Abuelas y Banco Genético vs. Gobierno: $590 millones evitaron una crisis histórica

El Gobierno nacional amplió en $590 millones el presupuesto del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) y logró que la Justicia diera por concluida la disputa judicial que se había abierto por el riesgo operativo del organismo encargado de identificar hijos de desaparecidos durante la última dictadura.

La decisión fue oficializada luego de que el juez federal Alejo Ramos Padilla considerara cumplida la obligación del Estado de garantizar el funcionamiento del Banco, tras una fuerte advertencia realizada semanas atrás por las propias autoridades del organismo y fiscales especializados en delitos de lesa humanidad.

“El acuerdo arribado garantiza el correcto funcionamiento del BNDG en lo inmediato y en el transcurso del año”, sostuvo el magistrado en la resolución donde además destacó la importancia de preservar las políticas de memoria, verdad y justicia.

El conflicto había escalado a comienzos de mayo, cuando la directora del organismo, Mariana Herrera Piñeiro, alertó ante jueces y fiscales que el Banco ya no podía garantizar nuevas tomas de muestras biológicas por falta de presupuesto. La situación encendió alarmas judiciales y de organismos de derechos humanos por el impacto que podía tener sobre investigaciones de apropiación de menores durante el terrorismo de Estado.

Un recorte que puso al organismo al límite

Dos semanas atrás, el propio BNDG había denunciado que atravesaba una caída presupuestaria acumulada del 57% en términos reales desde la llegada de Javier Milei al Gobierno, situación que afectaba desde tareas básicas de mantenimiento hasta la preservación de muestras biológicas utilizadas en causas de lesa humanidad.

Según se había advertido entonces, los gastos operativos del organismo habían caído un 65,8% en tres años, mientras que la planta de personal se redujo un 34% entre diciembre de 2023 y fines de 2025. Además, comenzaron a faltar fondos para viáticos y traslados de especialistas encargados de recolectar muestras en distintas provincias.

Actualmente, el Banco conserva alrededor de 32 mil registros genéticos vinculados a familias que buscan a bebés robados durante la dictadura o personas que sospechan ser hijos de desaparecidos.

La advertencia judicial y la respuesta oficial

La presión judicial terminó empujando al Ejecutivo a reforzar las partidas presupuestarias. Inicialmente, la Jefatura de Gabinete había previsto una ampliación de $400 millones, pero las autoridades del Banco consideraron insuficiente esa cifra y finalmente se acordó un incremento de $590 millones.

Sin embargo, mientras avanzaban las negociaciones para destrabar el conflicto, el Gobierno también cuestionó públicamente el diagnóstico realizado por las autoridades del organismo y aseguró que los problemas operativos respondían a “una gestión ineficiente de los recursos actualmente disponibles”.

El Banco Nacional de Datos Genéticos fue creado en 1987 a pedido de las Abuelas de Plaza de Mayo durante la presidencia de Raúl Alfonsín. Desde entonces, permitió restituir la identidad de 140 nietos y nietas apropiados durante la última dictadura militar.