El Ministerio de Defensa de la Nación conducido por Carlos Petri quedó en el centro de una controversia administrativa tras la difusión de un llamado a contratación que apela a mecanismos de intercambio no monetario para el mantenimiento de su flota vehicular. El procedimiento, gestionado de forma digital a través de los portales oficiales de compras del Estado, encendió las alertas en los sectores opositores y generó asombro en el ámbito castrense por las condiciones de su ejecución.
La apertura del expediente expone las severas dificultades operativas y de financiamiento que atraviesan los cuarteles y dependencias del interior del país debido a la reestructuración de las partidas presupuestarias. Mientras la conducción nacional enfoca su discurso en la adquisición de equipamiento internacional de alta tecnología, las unidades territoriales deben apelar a herramientas alternativas para garantizar el funcionamiento de rodados con años de antigüedad.
La licitación del Ejército para permutar 70 toneladas de membrillo por un kit de embrague y repuestos de una camioneta vieja expuso la asfixia presupuestaria en los cuarteles de las Fuerzas Armadas, donde el ajuste del gobierno de Milei lleva al trueque para mantener la operatividad básica mientras los sueldos militares están en el subsuelo y la obra social se encuentra colapsada.
El Ejército Argentino puso en marcha un proceso de contratación poco frecuente a través de la Dirección de Remonta y Veterinaria, un organismo históricamente encargado del abastecimiento y manejo de animales de la institución. La operatoria quedó registrada bajo la Licitación Privada Número 84/13-0216-LPR26, correspondiente al expediente EX-2026-24091786-APN-DRV#EA, dentro del rubro comercial de "Equipos". El propósito formal es la permuta de toneladas de fruta para restablecer el correcto funcionamiento de un vehículo utilitario oficial.
La particularidad del trámite radica en que la adjudicación no se definirá por la oferta económica más baja en moneda nacional, sino por aquella propuesta en la que el proveedor requiera la menor cantidad de kilos de membrillos a cambio de las piezas solicitadas. Debido a que la plataforma estatal COMPR.AR carece de una modalidad específica para intercambios no dinerarios y exige obligatoriamente asentar un valor monetario, el pliego estipuló que las firmas participantes deberán completar el casillero de precio unitario con la suma mínima y simbólica de 0,000001 pesos. Una fuente militar definió esta decisión ante los medios como "el regreso del trueque, pero con expediente electrónico".
Los documentos oficiales avalados por el Sistema de Gestión Documental Electrónica detallan de forma minuciosa las condiciones del intercambio de los bienes. El Ejército ofrece un volumen de hasta 70.000 kilos de membrillos cosechados en el establecimiento Cuadro Nacional, ubicado en la localidad de San Rafael, provincia de Mendoza. A cambio, la empresa ganadora debe suministrar un lote completo de repuestos destinados a reparar una camioneta Chevrolet S10 2.8 TDI STD 4x4 de la flota oficial, un modelo que acumula 16 años de antigüedad en servicio.
Las especificaciones técnicas exigen un total de 31 componentes mecánicos y de carrocería:
El contratista seleccionado deberá entregar los repuestos en un plazo máximo de 30 días corridos con una garantía mínima de seis meses contra fallas, asumiendo todos los gastos de flete, tasas e impuestos derivados de la posterior comercialización de la fruta. Una vez verificadas las autopartes, la firma dispondrá de 20 días hábiles para retirar las 70 toneladas de membrillo del predio mendocino. Las autoridades responsables de convalidar el proceso son el subdirector de Remonta, coronel Ángel Octavio Peluffo, y el director del área, general de brigada Julián Andrés Massi Filippa.
La difusión de la permuta de alimentos por autopartes provocó la inmediata reacción de los bloques opositores en el Congreso Nacional. El diputado peronista de Unión por la Patria, Rodolfo Tailhade, utilizó sus redes sociales para cuestionar con dureza la gestión del actual legislador y exministro de Defensa, Luis Petri. "¡Membrillos por repuestos! Pero cómo @LuisPetri, ¿no era que vos le devolviste la dignidad a las Fuerzas Armadas, luego de años de abandono, odio y persecución del kirchnerismo?", ironizó el parlamentario, vinculando el trueque con el vaciamiento presupuestario.
¡Membrillos por repuestos! Pero cómo @LuisPetri, ¿no era que vos le devolviste la dignidad a las Fuerzas Armadas, luego de años de abandono, odio y persecución del kirchnerismo? ¿Hay plata para los F16 pero no para la obra social -que vaciaste- ni para comprar los repuestos que… pic.twitter.com/OIGse7Tm4M
— Rodolfo Tailhade ⭐️⭐️⭐️ (@rodotailhade) May 19, 2026
El debate discursivo se superpuso con las repercusiones de una investigación periodística publicada por el diario Clarín que denunció presuntas irregularidades y sobreprecios de casi el 50% en la compra de un avión Embraer ERJ-140LR usado, por el cual la Fuerza Aérea Argentina pagó 4.085.000 dólares el año pasado.
