RIGI: el Gobierno activa una mesa para blindar inversiones estratégicas

El Gobierno nacional oficializó la creación de una “Mesa de Coordinación para la Seguridad de Inversiones Estratégicas” vinculada al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), con el objetivo de prevenir amenazas asociadas al narcotráfico, el lavado de activos y otras formas de criminalidad organizada sobre proyectos considerados estratégicos.

La medida fue formalizada por el Ministerio de Seguridad Nacional mediante la Resolución 461/2026, firmada por la ministra Alejandra Monteoliva y publicada este miércoles en el Boletín Oficial. Según el texto, el nuevo organismo funcionará como un ámbito permanente de articulación entre fuerzas federales, organismos nacionales, provincias, municipios y empresas privadas vinculadas a proyectos aprobados bajo el RIGI.

Ya está publicada la edición del 20/05/2026 del Boletín Oficial de la República Argentina. Podés visualizarla en https://t.co/eu8kOvi6fq

— Boletín Oficial R.A. (@boletin_oficial) May 20, 2026

El Gobierno justificó la decisión en el crecimiento de inversiones de gran escala asociadas al régimen impulsado por la administración de Javier Milei. La resolución sostiene que ya existen proyectos aprobados por más de 13 mil millones de dólares y más de veinte iniciativas adicionales en evaluación, distribuidas en provincias como San Juan, Catamarca, Salta, Mendoza, Río Negro, Neuquén y Buenos Aires. 

Riesgos criminales sobre inversiones estratégicas 

Uno de los puntos más sensibles del texto es el diagnóstico oficial sobre posibles amenazas criminales alrededor de los proyectos RIGI. La resolución advierte que las grandes inversiones y sus áreas de influencia “pueden constituirse en objetivos de interés para organizaciones criminales de carácter transnacional” y menciona riesgos asociados al lavado de activos, corrupción pública y privada, extorsión, infiltración criminal y utilización de estructuras económicas legales para actividades ilícitas. 

En ese marco, el Gobierno dispuso que la nueva mesa trabaje sobre: identificación temprana de riesgos; protección de infraestructura crítica; prevención de infiltración de economías ilegales; coordinación operativa entre fuerzas de seguridad;
y articulación con empresas privadas.

El esquema estará integrado por la Secretaría de Seguridad Nacional, la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada, la Unidad Antimafia y el Centro Regional de Información para la Lucha contra las Drogas Sintéticas. 

Seguridad, inversiones y cooperación empresarial

La resolución también habilita mecanismos de cooperación “voluntaria” con empresas titulares de proyectos RIGI, cámaras empresarias, operadores logísticos y contratistas, mediante protocolos de prevención, intercambio de información y reportes de riesgos. El Gobierno sostuvo que la medida busca “fortalecer la seguridad jurídica” y “reducir riesgos operativos” sobre inversiones estratégicas sin generar nuevas cargas burocráticas para el sector privado.

El texto además incorpora una dimensión social y territorial. Advierte que los grandes proyectos de inversión pueden generar “escenarios de vulnerabilidad social” y plantea la necesidad de implementar estrategias preventivas y de fortalecimiento comunitario en las zonas de influencia. La resolución se apoya también en convenios internacionales contra la delincuencia organizada transnacional y en programas de cooperación con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD).