13 comisarios de Rosario robaron millones en nafta: qué puede hacer Pullaro

El Gobierno de Santa Fe activó este martes el pedido formal para la destitución de trece oficiales superiores de la Policía provincial, señalados por su participación directa en una asociación ilícita dedicada al desvío millonario de fondos destinados a la carga de combustible de patrulleros. La solicitud, elevada por el subsecretario de Control del Ministerio de Seguridad, Lucas Covacich, marca un punto de inflexión en la política de persecución de la corrupción dentro de la fuerza.

La medida no representa un simple sumario administrativo, sino que constituye una ofensiva política con consecuencias previsibles sobre la estabilidad económica de los involucrados. A raíz de la normativa vigente y los cambios en la legislación previsional, el Ejecutivo provincial busca que la destitución efectiva impida que los policías señalados conserven sus haberes jubilatorios, una herramienta que, en caso de concretarse, sentará un precedente inédito para casos de corrupción jerárquica en la institución.

Ante la acusación formal del fiscal José Luis Caterina y las recientes condenas en juicio abreviado, la firma del gobernador Maximiliano Pullaro en los decretos de destitución se convirtió en la llave para concretar un castigo sin precedentes: la pérdida automática del beneficio jubilatorio para los 13 jerárquicos involucrados en el robo de millones de pesos mediante cargas fantasma y sobrefacturación en Rosario. 

El pedido de destitución y el mensaje que puede dar Pullaro 

El pedido administrativo busca la expulsión definitiva de los trece implicados, entre los que destaca la figura de Daniel Acosta, exjefe de la Unidad Regional II de Rosario. Acosta, quien ya se encontraba en situación de retiro, es el objetivo principal de la maniobra legal: el Ministerio de Seguridad santafesino pretende transformar ese retiro voluntario en una destitución forzada para anular su derecho a percibir una jubilación estatal.

La resolución disciplinaria, que reposa actualmente sobre el escritorio del gobernador Maximiliano Pullaro, no admite grises. De acuerdo con el artículo 37 de la ley previsional provincial, el personal que resulte destituido por faltas graves en procedimientos disciplinarios carece de derecho a haber de retiro. La celeridad del trámite administrativo se aceleró tras la presentación de la acusación formal hacia el juicio oral y público por parte del fiscal Caterina, reforzando la postura del Ejecutivo frente al delito policial.

Tres condenas que aceleran el proceso administrativo

El pasado martes, la causa judicial dio un giro definitivo cuando tres de los policías involucrados, identificados como Sergio López, Marcelo Delgado y Gerardo Ramírez, reconocieron su responsabilidad en los hechos. A través de juicios abreviados, los uniformados aceptaron las pruebas presentadas por la fiscalía y recibieron sus respectivas condenas, sentando las bases para que el proceso administrativo contra el resto de la estructura jerárquica avance sin mayores obstáculos jurídicos.

La confesión de estos efectivos, sumada a la colaboración previa de otros oficiales arrepentidos, permitió al fiscal Caterina consolidar el expediente contra la cúpula. Este conjunto de pruebas resultó determinante para que el Ministerio de Seguridad decidiera avanzar con la batería de destituciones. El sistema de juicios abreviados funcionó como un catalizador, permitiendo que la Justicia determine responsabilidades que, en el plano administrativo, el gobernador Pullaro está facultado para traducir en la cesantía automática.

El esquema delictivo: sobrefacturación y cargas fantasma

La investigación, iniciada en 2024 a partir de una denuncia del propio Pullaro, reveló una matriz de corrupción altamente organizada. El fiscal Caterina determinó que la asociación ilícita operaba mediante dos modalidades principales: la sobrefacturación en las cargas reales y, de manera más burda, la generación de cargas fantasma para móviles policiales que ni siquiera estaban en circulación.

• El mecanismo: los responsables utilizaban tarjetas Visa Flota para cargar combustible en una estación de servicio cómplice, ubicada en Ovidio Lagos al 3900.
• El volumen: se estima un perjuicio al Estado santafesino de 45 millones de pesos mensuales, totalizando cifras que alcanzan los 540 millones de pesos anuales si se mantiene el promedio del último año.
• El encubrimiento: en julio de 2024, se detectaron 85 patrulleros con el cartel de "fuera de servicio" o en depósito que, sin embargo, registraban cargas diarias de combustible en los registros oficiales.

La "Oficina de Gestión de Multas": el lado bizarro del fraude

Uno de los aspectos más escandalosos revelados durante la investigación fue la existencia de un sistema de disciplina interna para los policías que participaban del robo. El comisario Rodrigo Domínguez, secretario privado del entonces jefe de Unidad, administraba lo que llamaban la "Oficina de Gestión de Multas" (OGM). Esta estructura castigaba a los uniformados que no cumplían con los plazos de entrega del dinero recaudado de forma ilícita.

Las sanciones eran peculiares y reflejaban el clima de opulencia interna: los policías que se salían de plazo debían entregar costillares, botellas de whisky importado o dinero en efectivo adicional para compensar la demora. Este mecanismo generó un profundo malestar entre los rangos medios, siendo el propio Domínguez el blanco de la bronca por su rol central como administrador de los sobres que salían de la estación de servicio cómplice.

La participación de la estación de servicio Gas Auto Tiferno

El fraude no hubiese sido posible sin la complicidad activa de los dueños y auxiliares de la estación de servicio "Gas Auto Tiferno". El arreglo consistía en un esquema de retornos en efectivo bajo la modalidad de facturación fantasma. Los caudales ingresaban a la estación, se generaba el ticket falso, y los dueños devolvían un porcentaje en efectivo a los jefes policiales cada quince días.

Los responsables de la estación de servicio ya fueron detenidos e imputados por su rol esencial en la logística del desfalco. El fiscal Caterina logró documentar, mediante el entrecruzamiento de datos de GPS de los móviles y el análisis de facturación, que los tickets elevados a la rendición de cuentas no coincidían en absoluto con los recorridos reales que realizaban las patrullas en las calles de Rosario.

El origen de la investigación y la intervención de la fuerza

La investigación tomó estado público en mayo de 2025, cuando se produjeron 38 allanamientos simultáneos que derivaron en la intervención de la Unidad Regional II. En aquel momento, la cúpula policial fue desplazada y se designó al comisario general Claudio Romano como interventor. La denuncia inicial, motorizada por el Ministerio de Seguridad santafesino, buscaba transparentar el manejo de los 400 millones de pesos que el Estado provincial había asignado en emergencia para el parque automotor.

La remoción de Daniel Acosta fue la primera consecuencia política de peso, aunque en su momento no fue imputado. Con el correr de los meses, el testimonio del comisario "arrepentido" Gerardo Ramírez -quien era jefe de Garage- permitió escalar la pirámide de mando. Ramírez detalló que Acosta convocó a los jefes de sección apenas asumió para explicarles cómo generar dinero a través de las cargas, convirtiendo a la Jefatura en el centro de operaciones de la asociación ilícita.

TM