26/05/2026 - Edición Nº1204

Política

Reunión en Villa Gesell

"Frazadazo" al Congreso: la movida desde 20 municipios de PBA por Zona Fría

26/05/2026 | Intendentes, concejales y legisladores de la Quinta Sección lanzaron un plan de acción: de qué se trata.



Dirigentes peronistas de 20 municipios de la provincia de Buenos Aires iniciaron una ofensiva política contra la eliminación del régimen de "Zona Fría", una medida impulsada por el Gobierno nacional que ya cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados. La resistencia se formalizó en un encuentro de trabajo en Villa Gesell, donde intendentes, diputados nacionales y ediles acordaron una hoja de ruta para intentar bloquear el proyecto en su paso por el Senado de la Nación.

Provincia de Buenos Aires.

La iniciativa oficialista busca reducir el alcance de los descuentos en las tarifas de gas, limitando el beneficio a zonas de "efectiva severidad climática" y restringiendo la cobertura en áreas anteriormente incorporadas por la Ley 27.637. El impacto proyectado por los dirigentes locales es alarmante: estiman que el recorte afectará a más de 1,3 millones de bonaerenses y que las facturas hogareñas podrían escalar desde los 80.000 hasta los 200.000 pesos mensuales.

La estrategia opositora se centra en tres ejes: la creación de una red de municipios en defensa del beneficio, la recolección de firmas ciudadanas y la realización de un "frazadazo" frente al Congreso de la Nación el día que se debata el proyecto en la Cámara alta, con el objetivo de presionar a los senadores nacionales a votar en contra de la quita.

La convocatoria en Villa Gesell y el origen del conflicto

La iniciativa surgió tras la media sanción del proyecto en Diputados, donde el oficialismo logró avanzar con el recorte de subsidios bajo el argumento de corregir distorsiones en el esquema de gastos del Estado. El intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, encabezó el encuentro en el complejo Parque Bonito, donde se dieron cita referentes de distritos clave como Mar del Plata, Tandil, Necochea y Pinamar.

Durante la jornada, los presentes coincidieron en calificar la medida como "una decisión profundamente injusta, insensible y centralista". Según argumentaron, el esquema actual de Zona Fría no constituye un privilegio, sino un mecanismo necesario para amortiguar los costos de calefacción en una región caracterizada por inviernos extensos, alta humedad y temperaturas que obligan a consumos elevados durante gran parte del año.

El "frazadazo" como medida de presión parlamentaria

La acción física más resonante que planea el sector peronista es el denominado "frazadazo". Esta protesta, que tendrá lugar frente al Congreso de la Nación el día de la sesión en el Senado, busca visibilizar el impacto del frío en los hogares bonaerenses. La elección del término no es casual: los organizadores apelan a la "memoria corporal" de los vecinos sobre el impacto del frío cuando el presupuesto familiar no permite cubrir las facturas de gas.

"Tenemos que reconectar con la gente y explicarlo porque la factura de la que estamos hablando les va a llegar en agosto o septiembre", advirtió la diputada nacional Jimena López. Los dirigentes planean que esta movilización no sea un evento aislado, sino la culminación de un proceso de sensibilización social que incluirá la entrega de petitorios y firmas recolectadas en los barrios afectados.

La red de municipios: estrategia de despliegue territorial

Para profundizar el reclamo, se conformó una "red de municipios" en defensa de la Zona Fría. El objetivo es coordinar acciones institucionales en los 27 distritos de la Quinta Sección Electoral. La propuesta, impulsada por el concejal y exintendente de Mar del Plata, Gustavo Pulti, implica presentar en cada Concejo Deliberante proyectos de adhesión al reclamo, unificando la voz de las comunas contra la medida nacional.

  • Adhesión institucional: presentación de resoluciones en los 27 Concejos Deliberantes de la sección.

  • Campaña de firmas: eecolección de adhesiones ciudadanas para respaldar el escrito que se entregará a los senadores.

  • Interpelación política: exigir definiciones públicas a los senadores nacionales Juliana Di Tullio, Wado de Pedro y Maximiliano Abad.

