Congreso
26/05/2026 - Edición Nº1204
Política
Diputados
Qué cambia y cómo funcionaría la Ley de Lobby que envió Milei al Congreso
26/05/2026 | Apunta a establecer reglas obligatorias para registrar reuniones, contactos y actividades de influencia sobre decisiones públicas. El texto completo.
La iniciativa propone crear un Registro Público de Gestores de Intereses, que será digital, gratuito y de acceso abierto.
El gobierno de Javier Milei envió a la Cámara de Diputados el proyecto de ley para regular la actividad de lobby en la Argentina mediante la creación de un “Régimen de Gestión de Intereses”, con el objetivo de transparentar las relaciones entre funcionarios públicos y actores privados en los procesos de toma de decisiones del Estado.
La iniciativa, titulada “Ley de Transparencia y Publicidad de la Gestión de Intereses”, apunta a establecer reglas obligatorias para registrar reuniones, contactos y actividades de influencia sobre decisiones públicas tanto en el Poder Ejecutivo como en el Poder Legislativo.
Según el mensaje enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso, la intención es “garantizar la publicidad, transparencia, trazabilidad y probidad de las interacciones entre actores públicos y privados”.
El contexto político del proyecto
La iniciativa llega en medio de un clima de creciente debate sobre la transparencia estatal y las relaciones entre funcionarios, empresarios, consultoras, estudios jurídicos y grupos de interés que buscan influir en decisiones políticas, económicas o regulatorias.
En el texto de elevación, el Gobierno sostiene que la gestión de intereses es una actividad “legítima”, pero que actualmente existe un “vacío normativo” porque no hay una regulación integral que abarque tanto al Poder Ejecutivo como al Congreso.
Además, el Ejecutivo argumenta que el régimen vigente, basado principalmente en el Decreto 1172/03 de la gestión de Néstor Kirchner, quedó limitado por su alcance exclusivamente reglamentario y por abarcar únicamente al Poder Ejecutivo.
El oficialismo plantea que el nuevo esquema permitirá reducir “espacios de arbitrariedad”, evitar privilegios en el acceso a funcionarios y mejorar el control ciudadano sobre cómo se forman las decisiones estatales.
Qué se considera lobby o “gestión de intereses”
Uno de los puntos centrales del proyecto es la definición amplia de “gestión de intereses”.
El texto establece que será considerada como tal toda actividad de promoción, representación, asesoramiento, intermediación o incidencia destinada a influir en una decisión pública, ya sea realizada por personas físicas o jurídicas, con o sin fines de lucro y de manera gratuita u onerosa.
Eso incluye intentos de influir sobre leyes y regulaciones; políticas públicas; contrataciones del Estado; concesiones y licencias; subsidios o beneficios fiscales; asignaciones presupuestarias; y designaciones y nombramientos oficiales.
El proyecto aclara, sin embargo, que no quedarán alcanzadas actividades periodísticas, académicas, científicas o protocolares, siempre que no tengan como objetivo influir sobre una decisión pública concreta. Tampoco quedará alcanzado el derecho individual de cualquier ciudadano a presentar peticiones ante las autoridades.
Creación de un Registro Público de Gestores de Intereses
La iniciativa propone crear un Registro Público de Gestores de Intereses, que será digital, gratuito y de acceso abierto.
Toda persona o empresa que quiera realizar actividades de lobby deberá inscribirse previamente y obtener una habilitación oficial.
Entre los datos obligatorios que deberán informar figuran:
- identidad completa;
- CUIT y domicilio;
- clientes o representados;
- beneficiarios finales;
- asuntos sobre los que buscan influir;
- sector económico involucrado;
- si actúan por cuenta propia o de terceros;
- si la actividad es paga o gratuita;
- si representan intereses extranjeros.
Además, los gestores deberán presentar reportes trimestrales detallando cada contacto realizado con funcionarios y los temas tratados.
Cómo funcionaría el sistema de registración
El proyecto establece que los funcionarios públicos alcanzados deberán registrar todas las reuniones o contactos de lobby dentro de los cinco días hábiles posteriores.
Los registros deberán incluir fecha y lugar de la reunión; modalidad del encuentro; funcionario participante; gestor de intereses involucrado; empresa o persona representada; tema tratado; síntesis del contenido de la conversación; y participantes presentes.
La información será pública y deberá publicarse en formato digital abierto y gratuito. Incluso los contactos espontáneos o fuera de oficinas oficiales quedarán alcanzados por la obligación de registración.
Qué funcionarios quedarían alcanzados
El régimen abarcaría a prácticamente toda la estructura política de decisión del Estado nacional.
Entre los sujetos obligados aparecen el Presidente; el Vicepresidente; ministros; secretarios y subsecretarios; directores nacionales; legisladores nacionales; autoridades administrativas del Congreso; y asesores y colaboradores que mantengan contactos en representación de funcionarios.
El texto también responsabiliza a los funcionarios por las gestiones realizadas por integrantes de sus equipos.
El foco sobre intereses extranjeros
Uno de los capítulos más extensos del proyecto está dedicado a la llamada “gestión de intereses extranjeros”.
La iniciativa obliga a declarar específicamente cuando una actividad de lobby sea realizada en representación de gobiernos, empresas, organizaciones o ciudadanos extranjeros.
En esos casos, los gestores deberán brindar información adicional y podrán ser sometidos a controles especiales por razones vinculadas a seguridad nacional, defensa, inteligencia o relaciones exteriores.
El Gobierno plantea este punto como un mecanismo para transparentar posibles influencias internacionales sobre decisiones estratégicas del Estado argentino.
El proyecto también incorpora figuras penales específicas, con penas de prisión para quienes realicen lobby clandestino, oculten beneficiarios reales o actúen en representación de intereses extranjeros sin declararlo.
El mensaje firmado por Manuel Adorni, Diego Santilli, Alejandra Monteoliva y Javier Milei sostiene que la iniciativa apunta a construir “un Estado más transparente” y evitar que las decisiones públicas queden condicionadas por ámbitos “opacos o reservados a unos pocos”.
