La nueva cárcel de Santa Fe promete aislar a los narcos y cortar sus órdenes

La construcción de “El Infierno”, la nueva cárcel de máxima seguridad que impulsa el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, abrió un fuerte debate político, judicial y social en torno a los límites del sistema penitenciario argentino y las estrategias para combatir el narcotráfico.

El tema fue abordado en el programa 70.20HOY, emitido por Canal 9 y conducido por Chiche Gelblung y Mercedes Cordero, con producción de RedCube. En ese marco participaron las abogadas Valeria Carreras y Aldana San José, junto al periodista Martín Musciatti, quienes analizaron el alcance del proyecto inspirado en el modelo carcelario implementado por Nayib Bukele, el nacionalista, en El Salvador.

“Mirá Mercedes, buenas noches. Me parece a mí que esto es un canto a la venganza”, sostuvo una de las especialistas consultadas durante el debate. Y agregó: “No podemos justificar con ese fin abarrotar y cortar totalmente con todo lo que supimos conseguir como el derecho de defensa y los derechos mínimos”.

El objetivo: recuperar el territorio

Según se explicó durante el informe, el proyecto nace a partir de la crisis de seguridad que atravesó Rosario y gran parte de Santa Fe durante los últimos años, marcada por asesinatos vinculados al narcotráfico y enfrentamientos entre bandas.

“El proyecto básicamente parte de una necesidad que tenía principalmente la ciudad de Rosario”, explicó Martín Musciatti, quien recordó que durante 2024 hubo más de 260 crímenes relacionados con el narcotráfico y el narcomenudeo.

En ese contexto, Pullaro avanzó con una política de endurecimiento penitenciario apoyada en coordinación con el Ministerio de Seguridad nacional, entonces conducido por Patricia Bullrich. El objetivo principal, según remarcaron, es impedir que los líderes narcos continúen operando desde prisión.

“Sirve para recuperar territorio”, afirmaron durante el informe, al señalar que muchos barrios rosarinos estaban dominados por organizaciones criminales ante la ausencia del Estado y el miedo de la población.

Un modelo inspirado en Bukele

La cárcel santafesina tendrá capacidad para poco más de 1.100 internos y estará destinada exclusivamente a presos de alto perfil. Los detenidos permanecerán encerrados durante gran parte del día, con fuertes restricciones de comunicación y vigilancia extrema.

Entre las medidas previstas se encuentran la prohibición de celulares, visitas controladas detrás de blindex y sistemas de identificación por números. Además, el personal de seguridad trabajaría encapuchado en determinadas áreas.

Para algunos especialistas, el esquema representa una respuesta necesaria frente al avance del crimen organizado. Sin embargo, otros advierten que podría entrar en conflicto con garantías constitucionales.

“Las cárceles son espacios de resocialización, no espacios de castigo ni de mortificación”, al considerar que el proyecto podría violar el artículo 18 de la Constitución Nacional y tratados internacionales vinculados a derechos humanos.

El problema de las mafias dentro de las cárceles

Uno de los puntos en los que hubo mayor coincidencia durante el informe fue la necesidad de cortar las operaciones delictivas que continúan desarrollándose desde las prisiones argentinas.

“En la región de AMBA hay 50 estafas por día que se están cometiendo desde la cárcel”, advirtieron, al señalar que existen más de 60 mil líneas telefónicas activas dentro de cárceles bonaerenses.

En ese sentido, varios de los participantes coincidieron en que el control de las comunicaciones resulta central para evitar que bandas narco sigan dando órdenes desde prisión, algo que históricamente ocurrió en casos resonantes vinculados al narcotráfico.

“No le den las herramientas para delinquir”, resumió uno de los panelistas, quien propuso incluso limitar el acceso a teléfonos inteligentes y reemplazarlos por dispositivos analógicos para mantener únicamente el contacto familiar.

El trasfondo político y judicial

El informe también puso el foco sobre las tensiones políticas detrás del proyecto. Allí se mencionaron cambios recientes dentro del Ministerio de Seguridad nacional y diferencias entre el gobierno de Javier Milei y la administración santafesina.

Además, surgieron cuestionamientos sobre el funcionamiento del Poder Judicial y los procesos de selección de jueces federales en Santa Fe, un aspecto que varios consideraron clave para sostener cualquier política de seguridad a largo plazo.

“La construcción de una cárcel necesita pilares básicos: policía, decisión política, un sistema judicial que funcione y un código a la altura de las nuevas circunstancias”, señalaron.

Mientras las obras avanzan y la inauguración está prevista para 2027, el debate sigue abierto: ¿se trata de una herramienta efectiva para enfrentar al narcotráfico o de una estrategia con fuerte impacto mediático y político? La discusión ya empezó y promete seguir creciendo a medida que el proyecto tome forma.