La diputada nacional Karina Banfi presentó en el Congreso un proyecto de ley para crear un “Régimen de Transparencia del Cónyuge Presidencial”, una iniciativa que busca establecer obligaciones de rendición de cuentas, publicación de gastos y declaraciones juradas para quienes acompañen al Presidente de la Nación en actividades oficiales financiadas con fondos públicos.
La propuesta vuelve a instalar el debate sobre el rol institucional de las llamadas “Primeras Damas” -o parejas presidenciales- en la Argentina, una figura históricamente vinculada al protocolo, la acción social y la representación política, pero que actualmente no cuenta con una regulación específica.
La iniciativa tiene como objetivo crear un régimen de transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades que realice el cónyuge o pareja del Presidente “en representación del Poder Ejecutivo Nacional o propias”, siempre que impliquen utilización de recursos públicos.
El proyecto define como “cónyuge” tanto a la persona unida en matrimonio con el Presidente como a quien mantenga una convivencia estable y pública bajo las condiciones previstas en el Código Civil y Comercial.
Además, aclara que las actividades meramente protocolares o de compañía quedarán exceptuadas del régimen, aunque la rendición de esos gastos seguirá siendo responsabilidad del Poder Ejecutivo.

El texto establece que toda actividad oficial realizada por la pareja presidencial deberá estar previamente autorizada mediante una resolución administrativa del Poder Ejecutivo.
Esa resolución deberá incluir agenda y plan de actividades; objetivo de la misión o representación; y detalle de viáticos, per diem y recursos asignados.
Una vez concluida la actividad, deberán presentarse todos los comprobantes de gastos ante la Secretaría General de la Presidencia.
El proyecto también contempla que, en caso de que el Presidente no tenga cónyuge o pareja conviviente, las tareas de representación solo podrán ser realizadas por integrantes del gabinete designados formalmente.
Uno de los capítulos centrales de la iniciativa obliga a publicar información detallada sobre las actividades oficiales realizadas por la pareja presidencial con utilización de recursos públicos.
Entre los datos que deberían difundirse figuran agenda oficial completa; presupuesto asignado a cada actividad; comprobantes de gastos; nómina de asesores, contratados y personal afectado; escalas salariales del equipo de trabajo; e información vinculada a la ejecución presupuestaria.
La propuesta toma como base la Ley de Acceso a la Información Pública y establece que toda la documentación deberá publicarse en formatos digitales abiertos y accesibles.

Otro de los puntos relevantes del proyecto es la obligación de presentar declaraciones juradas patrimoniales ante la Oficina Anticorrupción.
La pareja presidencial alcanzada por el régimen debería informar bienes personales, patrimonio conyugal, bienes de hijos menores, participación en sociedades comerciales, integración en asociaciones civiles y posibles conflictos de interés.
La declaración debería actualizarse anualmente y también presentarse al finalizar las funciones vinculadas al cargo presidencial.

La iniciativa vuelve a poner en discusión un rol que, aunque carece de reconocimiento constitucional formal, tuvo fuerte presencia política y social en distintos gobiernos democráticos desde el retorno de la democracia.
Desde 1983, las parejas presidenciales fueron:
Javier Milei no tiene actualmente cónyuge ni conviviente formal reconocido en el marco que contempla el proyecto.

En los fundamentos, Banfi sostiene que actualmente existe un “vacío legal” respecto de las actividades oficiales realizadas por las parejas presidenciales y remarca que, aunque no perciben salario estatal, suelen utilizar recursos públicos, vehículos oficiales, custodia y estructura administrativa.
La diputada argumenta que las parejas presidenciales han adquirido creciente influencia política en América Latina, participando en viajes oficiales, cumbres internacionales y programas sociales.
También menciona la existencia de la Alianza de Cónyuges de Jefes de Estado y Representantes (ALMA), integrada por primeras damas de distintos países de la región.
“El objetivo de este proyecto refiere a la imperiosa necesidad de garantizar los estándares de transparencia de los actos de gobierno y el acceso a la información pública”, sostiene la autora en los fundamentos de la iniciativa.