52 muertos en Colombia: la guerra narco que golpea la campaña

Colombia volvió a quedar atravesada por la violencia armada en plena campaña electoral: al menos 52 guerrilleros murieron en choques entre dos grupos rivales que disputan una zona estratégica para la producción y el tráfico de cocaína en el sudeste del país. El combate ocurrió en las selvas de Guaviare, cerca de Barranco Colorado, y expuso una fractura que ya no puede leerse solo como un problema de seguridad rural: cuando una economía ilegal controla corredores, rentas y población, el Estado paga la recuperación del territorio con más gasto, más despliegue y más presión sobre sus instituciones.

El enfrentamiento involucra a disidencias de las FARC asociadas a los mandos de Iván Mordisco y Calarcá Córdoba, dos estructuras que se separaron de la lógica del acuerdo de paz y hoy compiten por poder territorial. La prensa colombiana ubicó el choque en la zona rural de San José del Guaviare y señaló que las condiciones de acceso dificultan verificar en terreno el total definitivo de muertos. El dato político es igual de fuerte que el dato militar: Colombia discute seguridad, negociación y autoridad estatal mientras la campaña presidencial entra en su tramo más sensible.

Colombia 

El costo de la selva

Guaviare no es solo un punto remoto del mapa colombiano. Es una región donde la geografía, la cocaína, la tala ilegal y las rutas clandestinas convierten el control territorial en una fuente de ingresos para grupos armados. La Defensoría del Pueblo ya había advertido en 2025 sobre riesgos para civiles por la expansión y disputa entre estructuras disidentes, incluida la reconfiguración de grupos vinculados a Mordisco y Calarcá. Esa advertencia ayuda a leer el episodio: la masacre no aparece de la nada, sino como consecuencia de una guerra territorial anunciada.

El problema económico aparece detrás de cada operativo. Recuperar zonas capturadas por grupos ilegales exige Fuerzas Armadas, Policía, inteligencia, justicia, asistencia humanitaria, reparación de infraestructura y presencia social sostenida. Si el Estado llega tarde, el costo se multiplica: suben los riesgos logísticos, cae la inversión, se encarece el seguro, se retrae el comercio formal y la recaudación queda reemplazada por rentas criminales. Por eso el choque en Guaviare también golpea la discusión fiscal: la seguridad no es gratis, y la ausencia estatal tampoco.

Colombia suma 52 muertos y deja al narco en el centro de la campaña regional.

La señal regional

El espejo más cercano es Ecuador, donde la violencia narco llevó a militarización, estados de excepción y una campaña política dominada por seguridad. Colombia todavía discute si insistir con negociaciones, endurecer la respuesta o combinar ambas vías, pero el margen se achica cuando los grupos armados muestran capacidad de matar, desplazar y gobernar territorios. Para la Argentina, el tema no es ajeno: el ACE 72 Mercosur-Colombia sostiene un vínculo comercial formal, y cualquier deterioro de seguridad en la región termina afectando inversiones, rutas, cooperación y prioridades diplomáticas.

Guaviare expone cómo perder territorio encarece seguridad, inversión y Estado.

La pregunta argentina es qué costo tiene esperar a que una economía ilegal se vuelva poder territorial. El caso colombiano muestra que el narco no solo produce violencia: también ordena presupuestos, campañas, alianzas externas y discusiones sobre impuestos. En una región donde Milei busca alineamiento con Washington en seguridad y apertura económica, una Colombia presionada por 52 muertos puede mover el tablero. El impacto no se mide solo en muertos, sino en cuánto Estado hace falta para recuperar lo que el crimen ya ocupó.