Qué dice la nueva Ley de Sociedades de Milei: empresas, IA y cero empleados

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, anunciaron este viernes el envío al Congreso del proyecto para la nueva Ley General de Sociedades. La iniciativa impulsada por el presidente Javier Milei ingresó a la Cámara de Diputados para reemplazar el marco mercantil actual por un sistema basado en la autonomía de la voluntad, la libertad contractual y la desregulación económica. El texto legal procura actualizar las normativas corporativas locales para adaptarlas a los requerimientos del siglo XXI.

El proyecto del Poder Ejecutivo modifica de forma directa la Ley N° 19.550, una estructura jurídica dictada en 1972 por el dictador Alejandro Lanusse que el oficialismo calificó como un régimen rígido y anacrónico construido sobre la desconfianza hacia el sector privado.

La nueva Ley General de Sociedades legaliza las empresas operadas íntegramente por inteligencia artificial y algoritmos sin requerimiento de empleados, otorgando personalidad jurídica plena y responsabilidad limitada a figuras tecnológicas como las Sociedades Automatizadas y las Organizaciones Autónomas Descentralizadas para posicionar a la Argentina como un polo de atracción de inversiones y propiedad intelectual similar a Irlanda y Dubai, según fuentes oficiales.

Sociedad Automatizada y DAO: el marco legal para empresas operadas por IA

El articulado remitido al Poder Legislativo incorpora innovaciones tecnológicas que diferencian a las compañías descentralizadas y automatizadas de las figuras mercantiles tradicionales. La norma define la creación de la "Sociedad Automatizada", la cual posee la capacidad jurídica de ejecutar su operación ordinaria por medio de sistemas de inteligencia artificial o algoritmos. Esta categoría societaria no requiere de la contratación formal de empleados físicos para desarrollar su actividad mercantil cotidiana.

Asimismo, la reforma introduce el reconocimiento regulatorio para las Organizaciones Autónomas Descentralizadas, conocidas bajo la sigla técnica DAO. Estas entidades comerciales operan a través de la autonomía de contratos inteligentes, distribuyen sus participaciones mediante unidades tokenizadas y asientan sus registros contables en bases de datos blockchain. El proyecto asigna a ambas estructuras una personalidad jurídica autónoma plena y establece un régimen de responsabilidad limitada para el resguardo patrimonial de sus aportantes.

El "modelo Irlanda": la estrategia para atraer la propiedad intelectual global

El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado fundamentó la inclusión de las sociedades automatizadas en la necesidad de proveer un entorno tributario y legal competitivo para los capitales externos. Federico Sturzenegger declaró que el diseño normativo replica los esquemas utilizados por Irlanda para consolidarse en una meca de corporaciones tecnológicas de software y propiedad intelectual. La administración central busca capturar la radicación física de firmas vinculadas al desarrollo de la inteligencia artificial.

LEY DE SOCIEDADES. Como indica el Jefe de Gabinete @madorni, el presidente @JMilei está enviando al Congreso un proyecto de reforma de la Ley General de Sociedades del presidente Lanusse, que nos debíamos hace tiempo. Se suma al conjunto de reformas muy profundas que estamos… https://t.co/mYGOIAYhDB

— Fede Sturzenegger (@fedesturze) May 29, 2026

El funcionario nacional expuso el caso de las corporaciones multinacionales para ilustrar los objetivos de la reforma económica. "La empresa dueña del software de todos los iPhones en el mundo es una subsidiaria irlandesa de Apple, por lo que todo iPhone que se vende en el mundo le paga una regalía a esa compañía irlandesa, que, a su vez, tributa en Irlanda", dijo. Y agregó: "Pretendemos esa misma atracción global para Argentina en lo que hace a las empresas de IA. Esta ley, pensamos, lo lograría".

