Intervinieron la UOM tras las elecciones: qué pasará con los salarios de junio

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) atraviesa hoy su momento de mayor incertidumbre política y operativa en décadas. Tras una resolución judicial de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, se anuló la elección nacional que había ratificado a Abel Furlán como secretario general. La decisión incluye la intervención judicial del gremio por un plazo de 180 días y el cese inmediato de todos sus funcionarios electos, dejando a la organización sin una conducción legitimada para actuar ante organismos públicos o cámaras empresarias.

Esta situación de acefalía ocurre en el peor momento posible para el trabajador de planta: el gremio mantenía una paritaria abierta y sin definiciones. Mientras los operarios aguardaban la concreción de un adelanto salarial del 10% para el mes de mayo, la desaparición de la firma autorizada de la conducción sindical bloquea cualquier posibilidad de avanzar con los empresarios. La incertidumbre sobre el cobro de nuevos incrementos en junio es absoluta ante la falta de interlocutores válidos que puedan formalizar acuerdos.

La intervención judicial desplaza a la conducción de Abel Furlán y congela cualquier negociación paritaria, ya que al no contar con la certificación de autoridades y estar el gremio bajo control del interventor Alberto Biglieri, no existe representación legal para homologar aumentos salariales ante la Secretaría de Trabajo, dejando los sueldos atados a la última escala vigente.

El impacto directo en el bolsillo: la parálisis paritaria

La negociación que llevaba adelante el equipo de Furlán se encuentra frenada desde hace semanas. El gremio exigía un adelanto salarial del 10% a partir de abril de 2026 como mecanismo transitorio frente a la inflación, pero las cámaras empresarias postergaron sistemáticamente las respuestas.

Con la intervención del sindicato, el escenario de cobro para junio presenta riesgos críticos:

• Inexistencia de firma: cualquier acuerdo que se intente sellar hoy carece de validez legal, dado que las autoridades nacionales fueron desplazadas y el interventor recién comienza a tomar control de la estructura.
• Bloqueo administrativo: la Secretaría de Trabajo no puede homologar acuerdos presentados por funcionarios cesados, y el nuevo interventor deberá primero asumir sus funciones y revisar el estado contable antes de sentarse a negociar.
• Incertidumbre salarial: el trabajador metalúrgico permanece cobrando con las escalas de abril, sin actualizaciones para mayo ni un horizonte claro para el aumento previsto de junio.

La anulación de los comicios: falta de transparencia en Zárate-Campana

El fallo de los jueces Víctor Arturo Pesino y María Dora González determinó que las elecciones realizadas entre el 2 y el 4 de marzo en la seccional Zárate-Campana estuvieron viciadas de nulidad.

La Cámara consideró que el proceso "no garantizó una elección confiable, segura ni transparente" y enumeró las fallas centrales:

• Custodia deficiente: las urnas permanecieron bajo el control exclusivo de la Junta Electoral seccional en la sede sindical, sin escrutinios provisorios diarios que permitieran auditar los resultados.
• Medidas irrazonables: el tribunal calificó como "inaceptable e irrazonable" la invitación a los fiscales opositores a pernoctar dentro de la sede gremial para cuidar las urnas.
• Vulneración de principios: la extensión de la elección durante tres jornadas, sin los controles reforzados que exigía el estatuto, "destruyó la objetividad de todo el proceso".

El efecto dominó: la nulidad de la elección nacional

La Cámara advirtió que la irregularidad en la seccional Zárate-Campana contaminó automáticamente la elección nacional del 18 de marzo. Dado que el secretario general nacional es elegido a través de un Colegio Electoral compuesto por delegados de las seccionales, la invalidez de los representantes de Campana invalidó toda la estructura posterior.

"Si el Colegio Electoral se encontró deficientemente conformado nunca pudo haber elegido válidamente al secretario general nacional", sentenció el tribunal. Por este motivo, el cese de Furlán y su secretariado es total y automático, invalidando también cualquier designación o decisión tomada por ellos desde el 22 de marzo, momento en que vencieron sus mandatos anteriores.

El desafío previo y el rol del interventor Alberto Biglieri

Apenas un día antes de la elección nacional de marzo, la Cámara ya había suspendido el proceso ante las denuncias de la Lista Naranja. Sin embargo, Abel Furlán ignoró la orden judicial y realizó el congreso en el que fue reelecto con el apoyo de 48 de las 53 seccionales. Este desafío a la Justicia terminó por precipitar la intervención judicial.

Ahora, el abogado Alberto Biglieri asume la administración del gremio metalúrgico con facultades plenas. Su hoja de ruta es clara y compleja:

• Administración y control: ejercerá el mando administrativo y el control interno de la organización nacional y la seccional Zárate-Campana.
• Auditoría: deberá supervisar el estado de los fondos sindicales, los cuales fueron objeto de críticas por parte de los opositores durante el proceso electoral.
• Convocatoria a elecciones: dispone de un plazo máximo de 180 días para normalizar la situación y llamar a nuevos comicios que garanticen la transparencia que el Poder Judicial consideró ausente.

TM