Los diputados nacionales Natalia Zaracho e Itai Hagman, ambos integrantes del espacio político referenciado en Juan Grabois, presentaron un proyecto de ley que propone una reforma integral del régimen de licencias parentales en Argentina.
La iniciativa busca extender derechos laborales vinculados al cuidado y, principalmente, incorporar por primera vez un sistema específico para trabajadores informales, cooperativistas, autónomos y de la economía popular.
La propuesta modifica distintos regímenes laborales vigentes, incluyendo la Ley de Contrato de Trabajo, el régimen de Casas Particulares, el trabajo agrario y la Administración Pública Nacional. Además, incorpora nuevas prestaciones dentro del sistema de asignaciones familiares y crea un esquema de cobertura para sectores históricamente excluidos de las licencias por nacimiento o adopción.
Según los fundamentos de la iniciativa, el objetivo central es promover la “corresponsabilidad parental” en las tareas de cuidado, reducir desigualdades de género y ampliar el acceso a derechos laborales. Los autores sostienen que el sistema actual deja afuera a millones de trabajadores informales y de la economía popular, que no cuentan con licencias ni ingresos protegidos durante el embarazo, el nacimiento o la adopción.
El texto plantea que las tareas de cuidado continúan recayendo principalmente sobre las mujeres y que eso impacta en su inserción laboral, sus ingresos y su permanencia en el mercado de trabajo. Por eso, propone ampliar las licencias tanto para personas gestantes como no gestantes y extenderlas a nuevas formas de empleo.
Uno de los cambios más importantes es la ampliación de las licencias para trabajadores registrados.
Para personas gestantes, el proyecto establece:
Además, incorpora extensiones especiales:
En paralelo, el proyecto introduce un cambio de fuerte impacto: una licencia de 90 días corridos para la persona no gestante, algo muy superior al régimen actual vigente en Argentina. Esa licencia podría utilizarse desde 45 días antes de la fecha probable de parto y hasta los 12 meses posteriores al nacimiento.
La iniciativa también contempla licencias por adopción, fallecimiento de uno de los progenitores y distintos tipos de conformaciones familiares.

El aspecto más novedoso del proyecto aparece en el capítulo destinado a trabajadores informales, cooperativistas, autónomos y de la economía popular.
La propuesta crea un régimen especial de licencias parentales para:
En estos casos, tanto las personas gestantes como las no gestantes podrían acceder a licencias similares a las previstas para trabajadores formales.
Además, el proyecto establece que durante ese período las personas alcanzadas cobrarían un ingreso equivalente al Salario Mínimo, Vital y Móvil, financiado por la ANSES.
Ese punto representa uno de los principales cambios respecto del esquema actual, ya que hoy gran parte de esos trabajadores no tienen cobertura salarial ante nacimientos o adopciones.
El proyecto también introduce modificaciones específicas para el régimen de personal de casas particulares, uno de los sectores con mayor nivel de informalidad laboral en el país.
La iniciativa amplía las licencias para personas gestantes y crea una licencia de 90 días para personas no gestantes dentro del sector.
Además, garantiza estabilidad laboral durante el embarazo, extiende derechos vinculados a la adopción, contempla casos de nacimientos múltiples o discapacidad y reconoce el derecho a conservar el empleo durante las licencias.
El texto también incorpora la obligación de preservar el puesto de trabajo desde el momento en que se notifica el embarazo o el inicio de trámites de adopción.
En los fundamentos, Zaracho y Hagman sostienen que realizaron estimaciones sobre el costo fiscal de la medida. Según el cálculo incluido en el proyecto, la implementación total representaría aproximadamente un 0,17% del PBI.