El Gobierno nacional oficializó una nueva actualización de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, en medio de la fuerte crisis financiera y judicial que atraviesa el sector por las demoras en pagos denunciadas por prestadores, centros terapéuticos y familias en todo el país.
La medida fue publicada a través de la Resolución 517/2026 de la Secretaría Nacional de Discapacidad del Ministerio de Salud, encabezada por Alejandro Vilches, y establece un incremento del 2,60% para mayo de 2026 sobre todos los valores vigentes del nomenclador.
El ajuste se calculó en base a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a abril de 2026 y alcanza a centros de día, hogares, prestaciones educativas, rehabilitación, transporte, integración escolar y módulos terapéuticos, entre otros servicios contemplados por la Ley 24.901.

La actualización llega apenas días después de que el Juzgado Federal en lo Contencioso Administrativo N°2 de Córdoba ordenara al PAMI y al Ministerio de Salud regularizar de manera urgente los pagos adeudados a prestadores vinculados a discapacidad.
La medida cautelar, dictada por el juez federal Hugo Vaca Narvaja, obligó al Estado a comenzar a normalizar pagos en un plazo de 72 horas, luego de denuncias por atrasos, falta de cobertura y riesgo de interrupción de tratamientos.
El conflicto se agravó durante los últimos meses por reclamos de instituciones, transportistas, profesionales y familias que alertaron sobre cierres de centros, suspensión de terapias y problemas para sostener prestaciones básicas.
En paralelo, el propio Gobierno reconoció en un informe de gestión presentado ante Diputados que la deuda acumulada del programa Incluir Salud supera los $69.500 millones y afecta a 770 prestadores.

La resolución establece una suba general del 2,60% sobre los valores que ya habían sido actualizados en abril.
Además, el Gobierno ratificó la continuidad del adicional del 20% por zona desfavorable para prestaciones brindadas en provincias patagónicas.
Según el texto oficial, el objetivo es “adecuar los aranceles del nomenclador” en función de la inflación y de los acuerdos alcanzados por el Directorio del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral para Personas con Discapacidad.
Entre los principales incrementos aparecen los módulos vinculados a centros terapéuticos y educativos.
En Categoría A, los nuevos valores quedaron de la siguiente manera:
En Categoría B:
En Categoría C:
Los módulos de hogares permanentes y residencias también fueron actualizados.
En Categoría A:
En Categoría B:
En Categoría C:
La resolución también actualizó prestaciones individuales y terapéuticas incluidas dentro de la categoría única.
Entre los valores más relevantes aparecen:

Aunque el Gobierno avanza con la actualización arancelaria mensual ajustada por inflación, organizaciones vinculadas a discapacidad sostienen que los incrementos continúan por debajo de los costos reales de funcionamiento y advierten que la principal preocupación sigue siendo la deuda acumulada y la demora en los pagos.
Prestadores, transportistas y centros terapéuticos denuncian que muchos servicios continúan funcionando con fuertes dificultades económicas y aseguran que el atraso en las transferencias estatales compromete salarios, alquileres y continuidad de tratamientos.