Qué cambia si avanza la prohibición de vapeadores en Buenos Aires

El bloque de diputados bonaerenses de UCR-Unión Cívica Radical presentó un proyecto de ley para prohibir la venta de vapeadores y cigarrillos electrónicos en la provincia de Buenos Aires, luego de la desregulación impulsada por el Gobierno nacional.

La iniciativa, encabezada por la diputada Alejandra Lordén, busca frenar la comercialización, distribución, importación y publicidad de estos dispositivos electrónicos, especialmente por el crecimiento del consumo entre adolescentes.

El radicalismo busca ponerle un freno al vapeo

El proyecto apunta directamente contra la Resolución 549/2026 de la Secretaría de Salud y la ANMAT, que flexibilizó las restricciones para vapeadores y cigarrillos electrónicos.

El texto establece que quedará prohibida la venta y promoción de estos productos “con independencia de la habilitación que pudiera otorgar la autoridad sanitaria nacional”, en un abierto desafío a la normativa impulsada por el gobierno de Javier Milei.

Alertan por el avance del consumo entre adolescentes

Los diputados radicales fundamentaron el proyecto en estadísticas del SEDRONAR que muestran un fuerte crecimiento del consumo de vapeadores entre estudiantes secundarios.

Según los datos citados, el 35,5% de los jóvenes de entre 13 y 17 años consume cigarrillos electrónicos o vapeadores, convirtiéndose en una de las sustancias más utilizadas dentro de esa franja etaria.

“Estamos frente a una problemática sanitaria que avanza de manera silenciosa entre nuestros jóvenes”, sostuvo Alejandra Lordén, quien advirtió sobre riesgos respiratorios, cardiovasculares y neurológicos vinculados al consumo.

Redes sociales, influencers y multas millonarias

El proyecto también endurece las restricciones sobre la publicidad digital de vapeadores y cigarrillos electrónicos.

La normativa prohíbe promociones en redes sociales, plataformas de streaming e influencers, además de impedir la venta mediante aplicaciones móviles o plataformas de comercio electrónico dentro de territorio bonaerense.

Quienes incumplan la ley podrían enfrentar multas millonarias, clausuras e inhabilitaciones comerciales.

Según el texto, el dinero recaudado por sanciones será destinado exclusivamente a programas de prevención de adicciones y salud adolescente.

Intendentes, decomisos y tensión política

La iniciativa otorga además facultades a los ministerios bonaerenses de Producción y Salud para decomisar y destruir mercadería vinculada a vapeadores y cigarrillos electrónicos.

A su vez, delega en los intendentes el control sobre comercios locales, en medio de un escenario político atravesado por las tensiones internas del peronismo en la Legislatura bonaerense.

“El Estado provincial tiene la obligación de proteger a las nuevas generaciones”, afirmó Lordén, mientras el proyecto espera tratamiento parlamentario junto a decenas de iniciativas frenadas por la interna política en la provincia.