Los diputados nacionales Nicolás del Caño y Myriam Bregman, referentes del Frente de Izquierda, presentaron un proyecto de ley para legalizar integralmente la marihuana en la Argentina, incluyendo el cultivo, comercialización, distribución, tenencia y consumo de cannabis y sus derivados.
La iniciativa propone además amnistiar a personas condenadas o procesadas por autocultivo, permitir la conformación de clubes cannábicos, incorporar a pacientes al sistema de cannabis medicinal y avanzar hacia un esquema de regulación estatal parcial del mercado.
El texto vuelve a instalar en el Congreso un debate que en los últimos años ganó centralidad a partir del crecimiento del uso medicinal del cannabis, la expansión del autocultivo y las discusiones sobre las políticas de drogas y reducción de daños.
El proyecto establece que “el cannabis, sus semillas y sus derivados son considerados sustancias de uso legal en todo el territorio de la República Argentina”.
La legalización alcanzaría tanto al cultivo y producción como a la comercialización, adquisición, almacenamiento, tenencia y consumo.
Según el articulado, la venta de cannabis sería libre en todo el país bajo regulación estatal, mientras que el autocultivo individual o colectivo para consumo personal quedaría exento de controles oficiales.
La propuesta faculta además a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica para autorizar, registrar y fiscalizar productos elaborados con cannabis destinados a la comercialización.
Uno de los puntos más relevantes de la iniciativa es la autorización para crear “Clubes Sociales de cannabis sin ánimo de lucro”, destinados exclusivamente a garantizar el acceso de usuarios adultos al cannabis y sus derivados.
El texto establece que esos clubes deberán ser autónomos y no podrán mantener dependencia económica o funcional de entidades comerciales o religiosas.
Además, el proyecto contempla una amnistía para todas las personas “denunciadas, procesadas y/o condenadas por narcomenudeo, consumo o autocultivo individual o colectivo de cannabis”.
La medida implicaría la extinción de penas y acciones penales vinculadas a esos delitos, así como la eliminación de antecedentes en registros públicos.

Aunque impulsa una legalización integral, el proyecto incluye limitaciones específicas para el consumo y la promoción de productos elaborados con cannabis.
La iniciativa prohíbe fumar cannabis en los mismos espacios donde actualmente está restringido el consumo de tabaco, como edificios públicos, hospitales, establecimientos educativos y transporte público.
También veta la publicidad, promoción y patrocinio de productos cannábicos para uso recreativo, con excepción de aquellos destinados a fines medicinales.
Asimismo, impide el auspicio de marcas vinculadas al cannabis en eventos públicos o campañas de difusión.
El proyecto incorpora además un capítulo vinculado al uso medicinal del cannabis.
En ese sentido, propone ampliar el alcance de la Ley 27.350 para garantizar que toda persona con indicación médica pueda acceder gratuitamente al cannabis medicinal y sus derivados a través del sistema público.
Los autores sostienen que actualmente existen “trabas” y restricciones para acceder al Registro del Programa de Cannabis (Reprocann) y cuestionan decisiones recientes del Gobierno nacional vinculadas al sector.
En los fundamentos también critican el cierre de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), dispuesto durante la administración de Javier Milei.

En los fundamentos, Del Caño y Bregman sostienen que el paradigma prohibicionista “fracasó” y que la criminalización del cannabis terminó fortaleciendo al narcotráfico y agravando problemas sanitarios.
“El prohibicionismo mata”, señalan los legisladores al citar consignas de la Marcha Mundial de la Marihuana realizada este año en Plaza de Mayo.
También cuestionan la Ley 23.737 de estupefacientes, vigente desde 1989, al considerar que profundizó la persecución penal sobre consumidores y cultivadores mientras el narcotráfico siguió creciendo.
“El negocio del narcotráfico aumentó exponencialmente, del mismo modo que lo hicieron muchos de los problemas sanitarios vinculados al consumo de sustancias adulteradas”, sostienen en el texto.
El proyecto menciona además experiencias internacionales de regulación o despenalización del cannabis en países como Uruguay, Canadá, Israel, Australia y distintas jurisdicciones de Estados Unidos.
Según el Frente de Izquierda, esas experiencias muestran que la legalización puede funcionar como una herramienta para reducir la violencia asociada al narcotráfico y mejorar las condiciones sanitarias del consumo.