La Casa de Gobierno de Tucumán fue escenario de la primera sesión del Consejo Regional de Seguridad Interior del NOA, un encuentro clave que reunió a los mandatarios provinciales con la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva. El objetivo central fue formalizar una estrategia coordinada contra el narcotráfico y el contrabando, flagelos que, según datos oficiales, concentran en esta región el 70% de las incautaciones de cocaína del país.
La propuesta nacional incluye la firma de convenios específicos para combatir los llamados vuelos TAI (Tránsito Aéreo Irregular). Sin embargo, la iniciativa se desarrolla bajo una contradicción técnica y financiera: mientras la Nación propone integrar a los gobiernos provinciales en redes de inteligencia global, los registros presupuestarios nacionales exhiben recortes millonarios en el despliegue operativo de Gendarmería, la fuerza fundamental para ejecutar las acciones en territorio una vez detectada la amenaza aérea.
La estrategia de Monteoliva busca que las provincias se conviertan en nodos activos de una red de inteligencia internacional, pero el plan choca contra la realidad operativa del ajuste presupuestario que alcanzó los $1.800 millones en Gendarmería, debilitando la logística necesaria para interceptar las aeronaves detectadas.
Durante el encuentro, la ministra Alejandra Monteoliva expuso los alcances del Programa Colibrí, una iniciativa impulsada por la Organización Mundial de Aduanas (OMA) y financiada por la Unión Europea. La propuesta central apunta a que las provincias del norte argentino actúen como puntos de monitoreo activo de la aviación general.

Monteoliva destacó la necesidad de este esquema regional al señalar: "La seguridad en Argentina es un ejercicio profundamente federal. Sabemos que la seguridad no se puede gestionar en solitario ni individualmente". La ministra detalló que la intención es firmar convenios específicos con Salta, Jujuy y Tucumán para controlar el tránsito aéreo, argumentando que el foco no debe estar solo en el control terrestre, sino también en el aire.
La propuesta de inteligencia aérea llega en un momento de tensión presupuestaria. Según datos del Boletín Oficial, el reajuste en Gendarmería Nacional totaliza $1.800 millones, afectando programas críticos para la lucha contra el narcotráfico en la región.

El desglose de la quita presupuestaria es el siguiente:
Legisladores y especialistas en seguridad advierten que esta reducción de fondos limita la capacidad de despliegue, equipamiento y logística de la fuerza, dejando a los gobernadores con más responsabilidad de vigilancia pero con menor respaldo operativo federal.
El gobernador Osvaldo Jaldo destacó el trabajo realizado con el Operativo Lapacho, una iniciativa que combina fuerzas provinciales y federales para el control de rutas. Jaldo presentó los resultados del trabajo conjunto y propuso a sus pares regionales avanzar en una adquisición de tecnología de manera coordinada.

"Vamos a proponer inversiones conjuntas en tecnología. No es lo mismo salir a buscar cuatro equipos que adquirir 20", señaló el ministro de Seguridad tucumano, Eugenio Agüero Gamboa. La provincia busca, además, implementar el uso de pistolas Taser en el corto plazo para ampliar las herramientas preventivas en su fuerza policial, buscando compensar con mayor capacidad tecnológica los déficits de infraestructura observados en años anteriores.
El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, hizo hincapié en que el crimen organizado no respeta jurisdicciones. Sáenz valoró el despliegue de 1.700 efectivos de la Prefectura Naval en territorio salteño, pero insistió en que el salario de quienes operan en la frontera debe ser una prioridad nacional. "Quienes defienden la patria todos los días deben tener reconocimiento y un salario digno. La seguridad no es un gasto, es una inversión", sentenció el mandatario.

Sáenz también resaltó que la problemática de los vuelos ilegales requiere una solución definitiva que contemple la radarización constante. El gobernador remarcó que las operaciones actuales dependen de radares móviles y esfuerzos puntuales, lo que permite que las organizaciones criminales modifiquen sus rutas con facilidad al notar mayor presencia estatal en puntos críticos.
Los gobernadores Carlos Sadir y Elías Suárez coincidieron en la necesidad de mejorar la capacidad de respuesta frente al delito. Sadir advirtió que "más del 60 por ciento de la actividad del narcotráfico de cocaína se realiza en el NOA", por lo que calificó como vital la dotación de equipamiento y tecnología para las fuerzas provinciales.

En tanto, el santiagueño Elías Suárez remarcó que el esfuerzo provincial debe ser respaldado por una inteligencia centralizada. "Hay que pensar y repensar el recurso humano, la capacitación, la aplicación de tecnología y equipamiento, en el marco de una inteligencia que priorice la ejecución de medidas para enfrentar el narcotráfico y los delitos complejos", planteó el mandatario.
TM