El Gobierno dio un nuevo paso en su programa de reforma del Estado y oficializó la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), la empresa encargada del servicio de agua potable y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
La decisión fue publicada en el Boletín Oficial mediante una resolución del Ministerio de Economía que habilita el llamado a una Licitación Pública Nacional e Internacional para vender el 90% de las acciones que actualmente están en manos del Estado Nacional.
📍Estación Elevadora Tres de Febrero: trabajos de mantenimiento para optimizar el sistema de distribución de agua potable.
— AySA S. A. (@AySA_Oficial) May 28, 2026
⚠️Podría registrarse una afectación del servicio desde las 22 h del jueves 28/05 hasta la tarde del 29 en el partido.
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Cómo será la privatización
Según el texto oficial, el objetivo del proceso es incorporar un operador estratégico privado que asuma el control de la empresa. La licitación se realizará bajo un esquema de etapas múltiples, con evaluación de antecedentes técnicos, económicos y financieros de los interesados.
El cronograma difundido por el Ejecutivo establece que las ofertas podrán presentarse hasta el 27 de agosto de 2026, mientras que las consultas previas estarán habilitadas hasta el 12 de agosto. La administración nacional también confirmó la conformación de una comisión evaluadora específica para supervisar el proceso licitatorio.
El Estado conservará un porcentaje minoritario
El esquema diseñado por el Gobierno prevé que el 10% restante de las acciones quede en manos de los trabajadores mediante el Programa de Propiedad Participada, mecanismo utilizado en distintas privatizaciones durante la década de 1990. En esa época la empresa se llamaba Obras Sanitarias de la Nación. En 1993 otorgó bajo un régimen de concesión por 30 años a favor del consorcio privado Aguas Argentinas S.A.
El holding estaba liderado por el gigante multinacional francés Suez (entonces operando como Suez Lyonnaise des Eaux-Dumez), que asumió el rol de operador estratégico y accionista mayoritario. La sociedad también contaba con la participación de Aguas de Barcelona como socio internacional secundario, junto a un bloque de capitales locales integrado por el Grupo Soldati y el Banco Galicia.

Al igual que lo que se proyecta hacer ahora, el esquema de traspaso contempló la incorporación de los empleados mediante el otorgamiento del 10% de las acciones remanentes a través del Programa de Propiedad Participada (PPP). En 2006 el Estado decidió asumir nuevamente el control.