Autos eléctricos en Argentina: el plan PRO que cambiaría edificios y estaciones de servicio

El bloque de diputados del PRO presentó un proyecto de ley que busca acelerar el desarrollo de la infraestructura para vehículos eléctricos en Argentina y adaptar ciudades, edificios y estaciones de servicio a la transición hacia la electromovilidad.

La iniciativa, encabezada por Cristian Ritondo y acompañada por legisladores como Florencia De Sensi, Alejandro Finocchiaro y Fernando De Andreis, propone crear un marco regulatorio nacional para la instalación obligatoria de puntos de carga eléctrica en distintos tipos de inmuebles y espacios comerciales.

El texto parte de una premisa central: la expansión de los autos eléctricos no podrá avanzar de manera masiva si Argentina no desarrolla antes una red de carga suficiente y homogénea.

Por eso, el proyecto apunta a romper el “círculo vicioso” que hoy enfrenta el sector: pocos vehículos eléctricos porque hay pocos cargadores y pocos cargadores porque todavía circulan pocos vehículos eléctricos.

Qué busca el proyecto

La iniciativa propone establecer obligaciones concretas para la instalación de infraestructura de carga eléctrica tanto en edificios nuevos como en inmuebles ya existentes.

Además, fija criterios técnicos, sanciones y mecanismos de fiscalización para garantizar que la red de electromovilidad pueda expandirse de manera uniforme en todo el país.

En los fundamentos, los autores sostienen que “la electrificación del transporte constituye uno de los procesos de transformación estructural más profundos que enfrentan las economías contemporáneas”.

Según el proyecto, el objetivo no es solamente impulsar autos eléctricos, sino también construir “una nueva capa de infraestructura física, técnica y regulatoria” que permita sostener el funcionamiento futuro del sistema de movilidad.

Qué pasaría con los edificios nuevos

Uno de los puntos centrales de la iniciativa es la obligación de incorporar infraestructura eléctrica preparada para carga de vehículos en nuevos desarrollos inmobiliarios.

La propuesta sigue modelos aplicados en Europa y Estados Unidos y apunta a que los edificios nuevos ya contemplen desde su diseño la posibilidad de instalar cargadores eléctricos.

En los fundamentos, el proyecto cita especialmente el caso de España, donde desde 2021 se exige “preinstalación obligatoria en el cien por ciento de las cocheras residenciales”.

También toma como referencia la experiencia de California, que estableció requisitos escalonados para construcciones nuevas con distintos niveles de preparación para electromovilidad.

La lógica detrás de esa medida es evitar que, en el futuro, los edificios deban afrontar obras costosas o complejas para adaptar instalaciones eléctricas ya terminadas.

El impacto sobre cocheras y edificios existentes

El proyecto no se limita únicamente a las construcciones nuevas. También prevé obligaciones para edificios y playas de estacionamiento ya existentes, especialmente en espacios no residenciales con grandes superficies de estacionamiento.

El modelo vuelve a tomar como referencia la legislación española, que obligó a instalar puntos de carga operativos en edificios comerciales, supermercados, hospitales, oficinas y centros comerciales con más de veinte plazas de estacionamiento.

En Argentina, la idea sería avanzar progresivamente sobre estacionamientos privados y semipúblicos para ampliar la disponibilidad de puntos de carga urbana.

Además, el proyecto contempla sanciones económicas importantes para quienes incumplan las obligaciones de instalación.

Las multas podrían ir desde cinco hasta ciento cincuenta salarios mínimos vitales y móviles, dependiendo del tipo de infracción, el tamaño del inmueble y la reincidencia.

Qué ocurriría con las estaciones de servicio

Otro de los sectores alcanzados por la iniciativa son las estaciones de servicio. El proyecto plantea avanzar hacia un esquema donde las estaciones tradicionales incorporen gradualmente infraestructura de carga eléctrica.

La propuesta toma nuevamente experiencias internacionales, especialmente las aplicadas en Países Bajos y países escandinavos, donde muchas estaciones de combustible comenzaron a sumar cargadores rápidos para vehículos eléctricos.

La intención es que la red de carga no quede limitada únicamente a espacios privados o residenciales, sino que también exista disponibilidad sobre corredores viales y puntos estratégicos de circulación.

Registro nacional y control de operadores

La iniciativa también crea un esquema regulatorio para empresas y operadores del sector. Entre otras medidas, prevé sanciones para quienes instalen equipos sin homologación o desarrollen infraestructura comercial sin inscripción en el registro correspondiente.

Según el texto, la comercialización o instalación de equipos no homologados podrá derivar en multas y clausuras hasta regularizar la situación.

El objetivo es evitar problemas de seguridad, incompatibilidad técnica o falta de interoperabilidad entre sistemas de carga.