultánea con otro empleo formal, cumpliendo jornadas de 7,5 horas diarias durante un promedio de 5 a 7 días semanales.

La reforma laboral del Senado y el amparo en el régimen de monotributistas

Las iniciativas legislativas de la provincia de Buenos Aires se configuran como la antítesis del proyecto de reforma laboral debatido en el Senado de la Nación, el cual busca regular la actividad de los repartidores y choferes de aplicaciones excluyéndolos de forma taxativa de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT). La propuesta oficial de la Casa Rosada cataloga a los trabajadores de plataformas como prestadores comerciales e independientes, obligándolos a inscribirse ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y a realizar sus aportes previsionales y de seguridad social bajo el régimen de monotributistas.

El abogado y presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados y Abogadas Laboralistas, Matías Cremonte, cuestionó la propuesta nacional calificándola como una reforma regresiva: "Si los quieren excluir expresamente es porque ahora -con el marco normativo actual- están incluidos, es decir, son trabajadores y tienen derechos laborales". En una postura opuesta, Virginia Giordano, coordinadora de investigaciones de IDESA, defendió la flexibilización de la reforma argumentando que el rubro no encaja en el molde clásico de empleo de fábrica y ponderó la seguridad jurídica del modelo de Estados Unidos, donde el 80% de los conductores de Uber utiliza la app únicamente como un complemento flexible a tiempo parcial.

La historia de las iniciativas truncas de Omar Plaini y María Rosa Martínez

La postulación de un marco regulatorio para las apps de delivery registra un complejo historial de debates frustrados en las cámaras legislativas provinciales y nacionales. En abril de 2022, el entonces senador provincial del peronismo y líder del Sindicato de Canillitas, Omar Plaini, ingresó un proyecto de ley para estructurar el "Registro Provincial Único y Obligatorio para Trabajadores de Plataformas en Aplicaciones", exigiendo una inscripción anualizada para expedir certificados habilitantes de trabajo. Si bien la bancada oficialista logró aprobar la iniciativa en el Senado bonaerense el 27 de octubre de 2022, el texto encalló al ingresar a la Cámara de Diputados bonaerense.

En abril de 2023, una serie de masivas protestas callejeras de repartidores en los portones de la Legislatura bonaerense denunciaron intenciones de sindicalización forzada en el sector, bloqueando el avance en las comisiones técnicas. El revuelo político derivó en una intervención directa del entonces ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, quien ordenó cajonear y posponer el tratamiento parlamentario tras recibir alertas de los fondos de inversión internacionales que operan detrás de compañías como Rappi y PedidosYa (Blackrock), sumado a la posterior luz roja de la CGT nacional.

En mayo de ese mismo año, la entonces diputada nacional María Rosa Martínez intentó replicar el proyecto de Plaini en el Congreso nacional con el aval de la ministra de Trabajo de Alberto Fernández, Raquel "Kelly" Olmos, pero la derrota del oficialismo en las PASO de agosto terminó por sepultar la iniciativa en los despachos nacionales.

Los antecedentes de diálogo sectorial durante el invierno de 2024

El único antecedente de reactivación de la agenda de control de las plataformas digitales previo al anuncio de la fecha ocurrió a mediados del año 2024. En el mes de junio de ese año, se registraron versiones operativas sobre un intento de reabrir los canales de negociación técnica a partir de una reunión reservada mantenida en las dependencias estatales.

De aquel encuentro formal participaron el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, junto a su par de la cartera de Desarrollo de la Comunidad, Andrés "Cuervo" Larroque, quienes recibieron a delegaciones de repartidores de delivery de la provincia. A pesar del hermetismo político que rodeó a las conversaciones de ese invierno y de que ninguna de las propuestas avanzó de manera formal en las semanas posteriores, el cónclave sentó las bases institucionales que el kicillofismo retomó de forma definitiva el Plan Integral oficializado este lunes.

TM