La irrupción de más de 15 diputados y senadores de La Libertad Avanza en la sede central del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) marca un punto de inflexión en la disputa política entre la administración de Javier Milei y el gobierno de Axel Kicillof. El pedido de informes ingresado este jueves en la oficina de calle 46, en La Plata, busca capitalizar el malestar social tras la Marcha Federal de Salud y conectar la situación local de los afiliados con la deuda que la Provincia mantiene con el Hospital Garrahan.
Presentamos un pedido formal de acceso a documentos administrativos en IOMA para exigir respuestas sobre la crisis que atraviesan millones de afiliados bonaerenses.
— Carlos Curestis (@CarlosCurestis) May 21, 2026
Queremos saber qué pasa con la deuda a prestadores, la falta de cobertura, las demoras en atención y el destino de… pic.twitter.com/LsPjZdTLDV
El avance libertario expone una táctica de presión que apunta al corazón administrativo de la gestión camporista en la Provincia. Mientras los legisladores denuncian una "parálisis legislativa" que impide el tratamiento de temas urgentes, el trasfondo operativo revela una intrincada red de deudas entre organismos provinciales y nacionales que hoy atraviesa a más de dos millones de afiliados.
El conflicto funciona como un eslabón crítico en la cadena de pagos del sistema sanitario: el Gobierno de Javier Milei sostiene que la deuda de 9.151 millones de pesos que la Provincia mantiene con el Hospital Garrahan es una consecuencia directa de la ineficiencia y las demoras en los pagos de IOMA, utilizando esta conexión financiera como una herramienta de presión política contra Axel Kicillof.
Este jueves la delegación de La Libertad Avanza se presentó en la sede platense de la obra social estatal con el objetivo de exigir acceso a la información pública financiera. El grupo estuvo encabezado por los senadores Carlos Curestis, Analía Balaudo, Diego Valenzuela, Matías de Urraza y Luciano Olivera, junto a una docena de diputados provinciales.

El documento presentado en mesa de entradas exige precisiones sobre los siguientes ejes críticos:
"Estamos hablando de una obra social que administra recursos públicos de más de dos millones de bonaerenses y que hoy atraviesa una crisis prestacional por la ineficiencia del gobierno provincial", dijo Carlos Curestis, jefe del bloque de senadores, al finalizar la presentación del escrito.
La ofensiva de los legisladores libertarios no es casual. El miércoles, la Oficina de Respuesta Oficial del Gobierno nacional intimó a Axel Kicillof a pagar 9.151.216.131 pesos que la Provincia debe al Hospital Garrahan a través de prestaciones de IOMA para niños. El Gobierno argumenta que la obra social provincial retiene fondos que, por ley y por convenios, deberían girarse al centro pediátrico de alta complejidad.
PAGUEN LO QUE DEBEN YA
— Oficina de Respuesta Oficial (@RespOficial_Arg) May 21, 2026
Efectivamente, esa es la deuda real que tienen con los chicos con cáncer, Ministro: $9.151.216.131 que la Provincia de Buenos Aires (a través de IOMA) le debe al Hospital Garrahan por prestaciones a niños bonaerenses.
No es una “mentira”. Es la cifra que… https://t.co/9snRg9iTnu
Desde la Casa Rosada explican que si IOMA no cancela sus deudas con los prestadores, el flujo de caja se interrumpe y obliga a los hospitales nacionales —como el Garrahan, que atiende más del 40% de los casos oncológicos pediátricos del país— a absorber los costos. Así, la "deuda circular" permite al Gobierno nacional exponer la crisis sanitaria provincial no solo como un problema de gestión, sino como una falla estructural en la administración de fondos públicos de los afiliados bonaerenses.
El Ministerio de Salud bonaerense sostiene que la crisis prestacional del IOMA se agrava por el desfinanciamiento proveniente de la Nación. Según un informe presentado por el gobernador Axel Kicillof ante más de 60 intendentes, el Gobierno recortó el presupuesto en Salud un 40% desde diciembre de 2023, lo cual paralizó programas esenciales de atención y prevención.
Esta política de ajuste generó una transferencia de demanda hacia el sector público provincial y municipal. Ante la desregulación de las prepagas y el aumento de los costos, más de 742.000 personas perdieron su cobertura privada, lo que sobrecargó la capacidad operativa de los hospitales bonaerenses. Este fenómeno, según la gestión provincial, limita la capacidad de respuesta frente a la creciente demanda asistencial.
Tras la irrupción de los legisladores libertarios, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, ratificó su respaldo a la conducción de IOMA y atribuyó el conflicto a un plan sistemático de desprestigio. El funcionario, referente de La Cámpora, desestimó las acusaciones de ineficiencia y las enmarcó en la política de ajuste del Gobierno nacional.
No se gasten. A ustedes les dan agua y tierra, y no saben hacer barro. Y de ustedes tampoco nos vamos a olvidar.
— Nicolás Kreplak (@nkreplak) May 21, 2026
"Frente a una crisis sanitaria cada vez más profunda, la única respuesta que encuentran es atacar al IOMA y politizar la discusión", afirmó Kreplak. El titular de Salud argumentó que la obra social sostiene sus prestaciones a pesar de un escenario adverso, señalando que la caída de aportes municipales genera un déficit mensual cercano a los 10.000 millones de pesos, producto del deterioro salarial en los distritos.
El conflicto de fondo se manifiesta en la cadena de pagos. Para este viernes, el Colegio de Psicólogos de La Plata confirmó un paro de actividades debido a la falta de emisión de órdenes de pago, a pesar de que las facturas cuentan con remito desde hace más de 30 días. Esta medida se suma a las denuncias de la Agremiación Médica Platense, que reclama una deuda acumulada superior a los 1.190 millones de pesos.
"Todas las obras sociales están complicadas, hay que hacer un sinceramiento de lo que debe cobrar un médico", advirtió Gastón Quintans, titular de la Agremiación Médica Platense. La situación se agrava por decisiones unilaterales de la obra social para establecer valores de prestaciones que, según los profesionales, no cubren los costos mínimos de funcionamiento.
El malestar frente a la gestión de Homero Giles no es nuevo. En noviembre de 2025, el concejal de Esteban Echeverría, Marcelo Mazzeo, presentó una denuncia formal contra la cúpula del IOMA y el gobernador Kicillof. El expediente judicial incluye carátulas graves como "administración fraudulenta agravada", "malversación de caudales públicos" y "asociación ilícita".
La causa judicial sostiene que existen irregularidades estructurales en el manejo de los fondos y en la toma de decisiones administrativas. Este antecedente legal es utilizado por la oposición para respaldar el argumento de que la crisis actual no es solo fruto de la macroeconomía, sino de un diseño administrativo que favorece la discrecionalidad política sobre la eficiencia prestacional.
TM