Emergencia industrial por un año: el plan K en Diputados para salvar empleos

La diputada peronista Gabriela Estévez impulsó en el Congreso un proyecto de ley para declarar la emergencia del sector industrial en todo el territorio argentino por el plazo de un año, con el objetivo de proteger la actividad manufacturera y sostener el empleo registrado frente al deterioro económico y productivo.

La iniciativa propone una serie de medidas fiscales, financieras y administrativas destinadas a asistir a empresas industriales, especialmente en un contexto marcado por caída de la actividad, pérdida de puestos de trabajo y aumento de la competencia importada.

Según el texto, el proyecto busca “mitigar la desarticulación de las capacidades productivas nacionales” mediante herramientas de alivio impositivo y mecanismos de compensación automática para las empresas del sector.

Qué propone el proyecto de emergencia industrial

La propuesta establece la declaración de emergencia del sector industrial por 12 meses en todo el país.

El beneficio alcanzaría a personas humanas y jurídicas comprendidas dentro de la Sección C del Clasificador Nacional de Actividades Económicas (CLANAE), es decir, empresas vinculadas a actividades manufactureras e industriales.

Entre las medidas centrales incluidas en el proyecto aparecen:

• Liberación y compensación de saldos técnicos de IVA.
• Eliminación temporal de derechos de exportación industriales.
• Creación de un régimen automático de compensación de aranceles mediante contribuciones patronales.
• Creación de un Consejo Industrial Federal para monitorear la situación del sector.

La creación del Consejo Industrial Federal

Uno de los puntos centrales de la iniciativa es la conformación del Consejo Industrial Federal (COIF), un organismo integrado por representantes del Estado, cámaras empresariales, PyMEs, sindicatos y organismos científicos y tecnológicos.

El consejo estaría compuesto por:

• Representantes del Poder Ejecutivo.
• Integrantes del Consejo Federal de Inversiones (CFI).
• Cámaras industriales.
• Representantes PyME.
• Miembros del INTI y el CONICET.
• Organizaciones sindicales del sector industrial.

Entre sus funciones se incluyen el monitoreo de la actividad industrial, el análisis del empleo, la detección de prácticas de dumping y la elaboración de propuestas para sostener la producción nacional.

Además, el proyecto le otorga facultades para supervisar la interoperabilidad de los sistemas informáticos de ARCA y ANSES, con el objetivo de garantizar la aplicación automática de beneficios fiscales contemplados en la ley.

Beneficios fiscales y alivio para las empresas

La iniciativa contempla la disponibilidad y compensación de saldos técnicos de IVA acumulados por inversiones en bienes de capital o servicios productivos.

De acuerdo con el proyecto, los saldos a favor que no hayan sido absorbidos en tres períodos fiscales podrían utilizarse para:

• Cancelar otros impuestos nacionales.
• Pagar contribuciones patronales.
• Solicitar devolución en efectivo en un plazo máximo de 60 días.

La propuesta también establece una alícuota del 0% para los derechos de exportación aplicados a mercaderías industriales, incluyendo manufacturas de origen industrial e insumos básicos, mientras dure la emergencia.

Cómo funcionaría el sistema de compensación automática

Otro de los ejes centrales del proyecto es la creación de un Régimen de Compensación Automática de Aranceles por Contribuciones Patronales.

El mecanismo prevé que el 100% de lo recaudado por derechos de importación y tasa de estadística sobre bienes de capital e insumos industriales sea transferido automáticamente desde ARCA hacia ANSES.

Esos fondos serían utilizados como pago a cuenta de las cargas sociales de las empresas importadoras beneficiadas por la ley.

Según el texto, el sistema debería operar de forma automática e instantánea, evitando demoras administrativas o validaciones adicionales por parte del Poder Ejecutivo.

Los fundamentos del proyecto y la situación industrial

En los fundamentos, Estévez sostiene que la industria argentina atraviesa un “deterioro sistemático” que afecta tanto a trabajadores como a empresas y economías regionales.

El proyecto cita datos del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina, según los cuales más de la mitad de las empresas registraron caídas en su actividad y un 22,2% informó retrocesos en empleo.

Además, menciona un informe de la consultora Audemus que reportó el cierre de 2.436 empresas manufactureras y la pérdida de 72.955 puestos de trabajo durante el último bienio.

La iniciativa también advierte sobre el incremento de la capacidad instalada ociosa y el avance de productos importados sobre distintos sectores industriales nacionales.