El "efecto Dubai": resolución de controversias comerciales bajo derecho extranjero

El marco contractual propuesto por el Poder Ejecutivo Nacional suprime la obligatoriedad de dirimir los conflictos corporativos internos ante los tribunales ordinarios del Poder Judicial local. La nueva Ley General de Sociedades faculta a las empresas a someter sus disputas de forma directa al derecho extranjero o a las reglas del comercio mercantil internacional. Las partes comerciales adquieren la atribución de pactar cláusulas arbitrales dentro del estatuto fundacional de la firma.

Esta flexibilización procura acelerar los plazos de resolución jurídica y dotar de previsibilidad legal a las transacciones de gran escala para evitar la lentitud de los juzgados locales. El texto oficial asimila esta autonomía a la que rige en otros centros mundiales de negocios, señalando el caso de Dubai. En dicha jurisdicción, las vinculaciones de los socios se dirimen según la ley societaria que los integrantes eligen de mutuo acuerdo.

Fin del objeto social y digitalización total: el desarme de la ley de Alejandro Lanusse

La reforma mercantil elimina la exigencia histórica de precisar un objeto social determinado y conexo para habilitar el funcionamiento de una corporación. El estatuto de las nuevas empresas podrá consignar un objeto amplio y plural sin obligación de conexidad entre las actividades comerciales declaradas. Cuando los socios omitan la especificación del objeto en el acta constitutiva, se sobreentiende legalmente que la sociedad está facultada para realizar cualquier actividad lícita.

El expediente físico en soporte papel queda suprimido de los registros corporativos argentinos mediante una digitalización plena. El proyecto legal instituye la validez obligatoria para herramientas de gestión digital:

• Constitución de la sociedad por firma electrónica o firma digital verificada por el dictaminante del trámite.
• Habilitación de un domicilio electrónico vinculante y confección de registros y libros societarios contables digitales.
• Celebración de asambleas de socios a distancia por canales telemáticos y apertura de un legajo digital público por empresa.

Asimismo, el proyecto introduce modificaciones complementarias para simplificar la reorganización y el financiamiento de los grupos económicos. La norma incorpora los instrumentos de inversión convertibles, mediante los cuales el aportante transfiere capital sin asumir la condición de socio ni responder por deudas hasta ejercer su opción de participación. También establece que los mandatos de directores y síndicos rijan por tiempo indeterminado por defecto, e instituye la renovación automática del plazo de duración de la sociedad.

La desburocratización previa de la IGJ y la trastienda política en la Casa Rosada

El envío de la Ley General de Sociedades complementa un proceso de reforma administrativa que la Inspección General de Justicia (IGJ) inició días atrás. El organismo a cargo de Daniel Roque Vítolo aprobó la Resolución General N° 4/2026, la cual derogó el 67% del articulado del régimen registral anterior aplicable a las corporaciones constituidas en el extranjero. Dicha medida simplificó los requisitos de los artículos 118 y 123 de la ley vigente para facilitar el ingreso de capitales externos.

El ministro Federico Sturzenegger respaldó esa resolución previa al denunciar los costos desproporcionados del sistema registral anterior: "Argentina estaba enferma de trámites ridículos. En algunos casos el gasto, solo en fotocopias certificadas, apostillas y traducciones, podía superar los 100.000 dólares. No para operar, solo para registrarse". La RG 4/2026 flexibilizó los plazos de balances a 120 días y habilitó firmas digitales para los representantes legales.

El anuncio del proyecto se corporizó en el marco de intensas gestiones dentro de la mesa política del oficialismo en la Casa Rosada. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, coordinó las reuniones partidarias mientras ultima la presentación de su declaración jurada de bienes ante la Oficina Anticorrupción, un requerimiento impulsado internamente por sectores de La Libertad Avanza. La conducción del Poder Ejecutivo optó por priorizar este paquete, que además incluye la derogación de la Ley de Etiquetado Frontal, el Súper RIGI, un proyecto contra la ludopatía infantil y la Ley de Lobby, antes de avanzar con el proyecto de reforma electoral para dirimir la eliminación de las elecciones primarias PASO.

TM