El Gobierno nacional volvió a salir en defensa del jefe de Gabinete Manuel Adorni y ratificó que presentará “en los próximos días” su declaración jurada patrimonial, en un intento por apagar el incendio político que crece alrededor de su situación judicial y económica.
La confirmación llegó de boca del ministro del Interior Diego Santilli, quien aseguró que la documentación “va a traer tranquilidad” y permitiría despejar las dudas instaladas en las últimas semanas.
Las palabras fueron interpretadas como una nueva señal del blindaje político que el entorno presidencial mantiene sobre uno de los funcionarios más cuestionados del gabinete libertario. Mientras tanto, el caso ya comenzó a generar efectos internos y reactivar disputas de poder dentro del oficialismo.
La situación de Adorni quedó bajo la lupa luego de una serie de investigaciones vinculadas al crecimiento de su patrimonio y a gastos que despertaron preguntas dentro y fuera del escenario político.
El episodio tomó fuerza tras la difusión de imágenes del funcionario junto a su esposa durante un viaje a Nueva York, lo que derivó inicialmente en cuestionamientos sobre el uso de recursos oficiales.
Aunque aquella denuncia fue archivada, abrió otra discusión más amplia: el origen y la evolución patrimonial del jefe de Gabinete.
Desde entonces, la Justicia comenzó a avanzar con medidas y pedidos de información. Entre los elementos que aparecieron en la investigación surgieron datos sobre gastos millonarios en propiedades, refacciones y movimientos económicos que actualmente son objeto de análisis judicial.
La causa, impulsada por el fiscal Gerardo Pollicita y bajo intervención del juez Ariel Lijo, continúa incorporando nuevas pruebas.
En las últimas semanas trascendieron declaraciones testimoniales, movimientos financieros y solicitudes de información a empresas vinculadas a servicios de activos virtuales.
Los investigadores también intentan reconstruir cómo se financiaron determinados viajes y gastos personales. La estrategia judicial busca determinar si existen inconsistencias entre ingresos declarados y movimientos económicos registrados.
El avance de la investigación elevó la presión política y dejó al Gobierno obligado a reforzar públicamente el respaldo hacia Adorni.
El caso ya dejó de ser únicamente un problema judicial. Dentro de La Libertad Avanza comenzaron a aparecer diferencias cada vez más visibles.
Sectores alineados con Karina Milei mantienen un respaldo cerrado al funcionario, mientras otros espacios vinculados a Santiago Caputo observan con preocupación el desgaste político que genera el tema.
La tensión se volvió más evidente luego de que distintas figuras del oficialismo empezaran a pedir públicamente mayor transparencia.
En las últimas horas la vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a poner el foco sobre el tema y lanzó una frase que generó fuerte repercusión: “Estamos todos esperando la declaración jurada de Adorni”.
Días antes también se había pronunciado Patricia Bullrich, quien reclamó acelerar la presentación. Los pedidos provenientes desde el propio universo libertario reflejan una incomodidad creciente que la Casa Rosada intenta contener.
El presidente Javier Milei también decidió involucrarse personalmente. En sus últimas declaraciones volvió a respaldar a Adorni y aseguró que cuenta con toda la documentación necesaria para responder las acusaciones.
Sin embargo, pese a los anuncios y promesas, la presentación aún no se concretó. Y mientras la fecha sigue sin definirse, la expectativa política crece.
En la Casa Rosada apuestan a que la declaración jurada cierre el tema. Pero en la oposición y dentro del propio oficialismo ya se preguntan si alcanzará para apagar una crisis que dejó de ser solamente judicial para convertirse en uno de los mayores focos de tensión política del Gobierno.
ND