Llevaba una mochila y caminaba por el barrio porteño de Caballito cuando la Policía de la Ciudad decidió identificarla. Los efectivos habían visto que ocultaba un objeto rectangular dentro del bolso. Al requisarla encontraron dos ladrillos de cocaína con un peso total de poco más de dos kilos, dinero en efectivo y dos teléfonos celulares. Entonces ocurrió algo inesperado: la sospechosa soltó la mochila y dijo de manera espontánea que “la mercadería no es mía” y que tenía las llaves de un edificio ubicado en Lavalleja al 650.
Ese episodio, ocurrido el 24 de mayo de 2024, fue el punto de partida de una investigación de la Fiscalía Federal N°5, a cargo de Franco Picardi, que terminó exponiendo una estructura dedicada al aprovisionamiento, acopio, estiramiento y comercialización mayorista de cocaína en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.
Las pericias sobre los celulares secuestrados a la primera detenida permitieron detectar conversaciones, movimientos y contactos vinculados al tráfico de drogas. A partir de allí, la fiscalía y la División Operaciones Área Metropolitana Oeste de la Policía Federal comenzaron a reconstruir el funcionamiento interno de la organización. Intervinieron cerca de 70 líneas telefónicas y realizaron seguimientos, vigilancias y análisis de redes sociales para identificar a cada uno de los integrantes.

Los investigadores descubrieron entonces una terminología codificada para hablar sobre cocaína y sustancias de corte. En las conversaciones telefónicas los ladrillos eran mencionados como “pescado”, “cajas”, “remeras” o “coso”, mientras que los productos utilizados para rebajar la droga eran llamados “condimento” o “agua”.
La banda también utilizaba una palabra específica para nombrar los departamentos alquilados donde acopiaban y procesaban la cocaína: “la oficina”. Según sostuvo Picardi en su dictamen, esos inmuebles funcionaban como centros de almacenamiento, acondicionamiento y distribución de droga. Allí prensaban, rebajaban y secaban los panes para aumentar el volumen de venta.
Uno de esos lugares apareció en el barrio Rodrigo Bueno, frente a Puerto Madero. Allí los investigadores encontraron una verdadera “cocina” narco en funcionamiento. En el departamento secuestraron 55 panes de cocaína, otros seis kilos adicionales de la misma sustancia, precursores químicos, balanzas, moldes metálicos, prensas hidráulicas y una estufa de cuarzo donde secaban la droga.

Además hallaron 23 sellos utilizados para marcar los ladrillos de cocaína procesada. Algunos tenían el dibujo de un delfín, una pistola, un caballo o una corona. Para los investigadores, esos logos permitían identificar la calidad o el origen de la droga dentro del circuito de comercialización.
La pesquisa también determinó que la organización operaba al menos desde marzo de 2024 en distintos puntos de Capital Federal y localidades bonaerenses como Gerli, Quilmes, Moreno y Francisco Álvarez. Según la fiscalía, la estructura tenía conexiones internacionales y estaba integrada mayoritariamente por ciudadanos peruanos. Incluso se pidió la captura internacional del presunto líder, señalado como la persona que coordinaba las operaciones desde el exterior.
De acuerdo con la acusación, ese hombre impartía órdenes mediante llamadas y aplicaciones de mensajería. “Fijaba precios, asignaba entregas, organizaba compras de droga, decidía movimientos de dinero y coordinaba a los restantes integrantes”, sostuvo el fiscal Picardi. Por debajo suyo operaban familiares y colaboradores encargados de supervisar entregas, manejar el dinero y controlar los lugares de acopio.
Las escuchas también dejaron escenas que mostraban el nivel de organización y paranoia dentro de la estructura. En una conversación, uno de los acusados le ordenó a otra integrante que comprara “20 cajas” de droga en varios viajes y ocultara parte de la mercadería dentro de un vehículo. En otra comunicación, el presunto líder le advirtió a una colaboradora que no saliera del departamento porque había presencia policial en la zona: “Los pedidos pueden esperar (...) si tú ves que no puedes salir no saques nada”.
En otro tramo de las escuchas, uno de los integrantes recomendó limpiar “la plantilla” de los zapatos para no dejar “huellas blancas” en el pasillo del edificio donde funcionaba la cocina de cocaína.
El sábado pasado la investigación llegó a su punto culminante. La Policía Federal realizó 19 allanamientos simultáneos en Capital Federal y el conurbano bonaerense. El operativo terminó con siete detenidos —cuatro mujeres y tres hombres— y el secuestro de 70 kilos de cocaína, más de seis kilos de marihuana, dinero, celulares, documentación y elementos utilizados para el procesamiento de droga. También allanaron un restaurante de comida peruana sobre la avenida Córdoba al 3500.
Las siete personas quedaron detenidas y fueron indagadas por el juez federal Julián Ercolini. Mientras tanto, la fiscalía busca ahora avanzar sobre los vínculos internacionales de la organización y determinar cuál era el origen de la cocaína que terminaba procesándose en departamentos ocultos detrás de una fachada doméstica, en pleno corazón de Buenos Aires.