Un nuevo episodio de extrema sensibilidad institucional sacude al Poder Judicial. El fiscal federal Carlos Stornelli abrió una investigación para determinar si el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, era víctima de un supuesto operativo de espionaje frente a su vivienda de Santa Fe.
La causa quedó en manos del juez Julián Ercolini y se inició luego de una denuncia presentada por el Director de Seguridad de la Corte Suprema, Roberto Varela, quien alertó sobre una situación considerada fuera de lo habitual y potencialmente riesgosa.
El episodio ocurrió el domingo pasado, cuando el equipo de custodia de Rosatti llegó hasta la vivienda del magistrado para trasladarlo a Buenos Aires. Fue entonces cuando detectaron movimientos que despertaron sospechas inmediatas.
De acuerdo con la presentación judicial, los custodios observaron a dos personas ubicadas frente al domicilio del titular del máximo tribunal. Ambos tenían una cámara fotográfica montada sobre un trípode y, según el reporte oficial, apuntaban hacia la propiedad.
La escena generó preocupación inmediata entre los efectivos encargados de la seguridad del magistrado, especialmente por el perfil institucional de Rosatti y por antecedentes recientes vinculados a hechos intimidatorios.
Las personas fueron identificadas y, según trascendió en el expediente, una de ellas sería de nacionalidad venezolana. A partir de ese momento, la fiscalía comenzó a ordenar distintas medidas para intentar determinar qué hacían en el lugar y si existía algún objetivo concreto detrás de esa actividad.
Por ahora, la hipótesis de espionaje está bajo investigación y la Justicia busca establecer si se trató de una actividad inocente o de una tarea de vigilancia sobre el presidente de la Corte.
Entre las primeras diligencias solicitadas por Stornelli aparecen la toma de testimonios a custodios y agentes de la Policía Federal, el análisis de registros de cámaras de seguridad y una reconstrucción detallada de lo ocurrido durante aquella jornada.
Además, se pidió revisar expedientes anteriores relacionados con episodios que pudieron afectar la seguridad de Rosatti, con el objetivo de detectar patrones, conexiones o posibles vínculos entre distintos hechos.
Tras el requerimiento del fiscal, Ercolini avanzó con las medidas y ordenó profundizar la investigación.
La nueva causa reabrió un expediente de episodios previos que rodearon al presidente de la Corte Suprema. En abril, la Justicia confirmó la condena a cuatro años de prisión para Damián Berruet por intentar robar una camioneta asignada a Rosatti. Durante ese juicio, el fiscal Diego Luciani sostuvo que el hecho no podía analizarse como un caso aislado.
En su alegato habló de un supuesto escenario de “hostigamiento y asedio” contra el magistrado desde 2019. También mencionó intentos de robo, pintadas intimidatorias, objetos sospechosos, hackeos y maniobras vinculadas a líneas telefónicas creadas a nombre del juez.
Con este nuevo episodio bajo investigación, la preocupación por la seguridad de Rosatti volvió a instalarse en el centro de la escena política y judicial. Mientras la causa avanza, una pregunta atraviesa los tribunales: ¿se trató de una coincidencia o de un nuevo capítulo de una trama más profunda?
ND