El intendente de San Carlos de Bariloche, Walter Cortés, se convirtió en el centro de una profunda controversia de alcance nacional tras encabezar personalmente un operativo de tala de pinos históricos ubicados en la costanera de la ciudad turística. Vestido con un mameluco y empuñando una motosierra, el jefe comunal justificó la medida por razones de seguridad pública y planificación urbana, lo que desató un intenso debate político y ambiental con la oposición local.
San Carlos de Bariloche, Río Negro, Argentina.
El operativo de remoción forestal se inició el pasado 25 de mayo de 2026 sobre la Avenida Costanera 12 de Octubre. El intendente Cortés fundamentó la decisión basándose en criterios técnicos, ambientales y de seguridad vial:
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La medida adoptada por la municipalidad generó críticas inmediatas por parte de bloques de la oposición y colectivos ambientales. La concejal Julieta Wallace, perteneciente al bloque Incluyendo Bariloche, acusó al intendente de destruir el patrimonio histórico y paisajístico de la localidad.
Wallace detalló que los pinos de la costanera fueron plantados originalmente en el año 1946 por los propios vecinos de la ciudad con el objetivo específico de conformar una barrera forestal protectora contra las ráfagas de viento provenientes del lago Nahuel Huapi. Asimismo, la edil recordó que el Concejo Deliberante aprobó por mayoría una Ordenanza de Árboles Singulares diseñada para proteger dichos ejemplares históricos, norma que fue vetada formalmente por Cortés para avanzar con la extracción de la arboleda. Antes de ejecutar la tala, el intendente intentó realizar un referéndum popular para avalar la medida, pero la iniciativa fue desestimada por la Justicia.
El delegado municipal del área Catedral, Gastón Muñiz, confirmó que el 80% de la madera extraída será procesada y destinada al Instituto Municipal de Tierras para edificar módulos habitacionales de emergencia destinados a familias vulnerables o afectadas por incendios. El espacio liberado en el boulevard de la Avenida 12 de Octubre será parquizado mediante un sistema mixto que incluirá la plantación de rosales y árboles de origen autóctono de menor porte.
Walter Cortés posee una extensa trayectoria en el ámbito gremial y político de la provincia de Río Negro. Ejerce como secretario general de la Asociación de Empleados de Comercio (AEC) de Bariloche desde hace más de tres décadas. A nivel nacional, su estructura sindical se alinea con la federación de gremios mercantiles conducida por Armando Cavalieri.

En el plano político, Cortés se desempeñó previamente como legislador provincial por el Partido Justicialista (PJ). Su llegada al Poder Ejecutivo de Bariloche se concretó en las elecciones de septiembre de 2023, donde compitió con el sello del Partido Unión y Libertad (PUL). En un escenario electoral fragmentado que contó con 12 postulantes, Cortés obtuvo la intendencia con el 19,6% de los sufragios, derrotando a la entonces gobernadora de la provincia, Arabela Carreras, quien alcanzó el 15,2% de los votos. Asumió formalmente el cargo el 10 de diciembre de 2023.
El archivo político de Walter Cortés incluye un proceso judicial prolongado conocido como la causa ARBOS. En el año 2016, el dirigente mercantil fue condenado a cuatro años de prisión por el delito de defraudación en perjuicio de la administración pública junto al exintendente Omar Goye y los sindicalistas Ovidio Zúñiga y Víctor Carcar.

La acusación fiscal determinó que en 1999 los involucrados gestionaron de forma fraudulenta dos subsidios ante la Administración de Programas Especiales (APE) del Ministerio de Salud de la Nación destinados al Policlínico Arbos de Bariloche, los cuales fueron desviados hacia empresas inexistentes.
Cortés cumplió dos años de reclusión en el Penal de Esquel. Durante su estadía en prisión, accedió a reducciones de pena por finalizar estudios primarios e iniciar el nivel secundario. En el año 2018, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó su sobreseimiento definitivo. El fallo de los magistrados argumentó que el proceso judicial, que se extendió por 17 años desde el inicio de la investigación hasta la sentencia, vulneró la garantía constitucional de ser juzgado en un "plazo razonable".
TM