ANDIS y las coimas: el patrón de movimientos que ahora mira la Justicia

La investigación judicial sobre presuntas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sigue escalando y ya dejó un dato explosivo: según documentación incorporada a la causa, los intermediarios que operaban en las contrataciones del organismo se quedaban con hasta un 20% de las operaciones realizadas con proveedores del Estado.

La causa está en manos del juez federal Ariel Lijo y del fiscal Franco Picardi, quienes encontraron notas y registros dirigidos al operador externo Miguel Ángel Calvete que, según la investigación, funcionaba como engranaje central del esquema. En esos documentos aparecen montos específicos asociados a nombres y porcentajes que coinciden con el 20% del valor total de contrataciones realizadas por empresas proveedoras.

El operador que aparecía en todas las compras

Entre las pruebas incorporadas al expediente figuran anotaciones enviadas a Calvete donde se leen frases como “Miguel $6.600.000”, “Guadalupe $1.650.000” y “Cobrado el 30/6”. Para los investigadores, no se trata de simples apuntes administrativos: las cifras coinciden exactamente con el porcentaje que presuntamente se retenía de cada operación.

La sospecha judicial es que Calvete actuaba como un intermediario con llegada directa a funcionarios de la ANDIS, facilitando adjudicaciones y cobrando retornos a cambio de permitir el acceso a licitaciones y pagos. Lo más delicado para el Gobierno es que el operador ni siquiera integraba formalmente la estructura del organismo.

Según la causa, mantenía contacto fluido con funcionarios que lo mantenían informado sobre movimientos internos y pagos a contratistas. Uno de los mensajes incorporados al expediente fue enviado por el exdirector de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS, Daniel Garbellini, quien le escribió: “Sus ofrendas de esta semana”, junto a un listado de empresas y montos por más de $2.021 millones.

Coincidencias millonarias y sospechas de retornos

La Justicia detectó además una coincidencia clave: el mismo día en que se envió ese mensaje, el organismo emitió 16 certificados de pago a las mismas firmas mencionadas en la lista, por exactamente el mismo monto. Para los investigadores, la sincronización entre los registros internos, los pagos y las anotaciones privadas fortalece la hipótesis de un circuito de retornos montado alrededor de contrataciones públicas.

El expediente ya habla de posibles delitos vinculados a sobreprecios, direccionamiento de compras y cobro de comisiones ilegales. Y el escándalo vuelve a golpear al Gobierno en un momento especialmente sensible, con varias causas y denuncias orbitando alrededor de funcionarios libertarios y de áreas sensibles del Estado.

Mientras desde la Casa Rosada intentan minimizar el impacto político, en tribunales la investigación avanza sobre el flujo de dinero, las empresas beneficiadas y los vínculos entre operadores externos y funcionarios públicos. El problema para el oficialismo es que la causa ya no gira sobre rumores ni denuncias opositoras: ahora aparecen documentos, mensajes y números concretos.