El Gobierno de Javier Milei cerró una jornada parlamentaria con sabor a triunfo y volvió a mostrar capacidad para construir mayorías en la Cámara de Diputados.
Después de alcanzar una cómoda ventaja con la aprobación de la denominada Ley Hojarasca, el oficialismo avanzó con otro proyecto sensible: una reforma al régimen de Zona Fría que modifica subsidios al gas y reduce la cantidad de beneficiarios.
Con 132 votos afirmativos contra 105 negativos, la iniciativa obtuvo media sanción y ahora deberá ser debatida en el Senado. El resultado representó una nueva muestra de fortaleza política para La Libertad Avanza, que logró ordenar alianzas y consolidar apoyos con sectores del PRO, la UCR y bloques provinciales.
La sesión también dejó una lectura política clara: la oposición volvió a quedar lejos del número necesario para frenar el temario impulsado por el Ejecutivo.
La reforma propone una reducción del universo de beneficiarios alcanzados por los subsidios para regiones con bajas temperaturas. El objetivo oficial es modificar el criterio vigente y concentrar la ayuda en usuarios con menor capacidad económica.
La legislación aprobada en 2021 había ampliado el beneficio a más de tres millones de hogares distribuidos en diez provincias, incorporando descuentos de entre el 30% y el 50% en las tarifas de gas.

Ahora, el Gobierno busca restringir esa cobertura y utilizar como parámetro el esquema de Subsidios Energéticos Focalizados. Bajo este nuevo criterio, la asistencia se orientaría principalmente a sectores considerados de bajos ingresos.
La secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti, defendió el proyecto con una frase que sintetiza la postura oficial: quienes puedan afrontar el costo pleno del servicio deberán hacerlo y el Estado concentrará la ayuda en quienes más lo necesiten.
Uno de los puntos que generó mayor polémica tiene que ver con la aplicación del subsidio. Quienes continúen dentro del régimen recibirán la ayuda únicamente sobre el consumo de gas y no sobre otros componentes de la factura, como transporte o distribución.
En términos concretos, eso implica que muchos usuarios podrían enfrentar aumentos incluso manteniendo el beneficio.
Además, el esquema actual se financia mediante un recargo del 7,4% en las facturas de gas de todos los usuarios del país. Según estimaciones oficiales, esos fondos superarían los 272 mil millones de pesos.

La modificación también prevé mecanismos de compensación para empresas distribuidoras y transportistas por deudas acumuladas durante períodos anteriores de emergencia tarifaria.
La mayoría oficialista se construyó con apoyo de aliados provinciales y acuerdos de último momento. Distintas versiones señalaron que algunas provincias podrían recibir beneficios vinculados a subsidios eléctricos para garantizar acompañamiento político.
La sesión, además, tuvo un efecto colateral clave: dejó sin margen a sectores opositores que impulsaban una interpelación contra Manuel Adorni.
Con una nueva victoria legislativa, el oficialismo ratificó una tendencia que comienza a repetirse: convertir el Congreso en un terreno cada vez más favorable para la agenda de reformas impulsada por Milei.
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