Los informes indicaron que una aeronave similar en plaza cotizaba en 2.300.000 dólares, y que la unidad adquirida presentaba un desgaste severo, componentes canibalizados y corrosión en el tren de aterrizaje. Ante la controversia, el jefe de la Fuerza Aérea, Gustavo Valverde, se defendió internamente ante un foro de brigadieres asegurando que "los procesos de la adquisición fueron totalmente transparentes". La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, calificó el episodio en X como "gravísimo" y recordó que los sueldos del personal militar están en el "subsuelo".
La crisis presupuestaria en el sector de la Defensa golpea de forma directa a las estructuras educativas que dependen de la administración del Gobierno nacional. Un colectivo integrado por más de 4.000 docentes civiles que prestan servicios en el Instituto Dámaso Centeno, el Colegio Militar de la Nación, la Escuela de Suboficiales Sargento Cabral y la Escuela Superior de Guerra denunció una situación crítica de atraso y marginación salarial en comparación con las órbitas provinciales.

Los datos aportados por los profesionales de los institutos militares revelan un marcado desajuste frente al costo de vida actual:
Los docentes denunciaron que el Ministerio de Defensa rompió toda lógica de proporcionalidad salarial al otorgar un bono fijo de 150.000 pesos que excluyó al 60% del personal de nivel superior. Advirtieron que estos ingresos vulneran el piso salarial mínimo nacional consensuado por el Consejo Federal de Educación, fijado en 700.000 pesos para el mes de mayo de 2026. La gravedad de la brecha económica provoca renuncias permanentes, dificultades extremas para cubrir las vacantes en los liceos militares y una migración constante de profesionales hacia los sistemas de educación provinciales.
La faceta más dramática del ahogo financiero de la familia militar se cobró la vida de un suboficial mayor retirado en la provincia de San Juan, un suceso que generó conmoción y protestas en el sector de los retirados. Carlos Héctor Velázquez, de 77 años y con casi seis décadas de aportes a la estructura previsional castrense, se quitó la vida tras verse forzado a interrumpir de manera total su tratamiento contra un cáncer avanzado debido a los cortes crónicos de cobertura médica. El suboficial dejó una misiva dirigida al presidente de la Nación, Javier Milei, y al ministro de Defensa donde manifestó: "Me sacrifico por no tener atención médica. Nunca vi que un presidente, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, y su ministro abandonaran a sus soldados".
Ante la crisis institucional, los afiliados realizaron un abrazo simbólico frente a la sede de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) en San Juan para repudiar el desamparo de los pacientes. El Ministerio de Defensa oficializó mediante la Resolución 311/2026 la designación del general de brigada Pablo Guillermo Plaza como nuevo presidente del directorio de la entidad autárquica para reemplazar al general Sergio Maldonado, quien renunció a su cargo tras apenas un mes de gestión al oponerse a una orden ministerial de colocar toda la recaudación en un plazo fijo a 60 días demorando los pagos a los prestadores.
Si bien el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea derivaron un auxilio de 80.000 millones de pesos de sus propios presupuestos para cubrir el 40% del pasivo, la mayor parte de la deuda de 212.000 millones de pesos se mantiene impaga por la retención de aportes correspondientes a las fuerzas de seguridad dependientes del Ministerio de Seguridad.
Las tensiones presupuestarias se ventilaron de forma pública durante la conmemoración oficial del Día de la Armada Argentina en la Base Naval de Puerto Belgrano, en Bahía Blanca. Ante el ministro de Defensa y jefe del Ejército, teniente general Carlos Presti, y el canciller Pablo Quirno, el jefe de la Armada, almirante Juan Carlos Romay, pronunció un contundente discurso reclamando inversiones previsibles y estables a largo plazo.

Romay advirtió que la inmensidad del Atlántico Sur exige restaurar capacidades operativas críticas:
La semana pasada se oficializó la Decisión Administrativa 20/2026 firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La normativa impuso una poda presupuestaria del 2,6% sobre la administración nacional, traduciéndose en una quita neta de casi 49.000 millones de pesos en las partidas de la función Defensa para sostener el superávit acordado con el Fondo Monetario Internacional.
El reordenamiento de las cuentas públicas afectó el alistamiento operacional, la logística de sostenimiento y los planes de reequipamiento del Plan ARMA. La Fuerza Aérea resultó la rama más perjudicada al perder 16.500 millones de pesos en equipos militares, seguida por el Ejército con una reducción de 12.622 millones de pesos y la Armada con una baja de 15.220 millones de pesos.
El ajuste provocó la supresión de un crédito externo de 10.620 millones de pesos destinado a la compra de cuatro helicópteros navales livianos para Puerto Belgrano y recortó las partidas de combustible para la campaña de sostén logístico antártico, obligando a las unidades operativas a implementar medidas extremas de racionalización para asegurar la comida de los soldados y el pago de servicios básicos como la luz, el agua y el gas.
TM