El despliegue territorial: los 20 municipios y los referentes de la movida

La estrategia de resistencia contra el recorte del régimen de Zona Fría se apoya en un entramado de dirigentes de distintos distritos de la Quinta Sección Electoral. El objetivo político es coordinar una red que logre capilaridad en cada Concejo Deliberante para forzar una respuesta institucional ante el Senado. Los nombres que encabezan esta red son los encargados de articular la protesta, la estrategia legislativa y la comunicación pública.

A continuación, el detalle de los municipios que activaron el reclamo y los dirigentes que lideran el proceso en el territorio bonaerense:

Los municipios involucrados:

  • General Pueyrredón (Mar del Plata), Tandil, General Madariaga, Balcarce, Maipú, Lobería, Pinamar, Dolores, Mar Chiquita, Necochea, Villa Gesell, Ayacucho, Monte, General Alvarado, Rauch, Castelli, Chascomús, General Belgrano, General Guido y Pila.

Los principales impulsores del reclamo:

  • Gustavo Barrera: intendente de Villa Gesell, principal anfitrión y convocante de la estrategia territorial.
  • Jimena López: diputada nacional, encargada de la articulación política en el Congreso de la Nación.
  • Gustavo Pulti: concejal de Mar del Plata y exintendente, responsable de diseñar la red de municipios y la estrategia de adhesión ciudadana.
  • Carlos Minnucci: presidente del Concejo Deliberante de Mar Chiquita, quien coordina la articulación de resoluciones legislativas locales.
  • Otros referentes: la red cuenta con el apoyo activo de concejales como Marilén Pogozelski (Tandil), Valeria Barrios (Maipú), Sol Di Gerónimo (Balcarce), Santiago Escobar (Madariaga), Carina Rodríguez, Agustín Giménez y Julio Sarragoicochea (Lobería), Leonardo Nápoli y Romina Geminiani (Pinamar), y Silvia Blanco junto a Julián Kristiansen (Dolores).

La articulación busca transformar el malestar vecinal en una estructura de presión política, utilizando las firmas recolectadas y las resoluciones de los concejos deliberantes como prueba de la oposición regional a la medida nacional. Los dirigentes apuestan a que esta red de municipios obligue a los senadores nacionales a posicionarse públicamente sobre un beneficio que, en sus distritos, es considerado un derecho adquirido

El impacto económico: del subsidio al aumento tarifario

El proyecto del Gobierno nacional propone reemplazar el criterio geográfico por uno de vulnerabilidad económica. El oficialismo argumenta que el sistema anterior beneficiaba a sectores que podían pagar la tarifa plena, y que la quita permitirá un ahorro fiscal de 272.000 millones de pesos. Sin embargo, los dirigentes bonaerenses sostienen que el cálculo es erróneo y que el daño a la economía local será mayor que el ahorro pretendido por la Casa Rosada.

"El aumento golpearía a cada familia puertas adentro, pero también al almacén, al hotel, al club, al centro de jubilados, al comercio de barrio y a cada economía local", señalaron en el documento consensuado. El temor central radica en el efecto en cadena: el sobrecosto energético no solo golpea a los hogares, sino que desfinancia a las instituciones comunitarias que, en muchos casos, ya atraviesan una situación de endeudamiento o tienen avisos de corte de servicio pendientes.

La postura del Gobierno bonaerense y la vía judicial

Mientras la dirigencia territorial se organiza para la movilización, en la administración de Axel Kicillof se analiza un camino paralelo. Fuentes del gabinete provincial indicaron que se estudia la posibilidad de presentar una demanda judicial contra la quita, bajo el argumento de que el Gobierno nacional invade atribuciones provinciales al alterar de facto la estructura tarifaria de los servicios públicos en el territorio.

Si bien la estrategia judicial requiere que el proyecto sea ley y esté promulgado, el peronismo bonaerense ya prepara el terreno. La idea es cuestionar la constitucionalidad de la medida, señalando que la quita repentina de subsidios en regiones climáticamente adversas vulnera derechos básicos como el acceso a la energía en condiciones razonables durante los meses de invierno.

TM