Pymes industriales en alerta: el exponencial salto en los concursos preventivos

Las pequeñas y medianas empresas volvieron a encender una señal de alerta sobre el estado de la actividad económica. Industriales Pymes Argentinos (IPA) advirtió que las presentaciones de concursos preventivos registraron un fuerte aumento -superior al 130%- y anticipó que 2026 podría superar incluso los niveles de crisis observados durante la pandemia.

Según datos difundidos por la entidad empresaria, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se contabilizaron 190 concursos preventivos durante 2025, frente a los 82 registrados en 2023. El salto representa un incremento cercano al 132% y muestra un deterioro creciente en la situación financiera de numerosas empresas.

La preocupación del sector aumenta dado que los números de este año mantienen una tendencia al alza. Solo durante el primer trimestre judicial (febrero a abril) de 2026, se abrieron 92 nuevos procesos, una cifra que ya supera los registros anuales completos de varios períodos recientes.

📉 IPA alertó que los concursos preventivos crecieron más de un 130% en el último año en CABA y advirtió que 2026 podría superar los niveles registrados durante la pandemia.

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— IPA (@IPAPYMES) May 26, 2026

El drama de la crisis

Desde IPA sostienen que el escenario podría ser más complejo de lo previsto. Su presidente, Daniel Rosato, afirmó que la entidad había anticipado el cierre de más de 1.000 pymes industriales, aunque considera que la velocidad del deterioro económico podría agravar ese pronóstico.

La entidad calificó la situación como una "crisis terminal" y pidió una intervención urgente del Gobierno nacional y del Congreso. Entre los reclamos aparece el tratamiento de un proyecto de emergencia económica destinado a evitar un cierre acelerado de empresas y contener el impacto sobre el empleo.

Los datos difundidos también reflejan el efecto sobre el entramado productivo. Un informe del área legal de la organización indicó que entre noviembre de 2023 y principios de 2026 dejaron de operar más de 24.000 empresas en el país. Además, más de 327.000 trabajadores habrían quedado fuera de la cobertura del sistema de riesgos del trabajo.

Entre las medidas propuestas figuran la suspensión temporal de algunas ejecuciones judiciales, la ampliación de plazos concursales y herramientas para facilitar el acceso a capital de trabajo. La intención es otorgar un margen financiero a empresas que enfrentan problemas de liquidez y dificultades para sostener la producción.

Sin embargo, desde el sector industrial señalan que una ley de emergencia por sí sola no resolvería el problema de fondo. Aseguran que la recuperación también dependerá de una mejora de las condiciones macroeconómicas, un incremento del consumo y una mayor actividad del mercado interno.

Mientras tanto, el aumento de los concursos preventivos aparece como una nueva señal de tensión para la economía real: detrás de cada expediente judicial hay empresas que buscan evitar el cierre y puestos de trabajo que intentan mantenerse activos.