El gobierno de Javier Milei envió al Congreso el proyecto de ley denominado “Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias”, rápidamente bautizado como “Súper RIGI”, una versión ampliada y más específica del actual régimen de beneficios para grandes inversiones.
La iniciativa apunta a atraer desembolsos multimillonarios en sectores que hoy tienen escaso o nulo desarrollo en el país, como inteligencia artificial, semiconductores, biotecnología avanzada e infraestructura digital, incluyendo data centers de gran escala.

La propuesta llega pocos meses después de la puesta en marcha del RIGI tradicional y representa una nueva apuesta del Gobierno para captar inversiones extranjeras en industrias tecnológicas consideradas estratégicas.
El proyecto está diseñado exclusivamente para iniciativas de gran escala. Para acceder a los beneficios, las empresas deberán comprometer una inversión mínima de USD 1.000 millones por proyecto y ejecutar al menos el 20% del monto durante los primeros dos años desde la adhesión.
El esquema estará vigente por cinco años desde su aprobación, con posibilidad de extenderse un año más.
Según el texto oficial, estará destinado a sociedades creadas para proyectos únicos vinculados con nuevas actividades económicas o sectores aún experimentales en la Argentina.
Entre los ejemplos que menciona el propio proyecto aparecen:
El corazón del proyecto son los incentivos fiscales, laborales y cambiarios que busca ofrecer para competir con otros países por inversiones tecnológicas.
Entre los principales beneficios figuran:
Uno de los puntos más relevantes del proyecto es el régimen cambiario: las empresas podrán disponer progresivamente de los dólares generados por exportaciones.
El esquema prevé libre disponibilidad del 20% de las divisas al primer año, 40% al segundo y 100% al tercero, un punto que el Gobierno considera clave para atraer grandes jugadores globales.
Otro de los ejes centrales es la promesa de estabilidad normativa. El proyecto garantiza 30 años de estabilidad tributaria, aduanera, previsional y cambiaria para las compañías adheridas.
Además, el texto busca blindar las inversiones frente a cambios de reglas de juego o restricciones futuras. Según el articulado, si una provincia o municipio impone regulaciones que alteren los incentivos previstos, esas normas podrían ser consideradas “nulas de nulidad absoluta e insanable”.
También prevé mecanismos de resolución de conflictos internacionales en caso de disputas con el Estado, algo que ya genera cuestionamientos entre sectores opositores.
El proyecto despertó fuertes críticas incluso antes de comenzar el debate parlamentario.
Entre los cuestionamientos aparecen las rebajas impositivas, la reducción de aportes patronales -que impactaría en el financiamiento del sistema previsional- y la posibilidad de girar divisas al exterior pocos años después de iniciada la inversión.
También hay reparos por la falta de exigencias de integración con proveedores nacionales o desarrollo tecnológico local.
Los críticos sostienen que compañías que facturan cifras superiores al Producto Bruto Interno argentino podrían terminar tributando menos que muchas pymes locales, mientras que desde el oficialismo defienden que se trata de incentivos necesarios para competir globalmente y atraer sectores que hoy directamente no existen en el país.