Un grupo de senadores de La Libertad Avanza presentó en el Senado un nuevo proyecto de ley de biocombustibles, que propone modificar el esquema regulatorio vigente para el sector y avanzar hacia un modelo con mayor desregulación del mercado, incremento de las mezclas obligatorias y desarrollo de nuevos combustibles vinculados a la transición energética.
La iniciativa fue firmada por siete legisladores oficialistas, entre ellos Patricia Bullrich, y busca reemplazar el actual régimen por un sistema que según el texto, permita “impulsar la transición del sector de biocombustibles hacia un mercado dinámico, eficiente, desregulado y libre, a fin de fomentar los acuerdos entre privados”.
El proyecto establece un nuevo marco regulatorio para “las actividades de elaboración, almacenaje, comercialización, mezcla y autoconsumo de biocombustibles en el territorio nacional, con una vigencia de 15 años contados a partir de su aprobación”.
Entre los principales cambios, la propuesta eleva el porcentaje obligatorio de mezcla de biocombustibles con combustibles fósiles. En el caso del biodiésel, el corte pasaría del 7,5% actual al 10% en el plazo de un año desde la entrada en vigencia de la ley. Para el bioetanol, el incremento sería del 12% al 15% en el mismo plazo.
La iniciativa también faculta a la Secretaría de Energía a modificar esos porcentajes “en función de asegurar el abastecimiento de la demanda ante situaciones que afecten el mercado interno o por cuestiones técnicas y/o de calidad”.
Además, el texto incorpora por primera vez en la legislación argentina la figura de los vehículos “flex fuel”, habilitando la circulación de automóviles capaces de funcionar con diferentes proporciones de combustibles líquidos y biocombustibles. La propuesta toma como referencia modelos implementados en países como Brasil.
El proyecto también promueve la creación de un sistema electrónico de comercialización de biocombustibles destinado, según el proyecto de los libertarios, “a ordenar las operaciones entre productores y mezcladores” y “sustituir progresivamente esquemas administrativos poco flexibles”.
Desde agosto de 2021, la Ley 27.640 establece el marco regulatorio para la elaboración, mezcla y comercialización de biocombustibles en Argentina hasta el 31 de diciembre de 2030. Se trata de una normativa muy resistida, al establecer un tope para el corte en naftas y gasoil y en la actualidad, existen distintos proyectos que buscan modificar o eliminar esta le.
El presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC), Gustavo Idígoras, reclamó por la eliminación de la Ley 27.640, que en la actualidad reglamenta la producción de biocombustibles en Argentina.
El directivo apeló a una metáfora futbolera para graficar la situación y advirtió sobre el cierre de una planta elaboradora de biodiésel en la localidad santafesina de General Lagos. De este modo, consideró que esta situación es como "tener a Messi en el banco de suplente y no ponerlo ningún partido del Mundial".
Idígoras reflexiónó que "estamos en el corazón agroindustrial de la Argentina en la zona de Rosario, en una de las plantas más grandes del mundo de biodiésel, totalmente cerrada. ¿Por qué está cerrada? Primero porque Europa nos ha puesto medidas paraarancelarias, pero sobre todo porque tenemos una ley en Argentina que prohíbe comercializar biodiésel de alta calidad a bajo precio".