¿Menos sellos en las góndolas? Por qué quieren derogar la Ley de Etiquetado

La diputada nacional Daiana Fernández Molero, del PRO, y el legislador de LLA Alejandro Bongiovanni presentaron un proyecto de ley para derogar completamente la Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos, vigente en Argentina desde 2021.

La iniciativa propone eliminar la Ley 27.642 y todas sus normas complementarias, al considerar que el sistema actual “confunde al consumidor”, “desincentiva la reformulación de productos” y “genera obstáculos al comercio y la inversión”.

Además, el proyecto insta al Poder Ejecutivo a avanzar hacia un esquema unificado de etiquetado nutricional dentro del Mercosur, con el objetivo de armonizar criterios entre los países del bloque.

Qué propone el proyecto

El texto es breve en su articulado, pero amplio en sus fundamentos técnicos y económicos.

La propuesta establece la derogación total de la Ley de Etiquetado Frontal y la invitación a provincias para que eliminen normativas adheridas. Además, pretende negociaciones en el Mercosur para crear un sistema regional armonizado.

Los autores sostienen que, a más de cuatro años de implementación, la norma no logró los objetivos que motivaron su sanción.

“La ley se creó para informar al consumidor y fomentar hábitos saludables, pero terminó generando distorsiones y nuevos problemas regulatorios”, argumentan en los fundamentos.

Por qué cuestionan el funcionamiento actual de la ley

Uno de los principales ejes del proyecto apunta contra el sistema técnico utilizado para determinar cuándo un alimento debe llevar sellos negros de advertencia.

Según Fernández Molero y Bongiovanni, Argentina adoptó el perfil nutricional de la Organización Panamericana de la Salud, basado en “umbrales móviles”. Esto implica que el cálculo no se hace sobre cantidades absolutas de azúcar, sodio o grasas, sino sobre el porcentaje que esos nutrientes representan respecto del total de calorías del producto.

Los autores sostienen que eso genera inconsistencias. Como ejemplo, mencionan que dos productos con la misma cantidad de azúcar pueden recibir tratamientos distintos dependiendo de la cantidad total de calorías que tenga cada uno.

En los fundamentos, explican que un producto con 5 gramos de azúcar puede no llevar sello si tiene muchas calorías totales, mientras que otro con exactamente el mismo azúcar sí recibe advertencia si tiene menos calorías.

Para los impulsores del proyecto, eso “distorsiona la información” y vuelve contradictoria la relación entre los octógonos del frente y la tabla nutricional del reverso del envase.

“Cuando casi todo tiene sello, el sello deja de advertir”

Otro de los cuestionamientos centrales es que el sistema argentino sería excesivamente restrictivo.

Los legisladores afirman que, como consecuencia de los criterios actuales, en 2023 el 85% de los productos envasados tenía al menos un sello de advertencia.

Según plantean, eso genera una “sobreabundancia de sellos” que termina quitándole utilidad al sistema. “Cuando casi todo lleva sello, el sello deja de advertir”, sostienen en el texto.

El proyecto también critica el tratamiento que la ley hace sobre los edulcorantes. En particular, señala que cualquier cantidad de edulcorante obliga a colocar la leyenda “contiene edulcorante”, sin distinguir proporciones o cantidades.

Según los autores, el criterio actual trata igual “una traza mínima que una cantidad relevante”, lo que consideran técnicamente incorrecto.

¿Quién paga ese costo? Fundamentalmente las PyMEs exportadoras. Las que tienen que adaptar su packaging a cada mercado.
Las grandes tienen más capacidad de absorberlo. Las chicas no. Es seguir engrosando el costo argentino. pic.twitter.com/9XOh1Qjc07

— Daiana Fernandez Molero (@daianamol) May 16, 2026

El argumento económico: comercio, costos e inversión

El proyecto también pone el foco en las consecuencias económicas y comerciales de la ley.

Fernández Molero y Bongiovanni sostienen que la coexistencia de distintos sistemas de etiquetado dentro del Mercosur genera costos adicionales para las empresas alimenticias.

Actualmente, cada país del bloque tiene criterios diferentes para advertencias nutricionales, lo que obliga a adaptar etiquetas, envases y hasta recetas dependiendo del destino de exportación.

Según el proyecto, eso afecta especialmente a las pequeñas y medianas empresas exportadoras, que muchas veces no pueden afrontar los costos de producir distintas versiones de un mismo alimento para cada mercado.

Los diputados también argumentan que la falta de armonización normativa reduce la competitividad regional y desalienta inversiones en Argentina.

Qué dicen sobre las modificaciones que hizo el Gobierno

En los fundamentos, los autores mencionan las modificaciones introducidas por el Gobierno nacional a fines de 2024 mediante disposiciones de la ANMAT.

Esos cambios flexibilizaron algunos criterios de aplicación de la ley, incluyendo:

• Nuevas reglas para calcular nutrientes añadidos.
• Cambios en restricciones publicitarias.
• Reducción de la franja etaria protegida de 18 a 16 años.

Sin embargo, Fernández Molero y Bongiovanni consideran que esas reformas “son insuficientes” porque no modifican el núcleo del problema: los umbrales utilizados por el sistema argentino.

Además, advierten que las disposiciones administrativas pueden ser modificadas fácilmente por futuros gobiernos, por lo que plantean que la única solución definitiva es la derogación legislativa.

El modelo que proponen mirar

En los fundamentos, el proyecto compara el sistema argentino con modelos aplicados en otros países.

Los autores destacan especialmente:

• El esquema de Brasil, basado en umbrales fijos.
• El modelo chileno, con implementación gradual y reformulación progresiva.
• Los sistemas de Australia y Nueva Zelanda, que ponderan nutrientes positivos y negativos.

También señalan que países como Chile, Brasil y Uruguay utilizan valores absolutos por cada 100 gramos o 100 mililitros, lo que —según sostienen— facilita la comparación entre productos y brinda información más clara al consumidor.

En tanto, el proyecto concluye con un planteo político y comercial: avanzar hacia un sistema único de etiquetado nutricional para todo el Mercosur.

Según los autores, mantener normas diferentes entre países encarece costos, dificulta exportaciones y fragmenta el mercado regional.

Por eso, proponen que Argentina abandone el esquema actual y participe de una negociación regional para construir un modelo común.

“La derogación es también un gesto de política exterior”, afirman en el documento, al sostener que el país debe mostrar disposición para consensuar estándares con el resto de los socios del bloque.