Después de casi seis meses de parálisis legislativa, la interna peronista bonaerense encontró un punto de tregua. No fue por la crisis de inseguridad, ni por el derrumbe de la infraestructura provincial, ni por los problemas financieros que atraviesan los municipios. El destrabe llegó recién cuando las distintas tribus del oficialismo terminaron de repartirse las principales comisiones y, sobre todo, las “cajas” políticas de la Legislatura bonaerense.
Con ese acuerdo precario sobre la mesa, la Cámara de Diputados bonaerense convocó finalmente a sesionar el próximo 28 de mayo. Será la primera sesión ordinaria del año y pondrá fin a un congelamiento institucional que empezaba a generar incomodidad incluso dentro del propio oficialismo.
La negociación dejó en claro quién manda y qué intereses se defendían detrás del bloqueo legislativo. Como ocurre históricamente en la política bonaerense, las comisiones estratégicas quedaron blindadas por el oficialismo y repartidas entre las distintas terminales del peronismo.
La poderosa comisión de Presupuesto e Impuestos, por donde pasa cada peso que maneja el gobernador Axel Kicillof, seguirá bajo control de Juan Pablo de Jesús, dirigente ligado al armado de Martín Insaurralde. El Frente Renovador de Sergio Massa retuvo Legislación General con Rubén Eslaiman, mientras que el kicillofismo se aseguró Asuntos Constitucionales y Justicia para Lucía Iañez, una de las áreas más sensibles de toda la estructura parlamentaria.
El mensaje interno fue claro: nadie resignó poder real. Apenas ordenaron la convivencia para evitar que el escándalo político de tener una Legislatura cerrada siguiera escalando.
Mientras el peronismo se repartía el tablero principal, la oposición debió conformarse con espacios menores. La Libertad Avanza quedó al frente de las comisiones de Adultos Mayores y Asuntos Agrarios, mientras sectores radicales y aliados obtuvieron presidencias de menor peso político.
La verdadera disputa, sin embargo, todavía sigue abierta. El conflicto entre La Cámpora y el sector de Insaurralde por el control de la nueva comisión de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía sigue sin resolverse. Detrás de la discusión institucional aparece lo que todos reconocen por lo bajo: el control político y económico de un área extremadamente sensible.
Aunque Diputados logró destrabar la situación, en el Senado bonaerense la tensión continúa. Buena parte de la parálisis legislativa estuvo atravesada por la pelea entre la vicegobernadora Verónica Magario y sectores del propio peronismo, especialmente el bloque que conduce Sergio Berni.
El exministro de Seguridad llegó incluso a acusar públicamente a Magario de manejar el Senado de manera unilateral y calificó la inactividad legislativa como “una falta de respeto a los bonaerenses”. En paralelo, Berni tejió acuerdos con sectores libertarios para intentar recuperar margen de maniobra dentro de la Cámara Alta.
Muy fuerte Sergio Berni, presidente de bloque de Fuerza Patria, contra la vicegobernadora Verónica Magario. Fue ayer durante la constitución de la comisión de Seguridad en el Senado 👇
— Belén Robledo (@belurob_) May 23, 2026
Nota y video de @GabbaRamona pic.twitter.com/wskPCMoBkw
El dato político no es menor: mientras el peronismo intenta mostrarse unido de cara al escenario electoral que viene, la interna sigue atravesando cada rincón de la Legislatura.
La sesión del 28 aparece más como una necesidad política que como una demostración de funcionamiento institucional. Después de meses de bloqueo, el oficialismo necesitaba mostrar algún signo de normalidad en la provincia más grande del país.

En los pasillos legislativos ya deslizan incluso un cronograma mínimo: sesionar antes del Mundial, desaparecer durante el receso y volver recién en agosto. Una dinámica que expone hasta qué punto la pelea interna terminó condicionando el funcionamiento de una Legislatura que pasó medio año atrapada entre roscas, vetos cruzados y disputas de poder.