Manejaba una red de explotación sexual desde la cárcel: así captaban y controlaban a las víctimas

Walter Ayala estaba detenido en la Unidad N°1 del Complejo Penitenciario de Villa Urquiza cuando volvió a poner en marcha el negocio por el que ya había sido condenado años antes. Desde una celda, con teléfonos celulares que nunca debió tener, manejó durante más de un año una organización dedicada a la explotación sexual de mujeres en Tucumán. Según la investigación judicial, controlaba precios, horarios, publicaciones sexuales y hasta las fotos que se subían a internet para captar clientes.

La maniobra funcionó entre diciembre de 2021 y abril de 2023. Ayala dirigía todo desde prisión mientras Alejandra Galván, su pareja en la organización, recorría departamentos utilizados como prostíbulos en San Miguel de Tucumán, supervisaba a las víctimas y retiraba el dinero de los “pases”. Ambos terminaron condenados en un juicio abreviado: él recibió 12 años de prisión y ella, 8. Como ya habían sido sentenciados por trata en 2019, el Tribunal Oral Federal de Tucumán los declaró reincidentes.

La investigación reconstruyó una estructura criminal que funcionaba como una empresa clandestina administrada desde la cárcel. A pesar de los controles penitenciarios, Ayala utilizaba teléfonos celulares para mantenerse conectado de manera permanente con Galván y con las mujeres explotadas. A través de llamadas, mensajes y videollamadas impartía órdenes sobre los turnos, las tarifas y la distribución de las víctimas en distintos departamentos.

Los investigadores encontraron además que Ayala controlaba personalmente las publicaciones sexuales en la página Skokka. Definía los nombres falsos que utilizarían las mujeres, revisaba las fotografías y videos eróticos y supervisaba los anuncios con los que ofrecían los servicios sexuales. En algunos casos incluso les exigía a las víctimas que le enviaran fotos íntimas y realizaran videollamadas de contenido sexual para fines personales.

La causa determinó que las mujeres eran captadas mediante falsas ofertas laborales publicadas en redes sociales. Muchas atravesaban situaciones de vulnerabilidad económica y social. Una vez incorporadas al circuito, eran trasladadas a departamentos donde funcionaban los encuentros sexuales y quedaban sometidas al control permanente de la organización.

Galván tenía un rol clave fuera del penal. Según la acusación, visitaba regularmente los departamentos, controlaba la actividad diaria y se encargaba de recaudar el dinero. También coordinaba ingresos y reemplazos de mujeres en los distintos inmuebles utilizados por la banda. La investigación sostiene además que era quien tomaba fotografías y grababa videos sexuales para luego publicar los anuncios en internet.

Durante distintos allanamientos realizados en la celda de Ayala se secuestraron teléfonos celulares, anotaciones vinculadas a la explotación sexual, registros de recaudación, nombres de mujeres y números telefónicos. Esa documentación permitió reconstruir parte del funcionamiento interno de la organización y confirmar que el condenado seguía manejando la estructura desde prisión.

El dinero también circulaba por vías digitales. La organización utilizaba billeteras virtuales, terminales electrónicas de cobro y plataformas como Mercado Pago, Ualá y Tarjeta Naranja para administrar la recaudación. Mientras Ayala controlaba las cuentas desde el penal, Galván supervisaba presencialmente los cobros y movimientos de dinero en los departamentos.

La pesquisa detectó transferencias compatibles con pagos por encuentros sexuales, reintegros parciales para las víctimas y operaciones vinculadas al pago de anuncios publicados en internet. Además, los investigadores hallaron movimientos frecuentes entre cuentas asociadas a Ayala, Galván y familiares de ambos. Durante los procedimientos secuestraron tarjetas bancarias, terminales de cobro y documentación financiera vinculada con la explotación sexual.

El caso fue investigado por la Fiscalía General ante el Tribunal Oral Federal de Tucumán, a cargo del fiscal general subrogante Pablo Camuña, junto con los auxiliares fiscales Daniel Weisemberg y Lucía Doz Costa. El acuerdo de juicio abreviado contó además con la conformidad de las querellas de la Fundación María de los Ángeles y de una de las víctimas representada por el Defensor Oficial de Víctimas.

A pedido de la fiscalía, la jueza Carina Farías ordenó además una reparación económica integral para las ocho víctimas por más de 130 millones de pesos. El monto incluyó las ganancias ilícitas obtenidas por la organización, el lucro cesante y el daño moral sufrido por las mujeres explotadas.