La causa que terminó con cinco acusados detenidos por el tráfico de 321 kilos de cocaína empezó a tomar forma mucho antes de que una avioneta apareciera en un campo de Villa Eloísa. El punto de quiebre para los investigadores fue un teléfono celular abandonado dentro de otra aeronave hallada meses atrás en Arequito.
Ese iPhone, secuestrado tras un aterrizaje clandestino ocurrido en noviembre de 2025, permitió reconstruir parte de una estructura dedicada —según la acusación fiscal— al ingreso de cocaína desde Bolivia mediante vuelos ilegales sobre pistas rurales de Santa Fe.
A partir del análisis de ese dispositivo, la PROCUNAR y la fiscalía federal comenzaron a identificar integrantes, movimientos logísticos y conversaciones vinculadas con operaciones narco. Entre los elementos hallados apareció un grupo de WhatsApp denominado “11pibe”, donde distintos usuarios compartían videos, coordenadas y referencias sobre aterrizajes clandestinos.
En uno de los mensajes atribuidos al piloto prófugo Jorge Mario G.J. aparecía una frase que llamó la atención de los investigadores: “Viajo full full”, seguida de una referencia al traslado de “400”, interpretada como una posible alusión a la cantidad de droga transportada.

La pesquisa también detectó coincidencias entre las coordenadas compartidas en el chat y los lugares donde posteriormente fueron encontradas aeronaves utilizadas para descargar cocaína.
Para los fiscales Matías Scilabra y Santiago Alberdi, la organización tenía una estructura estable y utilizaba campos rurales para concretar aterrizajes nocturnos de avionetas procedentes de Bolivia.
La investigación se aceleró el 12 de mayo pasado, cuando una avioneta Cessna 210 con matrícula adulterada aterrizó en Villa Eloísa con 321 kilos de cocaína distribuidos en diez bultos. Según la acusación, el cargamento iba a ser recibido por integrantes de la organización que aguardaban en vehículos de apoyo sobre caminos rurales.
Los fiscales sostuvieron que los ciudadanos bolivianos José Carlos R.L. y Yasmil Z.N.P. actuaron como piloto y copiloto de la aeronave, mientras que otros acusados participaron de la logística terrestre y de la recepción del cargamento.

Durante la fuga posterior al aterrizaje, uno de los imputados —Santiago Emanuel B.— habría embestido con una camioneta a un cabo de la Gendarmería Nacional Argentina que intentaba detenerlo sobre la ruta provincial 178. El efectivo sufrió múltiples traumatismos y debió ser internado.
La persecución terminó con camionetas incendiadas, allanamientos en Funes y Roldán y la captura de cinco sospechosos, mientras que uno de los presuntos pilotos continúa prófugo con pedido de captura nacional e internacional.
Para la fiscalía, tanto el episodio de Arequito como el de Villa Eloísa forman parte de una misma organización criminal dedicada al tráfico internacional de cocaína mediante vuelos clandestinos y pistas improvisadas en zonas rurales santafesinas.