10/06/2026 - Edición Nº1219

Política

Senado

Venta de tierras a extranjeros: lo que la reforma podría habilitar o frenar

20/05/2026 | La iniciativa elimina los topes para la compra de tierras por parte de empresarios extranjeros



La Libertad Avanza y sectores dialoguistas del Senado consiguieron este martes dictaminar el proyecto de reforma sobre propiedad privada impulsado por el Gobierno nacional, una iniciativa que introduce cambios sensibles en el régimen de compra de tierras y en normas vinculadas a desalojos y registros inmobiliarios.

El despacho de mayoría fue respaldado por senadores de La Libertad Avanza, la Unión Cívica Radical, el PRO, Provincias Unidas y Despierta Chubut, durante un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General encabezado por la senadora Nadia Márquez.

De esta forma, el texto queda habilitado para ser debatido en el recinto dentro de una semana, aunque el oficialismo prevé llevarla a sesión dentro de quince días para intentar sumar nuevos respaldos opositores. Sin embargo, Convicción Federal emitió un dictamen de minoría.

El Gobierno buscará en ese lapso acercar posiciones con el bloque Convicción Federal, vinculado políticamente a los gobernadores Gustavo Sáenz, Raúl Jalil y Osvaldo Jaldo. Por su parte, el peronismo cuestionó el avance y reclamó la realización de una audiencia pública antes de continuar con el tratamiento legislativo.

Qué cambios introduce el proyecto 

El punto central del proyecto es la eliminación de los límites nacionales para la compra de tierras por parte de empresarios extranjeros, aunque se estableció que cada provincia conservará la potestad de autorizar o rechazar esas operaciones dentro de su territorio.

Durante la negociación parlamentaria, el oficialismo aceptó excluir el capítulo que proponía modificaciones sobre la ley de barrios populares, uno de los aspectos que había generado mayores cuestionamientos por parte de la oposición.

También se incorporaron cambios vinculados al registro de terrenos y modificaciones en los procedimientos de desalojos, con mayores plazos para inquilinos y para instituciones que ocupen propiedades alcanzadas por litigios judiciales.

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