Colombia entra en la última semana antes de la primera vuelta presidencial con una foto que cambió el eje de la campaña. Iván Cepeda, el candidato ligado a la continuidad del ciclo de Gustavo Petro, aparece primero en la encuesta de AtlasIntel citada por Reuters, con 38,7% de intención de voto. Pero Abelardo De La Espriella, abogado, empresario y figura de derecha, quedó a solo 1,4 punto, con 37,3%. El dato que reordena la lectura no está en la primera vuelta, sino en el escenario posterior: en un eventual balotaje, De La Espriella aparece arriba por 50% contra 41,3%.
La elección está prevista para el 31 de mayo y puede tener segunda vuelta el 21 de junio si nadie supera la mitad de los votos válidos. Esa mecánica convierte a Colombia en un laboratorio regional: un candidato puede no encabezar el primer turno y, aun así, llegar con ventaja al duelo definitivo. La campaña de De La Espriella combina promesas de seguridad, baja de impuestos, incentivos al sector privado y apertura para minería y energía. Del otro lado, Cepeda defiende una continuidad política más cercana al legado de Petro, marcado por restricciones a nuevos contratos de exploración petrolera y gasífera.
La disputa colombiana no se explica solo por ideología. El punto central es qué Estado puede financiar seguridad, infraestructura y gasto social sin ampliar la presión sobre empresas y contribuyentes. De La Espriella intenta convertir el rechazo al ciclo Petro en una mayoría de segunda vuelta, con una oferta de orden público y señales al capital privado. Esa fórmula tiene un espejo cercano en Ecuador, donde Daniel Noboa ganó el balotaje de 2025 con 55,63% de los votos, según el Consejo Nacional Electoral, sobre una agenda de seguridad, estabilización y relación con organismos de crédito.
El paralelo no significa que Colombia vaya a copiar a Ecuador, pero muestra una tendencia útil para leer la región: la seguridad dejó de ser un tema separado de la economía. Cuando el crimen sube el costo logístico, encarece seguros, limita inversión y empuja gasto público, el contribuyente termina pagando parte de esa factura. En Colombia, el agregado energético aumenta la apuesta. Un eventual cambio de rumbo sobre petróleo, gas y minería puede alterar ingresos fiscales, divisas e inversión extranjera, justo cuando América Latina compite por capital y reglas previsibles.

Para la Argentina, el dato no es solo quién gana en Bogotá. Colombia forma parte del acuerdo Mercosur-Colombia, vigente para Argentina desde 2017, con preferencias comerciales y cupos específicos para sectores como automotor, PET y agroquímicos. Si un próximo gobierno colombiano abre más espacio a inversión privada, energía e infraestructura, el vínculo regional puede dejar de ser una relación diplomática secundaria y convertirse en un tablero de negocios. La pregunta argentina es quién captura primero esos mercados: Brasil, México, Estados Unidos o empresas locales con capacidad exportadora.

El cierre político también dialoga con el eje Milei-Trump. Argentina busca mostrarse como socio de apertura económica, baja de barreras e inversión en energía y tecnología; una Colombia más cercana a esa lógica achicaría la distancia política dentro de Sudamérica. Pero el resultado no está escrito: Cepeda lidera la primera vuelta y De La Espriella depende de trasladar votos ajenos en el balotaje. Lo que ya cambió es la pregunta regional: cuánto espacio queda para programas de más gasto, déficit e impuestos cuando la seguridad, la energía y la inversión se vuelven el centro de la campaña.