La crisis de la industria textil volvió a instalarse con fuerza en el centro del debate político, económico y laboral en Argentina.
La caída del consumo, la apertura de importaciones, el crecimiento explosivo de plataformas internacionales como Temu y Shein y las tensiones entre protección industrial y libre mercado generaron un escenario de creciente preocupación entre empresarios, trabajadores y legisladores.
Mientras tanto, da vueltas en el Congreso un proyecto de ley presentado el año pasado por el diputado Miguel Ángel Pichetto que busca regular el comercio digital extranjero y establecer nuevas condiciones para las plataformas internacionales de venta online que operan en Argentina sin presencia local. ¿Avanzará?
La iniciativa aparece en medio de una discusión cada vez más intensa sobre el impacto de las compras puerta a puerta, el régimen courier y la competencia de productos importados de bajo costo sobre la producción nacional, especialmente en sectores como el textil y la indumentaria.
En los últimos meses, distintos sectores industriales comenzaron a advertir sobre el avance de plataformas internacionales de e-commerce como Temu y Shein, que ofrecen productos a precios considerablemente inferiores a los del mercado local.
Empresarios textiles sostienen que muchas de esas mercaderías ingresan bajo esquemas simplificados de importación, con costos fiscales y laborales muy distintos a los que enfrentan las compañías argentinas.
La discusión se da además en un contexto de fuerte apertura comercial impulsada por el gobierno de Javier Milei, que defiende una mayor competencia y reducción de restricciones al comercio exterior como parte de su programa económico.
Fui el primero que habló sobre la necesidad de gravar fuertemente a los productos de las plataformas chinas Shein y Temu. Ahora veo que hay mucha gente preocupada, también el señor Galperín de Mercado Libre.
— Miguel Ángel Pichetto (@MiguelPichetto) November 7, 2025
El Congreso tiene que trabajar para regular esta economía de…
El proyecto presentado por Miguel Ángel Pichetto, acompañado por Nicolás Massot, plantea una regulación específica para plataformas de comercio electrónico extranjeras que venden productos directamente a consumidores argentinos.
La iniciativa establece que todas las plataformas digitales del exterior deberán inscribirse en un Registro Nacional de Comercio Digital Extranjero y contar con representación en el país. Además, fija que, sin inscripción, no podrán procesarse pagos ni autorizarse envíos hacia Argentina.
Uno de los puntos centrales del texto es la creación de un esquema de responsabilidad solidaria para las plataformas cuando intermedien ventas hacia consumidores argentinos sin proveedores locales registrados.
En esos casos, las empresas quedarían alcanzadas por obligaciones vinculadas a tributos internos, aranceles y certificaciones.
El aspecto más sensible del proyecto es el vinculado al ingreso de mercaderías mediante courier.
La iniciativa propone que todos los productos importados a través de ese régimen tributen un arancel aduanero del 30% sobre el valor CIF de la mercadería, independientemente de su valor declarado. Además, el texto elimina posibles exenciones, reducciones o tratamientos preferenciales.
Solo quedaría exceptuada una compra anual por persona física o jurídica de hasta 100 dólares.
La propuesta apunta directamente al esquema utilizado por muchas plataformas internacionales para realizar envíos individuales de bajo valor al consumidor final.

En los fundamentos del proyecto, Pichetto sostiene que el avance del comercio electrónico global generó una competencia desigual para las empresas argentinas. “El desarrollo económico sostenible requiere una industria nacional sólida”, plantea el texto.
Según los autores, muchas plataformas extranjeras venden productos “a un solo clic de distancia” pero sin cumplir las mismas obligaciones regulatorias, laborales e impositivas que enfrentan las compañías locales.
“Estos productos ingresan al país sin cumplir las normas, compitiendo en forma desigual con las empresas argentinas, que invierten en maquinaria, generan empleo formal y cumplen con todas las obligaciones legales”, sostiene el proyecto.
También advierte sobre el impacto sobre el empleo formal y la recaudación fiscal: “Cada paquete que entra al país sin control bajo el régimen courier representa un golpe silencioso a la producción nacional, al trabajo formal y a la recaudación fiscal”.
En ese marco, el proyecto define la regulación del comercio internacional como una herramienta de “defensa nacional”.
El debate sobre la crisis textil quedó expuesto recientemente en una reunión conjunta de las comisiones de Comercio y de Pequeñas y Medianas Empresas de la Cámara de Diputados.
Allí empresarios reclamaron medidas urgentes y denunciaron condiciones de competencia que consideran imposibles de sostener.
Guillermo Fasano, presidente de la Federación Textil de Mar del Plata, afirmó que “no hay posibilidad de generar nuevos empleos y capacidad adquisitiva de los salarios con esta estructura de costos”.
También cuestionó la falta de herramientas para administrar el comercio exterior y denunció un trato desigual hacia la actividad. Otros referentes empresarios advirtieron que una apertura económica sin políticas industriales puede derivar en “destrucción de capacidades” productivas.
El sector textil dice que no pide privilegios.
— Daiana Fernandez Molero (@daianamol) May 5, 2026
Pero en 2019, cuando manejaron la secretaría de industria y comercio, dieron marcha atrás con la baja de impuestos y pusieron trabas adicionales a la importación. https://t.co/RSByWlGRbw pic.twitter.com/R47fU77LJ4
Las exposiciones empresarias generaron una fuerte reacción desde sectores del PRO y La Libertad Avanza.
La diputada Daiana Fernández Molero sostuvo que el sector textil ya cuenta con elevados niveles de protección y afirmó que “sí tienen privilegios”. Además, planteó que la protección excesiva perjudica a otros sectores de la economía y a los consumidores.
Desde La Libertad Avanza, el diputado Jairo Guzmán fue todavía más duro y acusó al sector de haberse beneficiado durante años de un mercado cerrado: “El sector se dedicó a cazar adentro del zoológico”.
También habló de “sobreprecios” y cuestionó el impacto de las políticas proteccionistas sobre los consumidores argentinos.
En la misma línea, el diputado Gino Visconti sostuvo que los subsidios y beneficios históricos no generaron competitividad real y propuso que la industria busque diferenciarse mediante diseño, calidad y valor agregado.