La Casa Rosada buscará este miércoles desactivar el creciente malestar de los gobernadores aliados luego del recorte fiscal de 2,5 billones de pesos que aplicó el Gobierno nacional sobre distintas áreas del Estado y que impactó de lleno en obras públicas, programas provinciales y partidas especiales.
Según reconocieron fuentes de la mesa chica del oficialismo, el Ejecutivo mantendrá reuniones clave para definir mecanismos de compensación y “redirigir recursos” hacia provincias que quedaron afectadas por la poda presupuestaria impulsada por el Ministerio de Economía.
La decisión que encabeza el ministro de Economía, Luis Caputo, generó fuertes tensiones internas y externas dentro del esquema político que sostiene a Javier Milei.
Muy buen encuentro con el Gobernador @LeandroZdero en el que firmamos la contragarantía del financiamiento de FONPLATA que tomará Chaco por USD 30 millones, que serán destinados al desarrollo de infraestructura en la Ruta Provincial 9 de Miraflores – Las Hacheras.
— totocaputo (@LuisCaputoAR) April 22, 2026
La obra… pic.twitter.com/OuKdzTdwRK
El Palacio de Hacienda había solicitado a cada ministerio una reducción equivalente al 2% de los gastos corrientes y al 20% de los gastos de capital. Sin embargo, distintos sectores del oficialismo admiten que el ajuste terminó siendo mucho más profundo y generalizado.
La medida afectó programas sanitarios, educativos y obras estratégicas en varias provincias, además de suspender transferencias millonarias vinculadas a infraestructura hídrica y proyectos de desarrollo local.
El recorte tomó por sorpresa incluso a mandatarios provinciales que venían acompañando las iniciativas legislativas del Gobierno nacional.
Uno de los más críticos fue el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, quien aseguró que la poda “sorprendió a propios y extraños” y cuestionó la falta de información previa por parte de Nación.

Desde las provincias también remarcan que muchas de las obras paralizadas habían sido previamente acordadas con funcionarios nacionales, especialmente con el ministro del Interior, Diego Santilli, que ahora intenta contener el conflicto político.
La discusión se cruza además con otro frente sensible: el inminente debate en Diputados sobre la modificación del régimen de zonas frías.
La reforma podría dejar sin subsidios al gas a miles de usuarios de distintas provincias, lo que profundizó las tensiones entre gobernadores y la administración libertaria.
Para amortiguar el impacto político, el Gobierno analiza implementar compensaciones vinculadas a subsidios eléctricos a través de una resolución del Ministerio de Economía.

Entre las provincias que podrían recibir esos beneficios aparecen Misiones, Santa Fe, Jujuy, Salta, Catamarca y Tucumán, todas consideradas estratégicas para sostener acuerdos parlamentarios y evitar nuevas fracturas con los mandatarios dialoguistas.