La Justicia dio un nuevo paso en la causa Vialidad al rechazar los recursos extraordinarios presentados por Cristina Fernández de Kirchner, Máximo Kirchner y Florencia Kirchner contra el decomiso de bienes ordenado en la sentencia. Con esta decisión, quedó habilitada la ejecución patrimonial para intentar cubrir un monto actualizado que supera los $684.990 millones.
La resolución fue dictada por la Cámara Federal de Casación Penal, que declaró inadmisibles los planteos de las defensas y ratificó la continuidad del proceso de recupero de activos vinculados a los condenados en el expediente. El monto original del decomiso había sido fijado en más de $84.835 millones, pero posteriormente fue recalculado por peritos oficiales y actualizado a valores actuales.
Entre los bienes alcanzados por la medida judicial figura una propiedad ubicada sobre la avenida 17 de Octubre al 800, en El Calafate, adquirida en 2007 y con una superficie superior a los 6.000 metros cuadrados.
También aparecen diez unidades inmobiliarias situadas sobre la calle Mitre al 500, en Río Gallegos, además de otras propiedades ubicadas en las calles 25 de Mayo y Presidente Néstor Kirchner de la capital santacruceña.
La ejecución también abarca terrenos adquiridos en El Calafate, el predio donde se construyó el Complejo Hotel Los Sauces, parcelas incorporadas posteriormente a ese emprendimiento y dos propiedades de gran extensión ubicadas en el departamento Lago Argentino. Según el fallo, varios de esos activos habían sido cedidos a Máximo y Florencia Kirchner, pero los magistrados consideraron que esas transferencias no impiden avanzar con el decomiso.
Con la decisión de Casación, el Tribunal Oral Federal N°2 quedó habilitado para avanzar con las tareas de tasación, administración y eventual remate de los bienes alcanzados por la medida. El objetivo es recuperar fondos hasta cubrir el monto fijado por la Justicia.
La única alternativa que conserva la ex mandataria es presentar un recurso de queja ante la Corte Suprema. Sin embargo, esa presentación no suspende la ejecución patrimonial, por lo que el proceso de tasación y eventual venta de activos puede continuar mientras el máximo tribunal analiza si interviene o no en el caso.