Luis Patti y una histórica sesión de 8 horas: qué pasó el 23 de mayo de 2006

El 23 de mayo de 2006 quedó marcado como uno de los debates parlamentarios más intensos de la etapa posterior a la crisis de 2001 y en pleno proceso de reapertura de los juicios por delitos de lesa humanidad en Argentina.

Hace exactamente 20 años, la Cámara de Diputados decidió impedir el ingreso del ex comisario bonaerense Luis Abelardo Patti al Congreso Nacional, pese a haber sido electo como diputado por el Partido de Unidad Federalista (PAUFE).

Tras más de ocho horas de discusión, el cuerpo aprobó la impugnación de su diploma por considerar que existía una “falta de idoneidad moral” para ejercer el cargo. La votación terminó con 164 votos a favor de bloquear su asunción y 62 en contra.

La decisión generó un fuerte impacto político, jurídico e institucional, y abrió una discusión que atravesó tanto a oficialistas como opositores: hasta dónde puede llegar el Congreso para evaluar las condiciones morales de un legislador electo por el voto popular.

Un debate atravesado por los derechos humanos

El eje central de la discusión estuvo vinculado al pasado represivo de Patti durante la última dictadura militar. Los impulsores de la impugnación sostuvieron que existían pruebas, testimonios y causas judiciales suficientes para considerar incompatible su ingreso a la Cámara.

En ese momento, Patti estaba acusado de participar en secuestros, torturas y crímenes de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado. También era señalado por presuntos encubrimientos de violaciones a los derechos humanos en democracia.

Durante la sesión, el diputado Claudio Lozano resumió una de las posiciones más duras contra el ex comisario al afirmar: “No puede legislar un torturador”.

En la misma línea, Remo Carlotto sostuvo: “Vamos a impedir que sus manos que picanearon manejen dictámenes”.

El debate se dio además en un contexto político marcado por el impulso que el gobierno de Néstor Kirchner había dado a las políticas de memoria, verdad y justicia, tras la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

Los testimonios y el clima dentro del recinto

La sesión estuvo cargada de tensión política y emocional. En los palcos estuvieron presentes referentes de organismos de derechos humanos como Hebe de Bonafini, Estela de Carlotto y Nora Cortiñas, además de familiares de víctimas vinculadas a causas donde Patti aparecía mencionado.

Uno de los discursos más recordados fue el del diputado Gerónimo Vargas Aignasse, hijo de un desaparecido durante la dictadura. Allí evocó testimonios de víctimas que identificaban a Patti en sesiones de tortura realizadas en la comisaría de Escobar.

“He jurado por los desaparecidos y voy a dar mi vida antes de permitir que un genocida se siente en una banca”, expresó el legislador tucumano.

También intervino Miguel Bonasso, quien recordó declaraciones públicas del propio Patti sobre métodos policiales y sostuvo que el ex comisario había reconocido implícitamente prácticas ilegales.

Mientras tanto, desde los palcos se escuchaban cánticos de organizaciones de derechos humanos y también de simpatizantes del exintendente de Escobar, entre ellos sectores vinculados a la activista Cecilia Pando.

El argumento constitucional de quienes defendían a Patti

Los legisladores que se opusieron a la impugnación centraron sus cuestionamientos en el aspecto constitucional de la medida. Aunque muchos aclararon que repudiaban las acusaciones contra Patti, advirtieron que impedirle asumir sin condena firme implicaba vulnerar principios básicos del sistema republicano.

Uno de los principales argumentos fue que la Cámara no podía revisar la voluntad popular expresada en las urnas.

El radical Pedro Azcoiti sostuvo: “Me repugnan el asesinato y la tortura, pero juré por la Constitución y la voy a respetar”.

Desde sectores de la UCR, el PRO y fuerzas provinciales se remarcó que Patti había sido elegido democráticamente y que no existía una condena judicial firme en su contra en ese momento.

La diputada Adriana Tomaz advirtió que impedir su incorporación podía generar un precedente peligroso para futuras mayorías parlamentarias. “Si admitiéramos que la Cámara puede desconocer la voluntad popular, estaríamos violando los derechos políticos del diputado y de sus votantes”, afirmó.

El entonces diputado Pablo Tonelli también planteó que las garantías constitucionales debían aplicarse “para todos”, independientemente de la gravedad de las acusaciones.

La discusión jurídica: artículos 64 y 66 de la Constitución

Gran parte del debate giró alrededor de la interpretación constitucional sobre las facultades de la Cámara de Diputados.

Los defensores de Patti sostenían que el artículo 64 de la Constitución solamente habilitaba al Congreso a verificar requisitos formales para asumir -edad, ciudadanía y residencia- y no a evaluar cuestiones morales previas a la asunción.

También argumentaban que la eventual “inhabilidad moral” prevista en el artículo 66 solo podía aplicarse a un legislador ya incorporado al cuerpo y no antes de asumir.

Los impulsores de la impugnación, en cambio, afirmaban que los delitos de lesa humanidad poseen una naturaleza excepcional y que el Congreso tenía facultades políticas e institucionales para impedir el ingreso de una persona acusada de graves violaciones a los derechos humanos.

La entonces líder del ARI, Elisa Carrió, comparó el caso con los criterios establecidos tras el nazismo en los juicios de Núremberg y defendió la prevalencia del derecho internacional de los derechos humanos sobre interpretaciones estrictamente formales.

“El derecho de gentes está por encima de la regla de las mayorías”, sostuvo.

El respaldo político a la impugnación

La decisión fue respaldada por el bloque oficialista del Frente para la Victoria, el ARI, el socialismo y algunos diputados radicales. Entre los votos favorables hubo sectores que plantearon que el Congreso debía dar una señal política frente al pasado represivo argentino.

El entonces jefe del bloque kirchnerista, Agustín Rossi, rechazó además la llamada “teoría de los dos demonios” que había aparecido en parte del debate parlamentario.

“No hubo una guerra ni dos bandos, sino un plan sistemático de tortura y desaparición”, afirmó al cierre de la sesión.

La votación final mostró una amplia mayoría a favor de impedir la asunción de Patti, superando cómodamente los dos tercios necesarios.

El acto paralelo de Patti en Escobar

Mientras el debate avanzaba en el Congreso, Patti encabezó un acto político en Escobar junto a dirigentes y militantes del PAUFE.

Desde allí cuestionó duramente a quienes promovían la impugnación y denunció una persecución política: “Los derechos humanos son un partido político de izquierda en la Argentina”.

También calificó como “despreciables, cobardes y faltos de coraje” a los legisladores que votaban en su contra. Tras la decisión de Diputados, dirigentes del PAUFE anunciaron que recurrirían a la Justicia.

Qué pasó después del rechazo

La discusión no terminó aquella noche. El caso llegó años más tarde a la Corte Suprema de Justicia, que en 2008 declaró inválida la decisión de la Cámara y sostuvo que Patti debía haber asumido, ya que no existía una condena judicial firme al momento de su elección.

Sin embargo, para entonces Patti ya había sido detenido y procesado en causas por delitos de lesa humanidad.

En 2011 fue condenado a prisión perpetua por secuestros, torturas y asesinatos cometidos durante la última dictadura militar, en una sentencia vinculada a los casos Gastón Gonçalves, Diego Muñiz Barreto y José Fernández. Desde entonces recibió otras condenas en diferentes expedientes por crímenes de lesa humanidad.