22/05/2026 - Edición Nº1200

Política

Claves jurídicas

Más rapidez o más dudas: el efecto real de la IA en tus gestiones legales

22/05/2026 | Una encuesta entre profesionales reveló que una de las principales incomodidades no es técnica, sino cultural.



La inteligencia artificial dejó de ser una promesa futurista para convertirse en una herramienta cotidiana dentro del trabajo jurídico. Hoy se utiliza para resumir expedientes, ordenar argumentos, comparar versiones de documentos, traducir textos, buscar antecedentes, corregir escritos o preparar borradores preliminares. Sin embargo, su expansión dentro de los estudios y tribunales todavía convive con una resistencia silenciosa.

Una encuesta realizada por el medio especializado Diario Judicial entre sus lectores mostró un dato revelador sobre esa tensión. Ante la consulta sobre cuál era la principal dificultad al usar herramientas de inteligencia artificial, una de las respuestas más repetidas no apuntó a problemas técnicos ni a la falta de capacitación. La frase fue otra: “No quiero que sepan que uso IA”.

La respuesta expone un fenómeno más profundo que una simple dificultad operativa. En buena parte del ámbito jurídico todavía persiste la idea de que recurrir a inteligencia artificial implica una forma de “hacer trampa”, como si utilizar estas herramientas pusiera en duda el mérito profesional o la autenticidad del trabajo intelectual.

Durante décadas, los abogados incorporaron nuevas tecnologías sin que eso afectara la percepción sobre su capacidad profesional. Bases de datos jurídicas, buscadores de jurisprudencia, modelos de escritos, correctores ortográficos o sistemas digitales de gestión fueron naturalizados rápidamente. Pero la IA generativa genera otra reacción: la sospecha de que, si una herramienta colaboró en la redacción o en la organización de ideas, el trabajo perdió legitimidad.

Entre la asistencia y la responsabilidad profesional

La IA puede acelerar tareas mecánicas, detectar omisiones, mejorar la claridad de un texto o ayudar a estructurar información compleja. Pero eso no implica delegar la responsabilidad profesional. En el ejercicio del derecho, la decisión final sigue dependiendo del abogado que revisa, corrige, verifica y firma el contenido.

El problema aparece cuando la discusión se desplaza desde el uso responsable hacia la estigmatización. En muchos estudios jurídicos y litigios ya existe una práctica habitual de intentar darse cuenta cuando la contraparte utilizando inteligencia artificial para cuestionar su trabajo ante un tribunal y obtener ventaja procesal.

Ese escenario alimenta una especie de clandestinidad tecnológica. Muchos profesionales utilizan IA de manera cotidiana, pero prefieren no admitirlo públicamente frente a colegas, clientes o jueces. Según advierten especialistas, esa lógica puede ser más riesgosa que el uso transparente, porque empuja el debate sobre límites y buenas prácticas hacia una zona opaca.

La preocupación ya no pasa solamente por la precisión de las respuestas o el riesgo de jurisprudencia inventada. También incluye cuestiones sensibles como la confidencialidad de los datos, la protección de información profesional, el control humano sobre los resultados y la necesidad de verificar cada contenido generado.

El debate sobre la transparencia y los límites

Frente al avance de estas herramientas, distintas instituciones comenzaron a elaborar guías y recomendaciones. El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal publicó en 2025 una guía orientada a promover un uso “ético y responsable” de la inteligencia artificial dentro de la profesión.

Entre otras cuestiones, el documento plantea deberes de transparencia frente al cliente y recomienda informar cuándo se utilizan herramientas de IA durante el trabajo jurídico. En una línea similar, el Colegio de Abogados de Rosario impulsó modelos de consentimiento informado para el uso de inteligencia artificial generativa en el ejercicio profesional.

¿Regular o prohibir?

Estas iniciativas abrieron una discusión incómoda dentro del sector. Muchos abogados consideran que exigir autorizaciones específicas o revelar metodologías internas implica aplicar estándares desproporcionados a una herramienta que, en definitiva, funciona como un mecanismo de asistencia profesional más.

La discusión de fondo apunta a una pregunta central: ¿Por qué el uso de inteligencia artificial debería transparentarse de una manera distinta a la consulta con colegas, el uso de modelos de escritos o las búsquedas en bases privadas de jurisprudencia?

Para no pocos especialistas, el eje no debería estar puesto en penalizar el uso de IA, sino en controlar las consecuencias de un uso negligente. No es lo mismo presentar jurisprudencia falsa generada automáticamente que utilizar una herramienta para ordenar ideas, resumir documentos o mejorar la redacción de un escrito bajo supervisión humana.

La encuesta refleja, en definitiva, que el mundo jurídico ya comenzó a incorporar inteligencia artificial en sus rutinas diarias. Pero también muestra que buena parte de los profesionales todavía no sabe cómo convivir públicamente con esa transformación.

 

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