Un grupo de diputados nacionales de La Libertad Avanza presentó en el Congreso un proyecto de ley para establecer un régimen nacional de gestión integral de neumáticos fuera de uso (NFU), con foco en la protección ambiental, la economía circular y la valorización energética de esos residuos.
La iniciativa fue encabezada por la diputada Lorena Villaverde y acompañada por legisladores libertarios como José Peluc, Carlos Zapata y Federico Tournier, entre otros.
El proyecto propone crear presupuestos mínimos de protección ambiental para el tratamiento de neumáticos descartados, en línea con el artículo 41 de la Constitución Nacional y bajo un esquema basado en la “responsabilidad extendida del productor”.
La propuesta legislativa apunta a regular el ciclo completo de los neumáticos una vez finalizada su vida útil, promoviendo mecanismos de reutilización, reciclaje y aprovechamiento energético.
Entre sus objetivos centrales, el texto menciona impulsar la economía circular, reducir el impacto ambiental de los residuos, fomentar el empleo verde, promover la valorización energética y disminuir el uso de combustibles fósiles.
La iniciativa también establece que los neumáticos fuera de uso podrán ser aprovechados mediante procesos de coprocesamiento industrial, especialmente en hornos cementeros, como alternativa energética.
En los fundamentos, los diputados advierten que la acumulación y disposición inadecuada de neumáticos constituye una problemática ambiental y sanitaria de alcance nacional.
Según argumentan, los neumáticos abandonados generan acumulación de agua y proliferación de mosquitos transmisores de enfermedades como dengue, zika y chikungunya.
Además, riesgo de incendios y quemas tóxicas, ocupación de grandes superficies y saturación de rellenos sanitarios.
El proyecto sostiene además que este tipo de residuos tiene baja degradación y genera complicaciones ambientales incluso cuando es enterrado en basurales o rellenos sanitarios.

La iniciativa establece que los productores e importadores de neumáticos serán responsables de organizar y financiar el sistema de gestión ambiental de los residuos generados por esos productos.
Ese esquema responde al principio de “Responsabilidad Extendida del Productor” (REP), utilizado en distintos países para obligar a las empresas a hacerse cargo del tratamiento de los residuos derivados de los productos que comercializan.
Además, el proyecto dispone que los distribuidores deberán recibir gratuitamente neumáticos usados equivalentes a los que comercialicen y los generadores de NFU deberán entregarlos a sistemas autorizados. La gestión deberá realizarse mediante operadores habilitados.
También se prevé la creación de sistemas individuales o colectivos de gestión, sujetos a autorización estatal y con mecanismos obligatorios de trazabilidad y control.
El proyecto incluye una serie de prohibiciones vinculadas al manejo de neumáticos fuera de uso. Entre ellas:
Asimismo, el texto establece que el destino final de los residuos remanentes no podrá contemplar enterramiento.
La iniciativa determina que la autoridad nacional de aplicación será el organismo ambiental de mayor jerarquía del Poder Ejecutivo Nacional, en coordinación con el área competente en industria y producción.
Ese organismo tendría facultades para diseñar políticas ambientales, crear registros públicos, establecer metas de recuperación y valorización, y aplicar sanciones.
El régimen sancionatorio contempla apercibimientos, multas económicas, suspensiones, clausuras y obligaciones de publicación de sanciones para quienes incumplan la normativa.

En los fundamentos, los legisladores libertarios sostienen que el proyecto busca compatibilizar protección ambiental, desarrollo económico y competitividad productiva.
El texto remarca que la propuesta evita “parámetros numéricos rígidos” y deja en manos de la reglamentación futura la definición de metas progresivas de recuperación y valorización, con criterios de gradualidad y flexibilidad técnica.
Según los autores, el objetivo es crear “un instrumento moderno, alineado con estándares internacionales”, que combine control estatal, responsabilidad empresarial y promoción de nuevas cadenas productivas vinculadas al reciclado y la valorización energética.