Mirada Industrial
La crisis de la construcción volvió a encender alarmas en el Congreso. En una exposición realizada en la Cámara de Diputados, dirigentes de la UOCRA y referentes del sector advirtieron que desde la asunción de Javier Milei se perdieron más de 91 mil puestos de trabajo formales en todo el país.
El dato impactó especialmente por tratarse de una actividad históricamente ligada al empleo intensivo y al movimiento económico de distintas regiones.
Según explicaron los representantes gremiales, gran parte de esos puestos estaban vinculados a la construcción de viviendas sociales, un segmento que sufrió un fuerte retroceso tras el freno de la obra pública y la reconfiguración de las prioridades económicas del Gobierno nacional.
La situación abrió una nueva discusión sobre el impacto social del ajuste y sobre el futuro del acceso a la vivienda en Argentina.
La vivienda social, el sector más golpeado
La advertencia fue realizada durante una reunión de la comisión de Vivienda y Ordenamiento Urbano de Diputados, donde se analizó el panorama de la inversión pública, el déficit habitacional y la situación de programas históricos como PRO.CRE.AR.
Allí, el director ejecutivo de la Fundación UOCRA, Gustavo Gándara, aseguró que entre 35 mil y 50 mil de los empleos perdidos estaban directamente relacionados con la construcción de viviendas.
El dirigente explicó que la vivienda social representa una de las áreas que más mano de obra demanda dentro del sector y advirtió que la paralización de obras genera un impacto inmediato sobre miles de trabajadores y familias.
Además, reclamó la necesidad de contar con estadísticas claras y actualizadas sobre la situación habitacional y pidió avanzar en normas comunes que permitan agilizar proyectos frenados por trabas burocráticas provinciales y municipales.
La preocupación por el acceso a la vivienda
Otro de los puntos centrales del encuentro fue el deterioro de las posibilidades de acceso a la vivienda propia.
El presidente de la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción, Iván Szczech, describió un escenario complejo marcado por el aumento del costo en dólares del metro cuadrado, la falta de financiamiento y la ausencia de crédito hipotecario.
Según sostuvo, en las condiciones actuales acceder a una vivienda se transformó prácticamente en un lujo para buena parte de los argentinos.
La advertencia reflejó una preocupación que atraviesa tanto al sector privado como a los organismos públicos vinculados al hábitat y el desarrollo urbano.
Reclamos por una política habitacional a largo plazo
Durante el debate también hubo llamados a construir acuerdos estructurales. El presidente del Consejo Nacional de la Vivienda y funcionario del área de Hábitat de Santa Fe, Lucas Crivelli, planteó la necesidad de avanzar en una ley nacional de vivienda que permita coordinar políticas entre provincias, municipios, bancos y el sector inmobiliario.
Según explicó, la magnitud del déficit habitacional exige una estrategia sostenida durante años para reducir los niveles actuales de exclusión.
La idea apunta a construir mecanismos estables que sobrevivan a los cambios de gobierno y permitan desarrollar políticas de largo plazo.
“Cuando el Estado se corre, el mercado no resuelve solo”
Uno de los conceptos más fuertes del encuentro llegó desde el Instituto Provincial Autárquico de Vivienda de La Pampa. Su titular, Érica Riboyra, cuestionó la idea de que el mercado pueda resolver por sí solo el problema habitacional cuando el Estado se retira de la construcción de viviendas.
La funcionaria sostuvo que la ausencia de políticas públicas profundiza las desigualdades y deja afuera a miles de familias que no pueden acceder a soluciones privadas.
Mientras el Gobierno mantiene su apuesta por el equilibrio fiscal y la reducción del gasto público, el sector de la construcción advierte que el costo social empieza a sentirse con fuerza en el empleo, la obra pública y el acceso a la vivienda.
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