Discapacidad: qué significa el ultimátum de 72 horas de la Justicia al PAMI

El Juzgado Federal en lo Contencioso Administrativo N°2 de Córdoba ordenó al PAMI y al Ministerio de Salud de la Nación regularizar de manera urgente los pagos adeudados a prestadores y centros vinculados a la atención de personas con discapacidad, en medio de una fuerte crisis denunciada por instituciones, profesionales y familias de todo el país.

La medida fue dictada por el juez federal Hugo Vaca Narvaja, quien hizo lugar a un amparo colectivo presentado por organizaciones sociales, asociaciones de familiares y centros terapéuticos que alertaron sobre el riesgo de interrupción de tratamientos y prestaciones esenciales.

El fallo establece que el Estado debe “normalizar de inmediato” los pagos vinculados a discapacidad y fija un plazo máximo de 72 horas para comenzar a regularizar la situación. La cautelar tendrá vigencia durante seis meses o hasta que exista una sentencia definitiva sobre el fondo de la causa.

El reclamo contra PAMI e Incluir Salud

La resolución judicial alcanza tanto al PAMI como al programa Incluir Salud, dependiente del Ministerio de Salud, dos de los principales organismos responsables de financiar prestaciones para personas con discapacidad.

La causa se originó a partir de denuncias por atrasos reiterados en pagos, falta de cobertura y demoras administrativas que, según prestadores y familias, vienen agravándose desde hace meses.

Entre las entidades que impulsaron el reclamo aparecen organizaciones como Apadim, el Pequeño Cottolengo Don Orione y distintos centros terapéuticos cordobeses que aseguran atravesar una situación financiera crítica.

La presentación judicial fue encabezada por la abogada Marta Lastra, en representación del colectivo Defendamos Córdoba y de diversas instituciones vinculadas al sector.

Qué dice el fallo del juez Vaca Narvaja

En su resolución, Vaca Narvaja advirtió que las “demoras crónicas” y los problemas en la entrega de medicamentos representan un “riesgo inminente” para las personas que dependen de tratamientos y prestaciones de discapacidad.

El magistrado sostuvo que tanto el PAMI como el Ministerio de Salud tienen la obligación constitucional y legal de garantizar el acceso a la salud y la asistencia integral de las personas con discapacidad.

Además, remarcó que el Estado “no puede evadir o dilatar” responsabilidades vinculadas a sectores vulnerables y advirtió que la falta de pago pone en peligro la continuidad de servicios fundamentales.

El fallo también establece que, si no se cumple la orden judicial, podrían aplicarse sanciones económicas e incluso iniciarse acciones penales contra funcionarios responsables.

En paralelo, exige la presentación de informes detallados sobre:

• Pagos ya realizados.
• Deudas pendientes.
• Prestadores afectados.
• Cronogramas concretos de regularización.

El impacto sobre familias y centros terapéuticos

El conflicto por discapacidad viene escalando desde hace meses debido a las dificultades económicas que enfrentan hogares, centros de día, transportistas y prestadores terapéuticos.

Muchas instituciones denunciaron que debieron endeudarse para afrontar salarios, alquileres, aportes y gastos básicos de funcionamiento ante la falta de transferencias estatales.

En ese contexto, organizaciones del sector alertaron sobre cierres de servicios, suspensión de terapias y reducción de prestaciones.

El fallo judicial pone especial énfasis en el daño que puede provocar la interrupción de tratamientos, particularmente en niñas, niños y adultos con discapacidad que requieren asistencia continua.

Según sostuvo Vaca Narvaja, cuando se corta un tratamiento “se pierde todo el avance logrado con la intervención terapéutica”, además del esfuerzo realizado por familias y cuidadores para sostener esos procesos.

El trasfondo político y las críticas al Gobierno

La resolución llega en medio de fuertes cuestionamientos contra la gestión de Javier Milei y del ministro de Salud Mario Lugones por parte de organizaciones vinculadas a discapacidad.

Durante las últimas semanas hubo movilizaciones, protestas y reclamos públicos contra el ajuste en áreas sociales y sanitarias, particularmente por las demoras en pagos y la actualización de aranceles.

Desde el sector denuncian un “vaciamiento” del sistema de prestaciones, mientras que el Gobierno sostiene que los atrasos responden a un proceso de auditoría y reorganización administrativa.

Qué dijo el Gobierno en el informe de gestión

En el reciente informe de gestión presentado ante la Cámara de Diputados, el Gobierno reconoció demoras en pagos vinculados al programa Incluir Salud, aunque negó que exista una decisión de recortar cobertura.

Según explicó el Ministerio de Salud, los atrasos forman parte de un “reordenamiento estructural” destinado a corregir “desvíos acumulados”, mejorar controles y transparentar el sistema.

El Ejecutivo afirmó que se detectaron “circuitos administrativos fragmentados”, debilidades en auditorías y problemas de trazabilidad del gasto.

Además, informó que la deuda acumulada del programa Incluir Salud entre noviembre de 2025 y febrero de 2026 asciende a $69.559 millones y afecta a 770 prestadores. El Gobierno aseguró que comenzó una regularización progresiva de pagos.

En paralelo, el oficialismo buscó diferenciar la situación del PAMI, al señalar que el organismo “no adeuda pagos a prestadores del Sistema de Prestaciones Básicas”.

Qué puede pasar ahora

La medida cautelar tendrá vigencia durante seis meses mientras avanza el proceso judicial de fondo.

En ese período, el Estado deberá demostrar avances concretos en la regularización de pagos y garantizar la continuidad de tratamientos, medicamentos y prestaciones para personas con discapacidad.

El caso suma presión judicial y política sobre el Gobierno nacional en uno de los sectores más sensibles del sistema de salud y asistencia social.