Macri, tarifas y un veto en tiempo récord: qué pasó el 31 de mayo de 2018

El 31 de mayo de 2018, apenas unas horas después de que el Congreso aprobara la denominada Ley de Emergencia Tarifaria, el entonces presidente Mauricio Macri decidió vetarla en su totalidad mediante el Decreto 499/2018.

La medida abrió uno de los capítulos más intensos de la disputa política durante su administración y profundizó el debate sobre el impacto de los aumentos en las tarifas de los servicios públicos.

La decisión presidencial llegó en medio de una compleja situación económica, marcada por una acelerada inflación, una fuerte depreciación del peso, negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y crecientes cuestionamientos de la oposición a la política de reducción de subsidios impulsada por el Gobierno nacional.

Qué establecía la Ley de Emergencia Tarifaria

La iniciativa había sido sancionada por ambas cámaras del Congreso el 30 de mayo de 2018 tras un amplio acuerdo de los bloques opositores.

El proyecto declaraba la emergencia tarifaria hasta diciembre de 2019 y disponía que los aumentos en las tarifas de electricidad, gas y agua no pudieran superar la evolución del Coeficiente de Variación Salarial (CVS).

Además, establecía la retroactividad de la medida al 1 de noviembre de 2017 y contemplaba mecanismos de compensación para los usuarios que hubieran pagado importes superiores a los nuevos límites fijados por la ley.

También incorporaba beneficios para pequeñas y medianas empresas, cooperativas recuperadas y sectores vulnerables, al tiempo que creaba un régimen de equidad tarifaria federal y ampliaba los alcances de la tarifa social.

Para sus impulsores, la norma buscaba poner un freno al impacto que los sucesivos incrementos tarifarios tenían sobre los ingresos de las familias, los jubilados y las empresas.

Un veto firmado en tiempo récord

La reacción del Gobierno fue inmediata. Menos de seis horas después de la aprobación legislativa, la Casa Rosada confirmó que el Presidente había decidido vetar completamente la ley.

Desde Salta, donde compartía actividades con el entonces gobernador Juan Manuel Urtubey, Macri defendió públicamente la medida y cuestionó duramente a quienes habían impulsado la iniciativa.

"No se le puede mentir a la gente así, tan irresponsablemente", sostuvo el mandatario. También afirmó que la norma carecía de financiamiento y aseguró que su implementación tendría un fuerte impacto sobre las cuentas públicas.

Según el Presidente, el costo fiscal superaría los 110.000 millones de pesos y obligaría al Estado a resignar recursos destinados a otras áreas. "Significaría suspender la AUH el resto del año, las pensiones por discapacidad, las jubilaciones o suspender todas las obras que tenemos por todo el país", argumentó.

Los fundamentos del Gobierno

En el extenso decreto de veto, el Poder Ejecutivo desarrolló una serie de argumentos jurídicos, económicos y políticos para justificar la decisión.

Uno de los principales planteos fue que la fijación de tarifas constituye una facultad exclusiva del Poder Ejecutivo y que el Congreso había avanzado sobre competencias que la Constitución reserva a la administración nacional.

El Gobierno sostuvo además que la ley interfería con el proceso de recomposición tarifaria iniciado en diciembre de 2015, cuyo objetivo era reducir subsidios, recuperar inversiones en infraestructura energética y disminuir el déficit fiscal.

Según la administración de Cambiemos, el esquema tarifario heredado había generado durante años distorsiones económicas, desinversión, deterioro de los servicios públicos y un sistema de subsidios generalizados que beneficiaba incluso a sectores de altos ingresos.

El decreto también advertía que la ley generaría inseguridad jurídica para las inversiones energéticas, afectaría el cumplimiento de las metas fiscales y pondría en riesgo los acuerdos alcanzados con las provincias en el marco del Consenso Fiscal.

Para el Gobierno, retrotraer las tarifas implicaba regresar a políticas que habían provocado atraso tarifario, dependencia energética y un fuerte incremento del gasto público.

La postura de la oposición

Del otro lado, los sectores opositores denunciaron que el veto representaba un nuevo ajuste sobre los sectores medios y populares.

Los impulsores de la ley sostenían que los incrementos acumulados en electricidad, gas y agua resultaban imposibles de afrontar para millones de hogares, especialmente en un contexto de caída del salario real e inflación creciente.

Desde el peronismo, el kirchnerismo, el massismo y otros espacios opositores se argumentaba que los aumentos tarifarios habían superado ampliamente la evolución de los ingresos de la población y que era necesario establecer límites para evitar un deterioro aún mayor del poder adquisitivo.

Tras el veto presidencial, dirigentes opositores participaron de una multitudinaria Marcha Federal bajo la consigna "Contra el veto y el ajuste, por pan y trabajo".

El entonces diputado Fernando Espinoza afirmó que era necesario que el Gobierno "escuche y dialogue" frente a las necesidades sociales que se estaban manifestando en las calles.

Por su parte, Leonardo Grosso consideró que la decisión presidencial había incrementado el malestar social al señalar que la ley había sido aprobada para responder a un reclamo extendido de la sociedad frente a los aumentos de tarifas.

También dirigentes como Fernando Gray, Jorge Taiana, Martín Sabbatella, Victoria Donda y Myriam Bregman cuestionaron el veto y reclamaron un cambio en la política económica del Gobierno.

El contexto económico de 2018

La controversia por las tarifas se desarrolló en uno de los años más complejos de la gestión de Cambiemos.

Durante mayo de 2018, la economía argentina atravesó una fuerte corrida cambiaria que obligó al Banco Central a elevar las tasas de interés y llevó al Gobierno a iniciar negociaciones con el FMI para obtener asistencia financiera.

En ese escenario, la reducción de subsidios energéticos constituía uno de los pilares del programa económico oficial orientado a disminuir el déficit fiscal.