Gustavo Valverde
20/05/2026 - Edición Nº1198
Política
Congreso
Contrainteligencia militar y SIDE: qué riesgos generan preocupación en Diputados
20/05/2026 | Desde el Gobierno indicaron que la reforma obedece a un contexto internacional atravesado por conflictos, amenazas híbridas y crecientes disputas estratégicas.
Carlos Presti, a cargo actualmente del Ministerio de Defensa.
El diputado nacional Pablo Juliano presentó un proyecto de declaración en la Cámara de Diputados para expresar “profunda preocupación institucional” por la Resolución 323/2026 del Ministerio de Defensa, una medida del Gobierno nacional que modifica el Sistema de Inteligencia de Defensa (SIDEF), amplía facultades de contrainteligencia militar y redefine conceptos vinculados a las operaciones de inteligencia en tiempos de paz.
La iniciativa cuestiona especialmente que la reforma haya sido implementada mediante una resolución ministerial y no a través de un debate parlamentario amplio, al considerar que introduce cambios sensibles en el esquema democrático de defensa, seguridad interior e inteligencia construido desde el retorno de la democracia en 1983.
Qué cambia la resolución del Gobierno
El proyecto de Juliano pone el foco en la Resolución 323/2026 del Ministerio de Defensa, publicada el 13 de mayo en el Boletín Oficial.
Según detalla la fundamentación, la norma deroga la Resolución 381/2006, reorganiza el sistema de inteligencia militar e incorpora nuevas categorías doctrinarias como “campo cognitivo”, “dominio informacional”, “amenazas híbridas” y “actividades especiales de contrainteligencia”.
De acuerdo con el texto, la resolución oficial busca actualizar las capacidades estatales frente a amenazas contemporáneas como ciberataques, operaciones de influencia extranjera y nuevas modalidades de conflicto internacional.
Sin embargo, Juliano sostiene que la modernización del sistema no puede avanzar sin límites normativos estrictos ni mecanismos de control democrático equivalentes.
El diputado advierte que la norma introduce conceptos amplios e “indeterminados” que podrían generar interpretaciones expansivas sobre el alcance de la inteligencia militar dentro del territorio nacional.
La preocupación por el “campo cognitivo” y el “dominio informacional”
Uno de los ejes centrales del proyecto es la incorporación del llamado “campo cognitivo” como dimensión de análisis para la inteligencia y la contrainteligencia militar.
En la fundamentación, Juliano señala que estos conceptos están asociados doctrinariamente a operaciones vinculadas con percepciones sociales, narrativas públicas, circulación de información, influencia psicológica y formación de opinión.
El legislador sostiene que, en contextos de paz y dentro del territorio nacional, el uso de esas categorías requiere límites “particularmente estrictos” para evitar que el Estado pueda interpretar como amenazas cuestiones vinculadas al disenso político, la protesta social, la actividad periodística o la organización sindical.
En ese sentido, el proyecto exhorta al Poder Ejecutivo a garantizar que ninguna actividad de inteligencia o contrainteligencia militar sea utilizada para monitorear o producir información sobre actores políticos, sociales, sindicales, académicos, periodísticos o comunitarios que ejerzan derechos constitucionales legítimos.
Pablo Juliano, autor de la iniciativa
El planteo sobre los controles democráticos
Otro de los cuestionamientos centrales del proyecto apunta a la ausencia de nuevos mecanismos de control parlamentario, judicial o institucional sobre las actividades de inteligencia previstas en la resolución oficial.
Juliano afirma que la ampliación de facultades de inteligencia estatal debe ir acompañada de mayores niveles de supervisión democrática, auditorías externas y sistemas de trazabilidad.
Según argumenta, la resolución amplía capacidades operativas y clasifica parte de la doctrina como secreta, pero no incorpora controles adicionales de la Comisión Bicameral de Inteligencia, auditorías independientes ni mecanismos específicos de autorización judicial para actividades intrusivas.
El diputado también advierte sobre una “creciente centralización funcional” del sistema bajo la órbita de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), debido a que la norma dispone una mayor integración entre los organismos de inteligencia militar y la estructura nacional de inteligencia.
Carlos Presti, ministro de Defensa
El argumento histórico y constitucional
En los fundamentos, Juliano contextualiza su planteo en el consenso democrático construido tras el fin de la última dictadura militar, basado en la separación entre defensa nacional, seguridad interior e inteligencia interna.
El proyecto cita las leyes de Defensa Nacional, Seguridad Interior e Inteligencia Nacional como pilares del esquema institucional diseñado para evitar la utilización de estructuras militares o de inteligencia sobre la vida política y social del país.
Además, menciona el artículo 36 de la Constitución Nacional y la llamada Ley de Defensa de la Democracia para sostener que la ampliación de capacidades estatales debe estar acompañada por límites claros y controles efectivos.
“El problema institucional no es solamente lo que la resolución dice, sino también lo que omite. Omite controles. Omite garantías. Omite precisión normativa”, sostiene el texto presentado por el diputado.
Qué busca el proyecto presentado en Diputados
La iniciativa impulsada por Juliano no propone derogar la resolución del Ministerio de Defensa, sino que se trata de un proyecto de declaración mediante el cual la Cámara baja expresaría preocupación institucional y exhortaría al Poder Ejecutivo a respetar los límites entre defensa nacional, seguridad interior e inteligencia interna.
El proyecto también reclama preservar el “consenso democrático construido desde 1983” y reforzar los controles parlamentarios, judiciales e institucionales sobre cualquier ampliación de capacidades de inteligencia estatal.
