Deudas y atrasos
20/05/2026 - Edición Nº1198
Política
Salud
Auditorías y 1500 prestadores "bochados": qué dijo PAMI tras el revés judicial
20/05/2026 | La postura del organismo después del fallo de la Justicia Federal de Córdoba que ordenó regularizar pagos adeudados a prestadores vinculados a discapacidad.
El PAMI emitió este miércoles un breve comunicado.
El PAMI difundió este miércoles un comunicado oficial en el que defendió las auditorías internas y sostuvo que los controles buscan “cuidar los recursos de sus afiliados”, en medio de la creciente tensión por los reclamos del sector de discapacidad y la convocatoria a una nueva movilización nacional en defensa de la salud pública.
La postura del organismo se conoció apenas horas después del fallo de la Justicia Federal de Córdoba que ordenó regularizar pagos adeudados a prestadores vinculados a discapacidad y en paralelo a las protestas convocadas contra los recortes sanitarios atribuidos al gobierno de Javier Milei.
Qué dijo el PAMI sobre las auditorías
A través de un comunicado oficial, el organismo afirmó que “los afiliados de PAMI tienen que recibir prestaciones seguras, atención de calidad y un sistema ordenado, donde los recursos estén puestos al servicio de su salud”.
En ese marco, defendió el proceso de controles internos y aseguró que las auditorías permitieron detectar múltiples irregularidades en distintos prestadores del país.
“Como resultado de auditorías permanentes, PAMI ya dio de baja a más de 1.500 prestadores en todo el país por irregularidades, tales como cobros indebidos, prestaciones inexistentes y condiciones edilicias que no cumplían con los protocolos de higiene y seguridad”, indicó el organismo.
Además, sostuvo que “auditar es cuidar los recursos de los afiliados para terminar con abusos y sostener la calidad de las prestaciones”.
Según la explicación oficial, el objetivo del proceso es garantizar que los fondos públicos “vayan donde tienen que ir: a prestaciones de calidad para los jubilados”.
PAMI: AUDITORÍA CONTINUA PARA CUIDAR LOS RECURSOS DE SUS AFILIADOS
— Ministerio de Salud de la Nación (@MinSalud_Ar) May 20, 2026
Los afiliados de PAMI tienen que recibir prestaciones seguras, atención de calidad y un sistema ordenado, donde los recursos estén puestos al servicio de su salud.
Como resultado de auditorías permanentes, PAMI… https://t.co/xmpaYAfVQA
El contexto: el fallo judicial por discapacidad
El comunicado apareció luego de la resolución dictada por el juez federal Hugo Vaca Narvaja, quien ordenó al PAMI y al Ministerio de Salud normalizar de manera urgente los pagos vinculados a prestaciones para personas con discapacidad.
La cautelar, emitida por el Juzgado Federal en lo Contencioso Administrativo N°2 de Córdoba, fijó un plazo de 72 horas para comenzar a regularizar transferencias adeudadas a centros terapéuticos, transportistas y prestadores.
La decisión judicial surgió a partir de un amparo colectivo impulsado por organizaciones sociales, asociaciones de familiares e instituciones que denunciaron atrasos reiterados, demoras administrativas y riesgo de interrupción de tratamientos.
Entre los espacios que participaron del reclamo aparecen entidades como Apadim y el Pequeño Cottolengo Don Orione.
El magistrado advirtió sobre un “riesgo inminente” para pacientes que dependen de tratamientos permanentes y recordó que el Estado tiene la obligación constitucional de garantizar el acceso a la salud y la asistencia integral para personas con discapacidad.
EMERGENCIA EN DISCAPACIDAD
— Daniel Arroyo (@LicDanielArroyo) May 19, 2026
La medida cautelar de la justicia federal de Córdoba no admite ningún tipo de dilación: PAMI e Incluir Salud deben garantizar YA los fondos para que las familias puedan acceder a las prestaciones.
La tensión entre auditorías y denuncias de ajuste
El Gobierno nacional viene sosteniendo que las demoras responden a un proceso de “reordenamiento estructural” y auditorías destinadas a transparentar el sistema sanitario y corregir irregularidades administrativas.
Esa explicación volvió a quedar reflejada en el comunicado difundido por el PAMI, que buscó respaldar públicamente los controles internos y justificar la baja de prestadores.
Sin embargo, organizaciones vinculadas a discapacidad, familiares y centros terapéuticos denuncian desde hace meses que los retrasos en pagos están provocando una crisis financiera en el sector.
Prestadores aseguran que muchas instituciones debieron endeudarse para afrontar salarios, alquileres y gastos básicos de funcionamiento, mientras alertan sobre cierres de servicios y suspensión de terapias.
En paralelo, el reciente informe de gestión presentado por el Ministerio de Salud ante la Cámara de Diputados reconoció que la deuda acumulada del programa Incluir Salud entre noviembre de 2025 y febrero de 2026 supera los $69.500 millones y afecta a cientos de prestadores.
Marcha Federal por la Salud Pública
El comunicado del PAMI también se conoce en una jornada marcada por nuevas protestas contra las políticas sanitarias del Gobierno.
Diversas organizaciones, sindicatos y entidades médicas convocaron este miércoles a la Marcha Federal en Defensa de la Salud Pública, prevista desde el Ministerio de Salud hacia Plaza de Mayo.
Entre quienes expresaron su respaldo a la movilización aparece el Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, que cuestionó el “profundo deterioro” del sistema sanitario argentino.
La entidad médica denunció recortes presupuestarios, reducción de prestaciones, falta de insumos y una creciente presión sobre hospitales públicos.
Además, vinculó la situación con el cierre de programas sanitarios, problemas en la provisión de medicamentos y dificultades operativas en distintas áreas del sistema de salud.
Qué puede pasar ahora
La medida cautelar dictada por la Justicia tendrá vigencia durante seis meses o hasta que exista una resolución definitiva sobre el fondo de la causa.
Durante ese período, el Estado deberá presentar informes sobre pagos realizados, deudas pendientes, prestadores afectados y cronogramas concretos de regularización.
Mientras tanto, el conflicto suma presión política y judicial sobre el Gobierno nacional en uno de los sectores más sensibles del sistema sanitario y social argentino.
