El Gobierno festeja el 25 de Mayo con la patria en venta

Este 25 de Mayo encuentra al Gobierno de Javier Milei en una etapa muy definida de su programa: ajuste, venta de activos públicos y repliegue del Estado como organizador de la vida económica. La fecha empuja una comparación incómoda.

Mientras el discurso oficial habla de libertad, eficiencia y modernización, la práctica concreta de estos meses muestra otra escena: bienes de la Nación convertidos en fuente de caja, empresas públicas preparadas para su privatización y activos estratégicos puestos en el mercado para cubrir necesidades fiscales y financieras.

La liquidación como política

En febrero, el propio Gobierno dejó en claro que planeaba afrontar pagos de deuda con venta de bienes del Estado. En marzo, esa orientación tomó forma más precisa: Economía proyectó recaudar unos US$2000 millones en 2026 por privatizaciones y ventas de activos estatales.

En mayo, la Casa Rosada agregó otro destino para esos recursos: parte de lo obtenido por privatizaciones, ventas, concesiones y licitaciones será enviado al reequipamiento de las Fuerzas Armadas. La secuencia es bastante transparente: el patrimonio público pasó a ser una herramienta fiscal.

Las empresas en venta

La agenda de privatizaciones tiene nombres concretos. El Gobierno definió un plan para ocho empresas alcanzadas por la Ley Bases: Enarsa, Nucleoeléctrica, Yacimientos Carboníferos Río Turbio, Intercargo, AySA, Trenes Argentinos, Belgrano Cargas y Corredores Viales. En algunos casos se habla de privatización total, en otros de concesión, venta parcial o retiro progresivo del Estado. El paquete incluye energía, transporte, agua, logística y conectividad territorial. No son activos marginales. Son piezas de infraestructura económica y de soberanía material.

Inmuebles, concesiones y caja

La política de venta no se agota en empresas. También incluye inmuebles y otros bienes del Estado. Los planes oficiales hablan de “liquidación de activos” para reforzar ingresos y cumplir obligaciones financieras. Esa lógica tiene un efecto político claro: lo que durante décadas funcionó como patrimonio común empieza a ser tratado como stock disponible para vender, concesionar o subastar según la necesidad de recursos.

En términos fiscales puede aparecer como solución rápida. En términos históricos, deja una pregunta más pesada: qué queda después de vender lo que pertenecía a todos.

El retorno de una vieja receta

La orientación general recuerda experiencias argentinas ya conocidas. La discusión sobre privatizaciones volvió al centro desde el arranque mismo de la gestión y se consolidó con la Ley Bases. En la argumentación oficial, el objetivo es reducir déficit, mejorar eficiencia y atraer inversión privada. En la práctica, la urgencia de caja ocupa un lugar central.

Distintos análisis sobre el programa libertario remarcaron justamente ese punto: las privatizaciones volvieron a aparecer asociadas a necesidades fiscales y financieras más que a una estrategia de desarrollo de largo plazo.

Qué patria queda en pie

Un Estado que se desprende de sus herramientas productivas, energéticas, logísticas y territoriales queda con menos capacidad para planificar, invertir y ordenar desarrollo.

Este 25 de Mayo, la herida aparece ahí: en una Nación que en vez de discutir cómo ampliar su capacidad colectiva discute cuánto puede recaudar vendiendo lo que tiene. Y cuando el patrimonio público entra en esa lógica, la palabra patria deja de ser ceremonia y vuelve a convertirse en una pregunta concreta.