Congreso
30/05/2026 - Edición Nº1208
Política
Justicia y derechos
Víctimas de delitos en Córdoba: la nueva ley que les da más voz en la causa
30/05/2026 | La normativa fue sancionada por unanimidad y busca garantizar información, acompañamiento y participación activa en los procesos judiciales.
La ley nació tras el crimen de Joaquín Sperani y fortalece el rol de las víctimas y sus familias dentro del sistema penal cordobés.
La Legislatura de Córdoba aprobó por unanimidad la denominada Ley Joaquín, una normativa que modifica el Código Procesal Penal provincial y establece un nuevo régimen de protección para víctimas de delitos. La iniciativa surgió a partir del impacto social generado por el asesinato de Joaquín Sperani, ocurrido en junio de 2023 en la ciudad de Laboulaye.
La nueva legislación busca garantizar que las víctimas y sus familiares tengan una participación más activa durante las investigaciones judiciales y accedan a herramientas concretas para ejercer sus derechos dentro del proceso penal.
Más protagonismo para las víctimas
Entre los principales cambios, la ley habilita a las víctimas a intervenir como querellantes con mayores facultades. A partir de ahora podrán proponer medidas de prueba, apelar resoluciones judiciales y ejercer un seguimiento más directo sobre el avance de las investigaciones.
Además, la normativa contempla una situación especialmente sensible: los familiares de víctimas de delitos cometidos por menores inimputables también podrán constituirse como querellantes y participar activamente en los expedientes judiciales.
La sanción fue resultado de un trabajo conjunto entre el oficialismo y distintos bloques opositores, en una sesión encabezada por la vicegobernadora Myrian Prunotto.
Qué derechos incorpora la ley
El nuevo régimen establece que toda víctima deberá recibir un trato digno, respetuoso y sensible por parte de los organismos estatales. También incorpora mecanismos destinados a evitar la revictimización y dispone asistencia específica para personas que se encuentren en situaciones de vulnerabilidad.
La ley garantiza además acceso a información clara sobre el estado de las causas, patrocinio jurídico gratuito y especializado, protección de la privacidad y participación en audiencias consideradas relevantes para el proceso.
Otro aspecto central es la ampliación de la definición legal de víctima. Ya no se limita únicamente a la persona afectada directamente por el delito, sino que también incluye a familiares directos cuando el hecho haya provocado la muerte, desaparición o una incapacidad física o psíquica que impida ejercer sus derechos.
El caso que impulsó la reforma
La iniciativa encuentra su origen en el asesinato de Joaquín Sperani, ocurrido el 29 de junio de 2023. El adolescente fue hallado sin vida en una vivienda abandonada de Laboulaye tras varios días de búsqueda.
La investigación determinó que el autor del hecho fue un compañero de escuela de 14 años que, por su edad, resultó inimputable según la legislación vigente. El caso generó un fuerte reclamo de la familia de la víctima y abrió un debate público sobre el lugar que ocupan los damnificados dentro del sistema judicial.
Tras la aprobación de la norma, el gobernador Martín Llaryora destacó que la ley fija estándares claros de actuación para el Estado y establece un piso común de protección para todas las víctimas de delitos en la provincia, sin alterar las garantías del debido proceso.
