El proyecto impulsado por la senadora Carolina Losada para endurecer las penas por falsas denuncias comenzó a generar una creciente reacción política en la Cámara de Diputados, donde sectores del radicalismo, Unión por la Patria, la izquierda y otros espacios opositores comenzaron a coordinar una ofensiva para frenar cualquier avance de la iniciativa en el Congreso.
La discusión volvió a tomar fuerza luego de que la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado emitiera dictamen favorable para el proyecto, habilitando su posible tratamiento en el recinto de la Cámara alta. El texto propone modificar el Código Penal para agravar las penas en casos de denuncias falsas vinculadas a violencia de género, delitos sexuales y situaciones que involucren a menores de edad.
Mientras desde el entorno de Losada sostienen que la iniciativa busca castigar maniobras dolosas que “arruinan vidas”, sus detractores advierten que podría generar un fuerte efecto inhibidor sobre las víctimas de violencia y abuso.

La iniciativa de Losada busca modificar el artículo 245 del Código Penal y elevar las penas de prisión de tres a seis años para quienes formulen denuncias falsas o incurran en falso testimonio en causas vinculadas a violencia de género, integridad sexual o delitos contra niños, niñas y adolescentes.
Durante el debate en el Senado, la legisladora radical defendió el proyecto y aseguró que “no es un proyecto en contra de las mujeres: es un proyecto en contra de las mentiras”.
“La mentira no tiene género, no es algo de hombres o de mujeres. Hay personas que mienten y nosotros vamos en contra de esas personas que mienten”, argumentó Losada cuando defendió la iniciativa en comisión en el 2025.
La senadora sostuvo además que las falsas denuncias “llenan de causas los tribunales”, utilizan recursos estatales y generan consecuencias irreparables para quienes son acusados injustamente.
Frente al avance del proyecto en el Senado, distintos sectores políticos comenzaron a mover fichas en Diputados para intentar bloquear la iniciativa antes de que pueda convertirse en ley.
La reacción tomó forma a través de un proyecto de declaración firmado por legisladores de distintos espacios políticos, entre ellos María Inés Zigarán, Mariela Coletta, Pablo Juliano, Mónica Frade, Esteban Paulón, Martín Lousteau y Carolina Basualdo.
En el texto, los diputados expresaron “profunda preocupación y enérgico rechazo” a las iniciativas que, bajo la idea de combatir supuestas falsas denuncias, puedan implicar “un retroceso inadmisible” en materia de protección de mujeres, niños, niñas y adolescentes.
Los legisladores advirtieron que este tipo de proyectos podría desalentar denuncias reales, reforzar estereotipos de género y debilitar la respuesta estatal frente a casos de violencia.
Uno de los principales argumentos del rechazo opositor se apoya en pronunciamientos internacionales vinculados a derechos humanos y violencia de género.
El proyecto de declaración cita expresamente al Comité de Expertas del MESECVI, el mecanismo de seguimiento de la Convención de Belém do Pará de la OEA, que cuestionó este tipo de iniciativas por considerar que se sostienen en “narrativas carentes de respaldo empírico”.
Según el documento presentado en Diputados, el organismo internacional advirtió que estas propuestas pueden generar barreras en el acceso a la justicia, desalentar denuncias legítimas y favorecer la impunidad en delitos de violencia de género e infantil.
También se menciona la posición del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que expresó preocupación por el “efecto disuasorio” que podrían tener reformas de este tipo.
Uno de los puntos más sensibles del debate gira en torno a la diferencia entre una denuncia falsa y una denuncia que no logra acreditarse judicialmente.
Durante el tratamiento en el Senado, el senador Daniel Bensusán advirtió que “denuncia falsa y falta de prueba no son lo mismo” y señaló que muchos delitos vinculados a violencia intrafamiliar presentan dificultades probatorias.
En la misma línea, el proyecto impulsado en Diputados sostiene que la ausencia de pruebas suficientes no implica necesariamente falsedad, especialmente en casos de violencia de género o abuso infantil, donde los hechos suelen ocurrir en ámbitos privados y bajo relaciones de poder asimétricas.
Los sectores que rechazan la iniciativa consideran que la amenaza de una eventual persecución penal podría generar temor en víctimas, testigos, peritos y profesionales que intervienen en estos procesos.

Entre las voces más duras contra el proyecto apareció la dirigente del Frente de Izquierda Myriam Bregman, quien llamó en las últimas horas a construir una ofensiva política para impedir su avance parlamentario.
“Ahora tenemos una urgencia importante. El proyecto de Carolina Losada no puede salir”, afirmó Bregman durante una actividad pública vinculada al debate.
“Vamos a poner todas las energías, vamos a denunciar nombre por nombre a quien apoye eso, porque es una protección contra los pedófilos”, agregó.
Sus declaraciones reflejan el nivel de tensión política que comenzó a rodear la discusión legislativa y anticipan un escenario de fuerte confrontación si la iniciativa llega al recinto.
@myriambregman La campaña de Carolina Losada tiene graves consecuencias, no puede pasar como si nada. El proyecto de “falsas denuncias” de la senadora que propone penalizar a quienes denunciaran “falsamente” por haber sido víctimas o testigos de violencia sexual —y de género en general— con penas de 3 a 6 años de prisión, que se aprobó en comisiones del Senado, no busca actuar sobre ningún vacío legal. Mienten. De fondo, la intención es construir una respuesta punitiva que no se corresponde con la evidencia, sino con una operación política: reinstalar la sospecha sobre quienes se animan a denunciar, profundizando el negacionismo de género para amedrentar a las víctimas y callarlas. El proyecto consolida un escenario de silenciamiento y se articula con el recorte de políticas de género y la negación de la violencia estructural, y produce un resultado previsible: menos denuncias y más impunidad. Por eso, lo rechazamos de plano y apostamos a la fuerza organizada y a la lucha persistente del movimiento de mujeres.
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El proyecto ya cuenta con dictamen favorable en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, presidida por Gonzalo Guzmán Coraita, lo que habilita su eventual tratamiento parlamentario.
Durante ese debate, el senador Luis Juez respaldó la propuesta y sostuvo que “las consecuencias que generan las falsas denuncias producen un perjuicio irreparable”.
“Este proyecto de ley no tiene que ver con los hombres, mujeres o niños que son víctimas, sino con aquellos que falsamente hacen una denuncia con real malicia, con un dolo directo hacia una persona, con el único fin de hacerle daño”, sostuvo en la misma línea Losada,
Ahora, el escenario político comienza a trasladarse a Diputados, donde distintos bloques buscan consolidar una mayoría capaz de bloquear el avance de la iniciativa o, al menos, condicionar su tratamiento.